La Corte de Apelaciones de Iquique revocó la decisión de un juzgado de primera instancia que había ordenado el retorno de los cuatro cabecillas del Clan Chen a la cárcel de Alto Hospicio, tras haber sido trasladados a la cárcel La Laguna en el marco de la Operación Cancerbero. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el fallo como una señal positiva, pero insistió en la necesidad urgente de blindar constitucionalmente las decisiones de Gendarmería sobre dónde ubicar a los reos de mayor peligrosidad.

Un vaivén judicial que ilustra la fragilidad del sistema actual

El caso resume bien la incertidumbre jurídica que enfrenta hoy la política penitenciaria del Gobierno. La semana pasada, un juzgado de primera instancia acogió un recurso de la defensa de los cuatro cabecillas del Clan Chen, organización criminal china cuyo traslado a la cárcel La Laguna, en la Región del Maule, formó parte de la Operación Cancerbero. El fallo ordenaba su regreso a la cárcel de Alto Hospicio, en Tarapacá, algo que el Ejecutivo criticó abiertamente por considerar que restaba mérito a los criterios técnicos de Gendarmería para custodiar a delincuentes de alta peligrosidad.

Con la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique, ese primer fallo quedó revocado, y los cabecillas del Clan Chen permanecen en La Laguna.

Arrau: "no es un triunfo del Gobierno, es una buena noticia para los chilenos"

El ministro Arrau fue cuidadoso en su valoración pública, evitando presentar el fallo como una victoria política: "no es un triunfo del gobierno sobre alguien o algo, es una buena noticia para los chilenos que las personas de máximo riesgo, gente que tiene un alto compromiso, que pertenecen al crimen organizado puedan estar efectivamente en una cárcel de máxima seguridad, en regímenes penitenciarios con 22 horas en su celda, en solitario, con poco patio, con poca comunicación".

El ministro destacó además el trabajo de Gendarmería tras el traslado de miles de reos hacia La Laguna, y expresó su expectativa de que este fallo marque una tendencia: "esperemos que esto empiece a ser la tónica, que se le permita, tal como dice la ley, que Gendarmería pueda disponer dónde tiene a cada interno según su riesgo y peligrosidad".

La exigencia de fondo: blindaje constitucional para Gendarmería

Más allá de este caso específico, Arrau insistió en la necesidad de avanzar en la reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo, orientada a blindar jurídicamente las decisiones de Gendarmería sobre traslados de personas privadas de libertad vinculadas al crimen organizado. "De eso se trata, que las decisiones de Gendarmería de Chile pudieran tener ese blindaje constitucional", señaló, reconociendo que la definición final dependerá de cómo los propios parlamentarios decidan discutir y votar esa iniciativa en el Congreso.

Su balance final fue claro respecto a la fragilidad del escenario actual: "esto es un caso puntual que se resolvió de manera favorable a la posición de Gendarmería, del Gobierno, pero claramente necesitamos mayor certeza jurídica. No puede ser algo que sea tan incierto como esto".

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que este caso ilustra con precisión el problema estructural que hemos venido documentando en distintas coberturas sobre la reforma de seguridad del Gobierno: decisiones técnicas de Gendarmería, adoptadas específicamente para segmentar a reos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado, quedan sujetas a la incertidumbre de fallos judiciales de primera instancia que pueden revertirlas sin mayor dificultad, obligando al Ejecutivo a litigar caso por caso ante tribunales de alzada para sostener criterios que deberían estar claramente respaldados por ley.

Compartimos plenamente la moderación con que Arrau evitó presentar este fallo como una victoria política del Gobierno sobre el Poder Judicial, un gesto de prudencia institucional que valoramos especialmente en un momento donde, como documentamos con la reciente encuesta Cadem, la confianza ciudadana en el sistema judicial atraviesa mínimos históricos. Al mismo tiempo, respaldamos con firmeza la exigencia de fondo: si Gendarmería tiene criterios técnicos claros para determinar dónde deben permanecer los reos de mayor riesgo, esos criterios no pueden quedar expuestos a la incertidumbre de que cada recurso judicial individual los revierta.

La reforma constitucional que blinde estas decisiones no busca eliminar el control judicial legítimo sobre la actuación de Gendarmería, sino dotar de mayor certeza jurídica a un sistema que, tal como advierte el propio ministro, hoy funciona con un nivel de incertidumbre incompatible con la gestión seria del crimen organizado en recintos penitenciarios.

Conclusión

El fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que mantiene al Clan Chen en la cárcel de máxima seguridad de La Laguna es una buena noticia puntual, pero confirma al mismo tiempo la urgencia de la reforma constitucional que el propio Gobierno impulsa: mientras esas decisiones técnicas de Gendarmería no cuenten con blindaje legal claro, seguirán expuestas al vaivén de fallos judiciales contradictorios entre distintas instancias. VDI Global seguirá de cerca la tramitación de esta reforma en el Congreso.