El Colegio de Profesoras y Profesores, junto a dirigencias de asociaciones y sindicatos del sector educacional, inició este domingo una caminata de tres días hacia el Congreso Nacional, partiendo desde Moneda 2394 hacia Valparaíso. El presidente del gremio, Mario Aguilar, acusó que la educación pública "está muy amenazada" por eventuales recortes en el Presupuesto 2027, mientras dirigentes de otras federaciones sindicales calificaron la situación como el "golpe más duro" al Estado y sus funcionarios en más de 40 años.

Tres días de caminata, con roces desde el primer paso

La movilización, que se extenderá hasta el 8 de septiembre, comenzó con reparos del propio gremio hacia la Delegación Presidencial de Valparaíso (DPR), a la que Aguilar acusó de una actitud "hostil" y "absurda" por restringir el ingreso caminando de la marcha por avenida Santo José Ossa hasta el Parlamento en su última jornada. "Siempre hemos hecho la caminata bajo distintos gobiernos y nunca, hasta ahora, se nos había prohibido circular la avenida de entrada principal en Valparaíso", declaró el dirigente, anunciando que harán valer "el derecho a la manifestación pacífica".

El argumento de fondo: presupuesto, "mercantilización" y "regímenes autoritarios"

Aguilar centró su discurso en la defensa de la educación pública, que a su juicio enfrenta amenazas "partiendo por el presupuesto que se pretende rebajar de manera significativa", además de "enormes carencias" en todos los niveles del sistema educacional y "severas restricciones" en las instituciones fiscalizadoras. El dirigente fue más allá al advertir sobre la instalación de "regímenes autoritarios al interior de los establecimientos" y un aumento de la "mercantilización" de la educación, calificándola como un intento de convertirla nuevamente en "un negocio" y "un bien de consumo" en lugar de "un derecho social".

Yasna Sánchez, de la Federación Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación Pública (Aefen), elevó aún más el tono: "nunca antes la educación pública había sido tan amenazada como hoy. Tenemos que hacer un llamado a la unidad... y esto es solo el principio". María Beatriz Fuenzalida, de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime), fue todavía más categórica: "en más de 40 años nunca, ninguna administración de gobierno había dado un golpe tan duro al Estado de Chile y a sus funcionarios, a la función pública".

Lectura editorial

Desde VDI Global observamos con cierta familiaridad el libreto que estos dirigentes vuelven a desplegar: cada anuncio presupuestario de un gobierno de derecha se traduce, de manera casi automática, en una movilización que reclama "amenaza" a la educación pública, "mercantilización" y hasta comparaciones con "el golpe más duro en 40 años" al Estado chileno. Es una hipérbole que, a fuerza de repetirse cada vez que cambia el color político de La Moneda, termina desgastando su propio capital simbólico y dificultando distinguir una preocupación técnica legítima de una consigna política reciclada.

Es revelador que el Presupuesto 2027 todavía no ha sido presentado formalmente ante el Congreso al momento de esta movilización: el gremio está reaccionando, en gran medida, a versiones y expectativas sobre eventuales recortes, no a una cifra concreta y confirmada. Esto no invalida automáticamente su preocupación —el debate presupuestario es legítimo y el sector educacional enfrenta desafíos reales de larga data—, pero sí exige mayor rigor antes de calificar un ajuste presupuestario aún no conocido como "el golpe más duro en 40 años", una afirmación que trivializa comparaciones históricas serias.

Respaldamos, como siempre, el derecho a la manifestación pacífica que el propio Aguilar invoca, y coincidimos en que las restricciones de circulación por parte de la Delegación Presidencial de Valparaíso deben tener una justificación técnica clara y transparente, no discrecional. Pero también creemos que el Gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de administrar el gasto público con la disciplina fiscal que Chile necesita, sin que cada ajuste presupuestario sea automáticamente calificado como un ataque a derechos sociales fundamentales.

Lo que corresponde exigir

• Que el Gobierno transparente cuanto antes el contenido específico del Presupuesto 2027 para el sector educación, permitiendo un debate basado en cifras reales y no en expectativas o rumores.
• Que la Delegación Presidencial de Valparaíso explique públicamente los fundamentos técnicos de las restricciones de circulación impuestas a la marcha.
• Que los gremios convocantes sustenten sus comparaciones históricas más extremas —como "el golpe más duro en 40 años"— con cifras concretas, una vez conocido el presupuesto real.
• Que el debate presupuestario se desarrolle con el rigor técnico que corresponde a una discusión de esta envergadura, evitando que se disuelva en consignas políticas de ambos lados.

Conclusión

El Colegio de Profesores y sus gremios aliados volvieron a la calle con el mismo repertorio de siempre: presupuesto amenazado, mercantilización y comparaciones históricas extremas, antes incluso de conocerse el contenido real del Presupuesto 2027. VDI Global seguirá de cerca esta movilización y, sobre todo, el debate presupuestario efectivo que se abrirá una vez que el Gobierno presente sus cifras concretas ante el Congreso.