La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió, por cuatro votos contra uno, el amparo de Jorge Antonio González Guerrero, médico colombiano condenado a 14 años de cárcel efectiva por emitir licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación ilícita. El tribunal consideró ilegal que se le hubiera decretado prisión preventiva solo por la condena, que aún no está firme. González queda en libertad con firma, arraigo nacional y prohibición de emitir licencias. La pregunta que muchos chilenos se hacen es inevitable, y este medio la plantea abiertamente.

Qué resolvió la Suprema

Jorge Antonio González Guerrero, médico de nacionalidad colombiana, fue condenado a 14 años de cárcel efectiva como autor de delitos reiterados de emisión de licencias médicas ideológicamente falsas, fraude de subvenciones y asociación ilícita. El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer el veredicto el 23 de junio. La causa fue liderada por la Fiscalía Oriente contra profesionales de la salud que habrían emitido miles de licencias falsas.

Tras el veredicto, el tribunal decretó su prisión preventiva por peligro de fuga. Hasta entonces tenía cautelares menos intensas. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida: consideró que comunicar el veredicto era un cambio concreto del estado procesal, aunque la sentencia no estuviera firme por un recurso de nulidad pendiente, y señaló el peligro de fuga por la magnitud de las penas, la nacionalidad extranjera y la fuga previa de una imputada. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo.

La Segunda Sala de la Suprema lo acogió el jueves 15 de octubre, en un fallo dividido de cuatro votos contra uno. Votaron a favor el ministro Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Raúl Fuentes y Eduardo Gandulfo. El ministro Manuel Valderrama quedó en minoría y estuvo por confirmar lo resuelto en San Miguel. Gajardo concurrió porque se trata de una línea jurisprudencial ya asentada, aunque advirtió que el recurso era un amparo contra una resolución de una Corte de Apelaciones.

Los fundamentos del fallo

La Suprema sostuvo que la medida «erosiona un principio fundamental en la arquitectura del sistema de enjuiciamiento criminal», es decir, la presunción de inocencia. Una sentencia condenatoria no firme, razonó, no justifica por sí sola pasar de una cautelar menos intensa a una más intensa. Agregó que se incumplió el deber de fundamentación del artículo 143 del Código Procesal Penal y que se vulneró el principio del artículo 4, lo que vuelve ilegal la resolución. Calificó además la privación de libertad como «carente de toda fundamentación» respecto de nuevos antecedentes que la justificaran.

La defensa, a cargo de los abogados Ramón Sepúlveda y Cristóbal Salas, celebró el criterio. Sepúlveda calificó de «totalmente injustificado» intensificar la cautelar «por el solo veredicto condenatorio», sostuvo que González cumplió firma y arraigo durante toda la investigación, y afirmó que los jueces deben aplicar prisión preventiva por peligrosidad concreta y no por penas potenciales.

No hay reacciones de la Fiscalía ni del Gobierno en lo informado hasta ahora.

No es un caso aislado

La Segunda Sala ya había resuelto en la misma línea con otro condenado de la misma causa. Yainer Olivero Álvarez, sentenciado a 15 años de cárcel, obtuvo a inicios de septiembre arresto domiciliario total.

Es decir, dos de los condenados a penas de 14 y 15 años en esta causa están hoy fuera de prisión mientras se tramitan los recursos. Uno en su casa, otro con firma y arraigo.

Qué está en juego

Un fraude de licencias médicas no es un delito menor. En el mayor caso conocido de esta red de fraudes, investigado por la misma Fiscalía, los reportes de 2024 hablaban de más de 25.000 licencias y de más de $26.000 millones, con casi el 95% de las licencias de tipo psiquiátrico, emitidas por médicos sin especialidad en psiquiatría, y con miles de funcionarios públicos entre los compradores. En ese caso, tres médicos colombianos salieron del país y los líderes intentaron una fuga antes de su detención. No está claro cuánto de ese universo corresponde a la causa de González, y la información sobre su caso solo habla de «miles» de licencias. Pero ilustra la dimensión del problema.

También hay un antecedente de respuesta del Estado. En 2024 se expulsó a tres médicos extranjeros condenados por emisión de licencias falsas. El fallo de ahora no impide ese camino, pero que el médico siga en el país mientras se resuelve la nulidad mantiene abierta la pregunta por el riesgo de fuga, que los tribunales inferiores consideraron concreto.

El contexto que agrava el momento

Este fallo llega cuando la Corte Suprema enfrenta un problema de confianza que no nace en esta decisión, sino en un caso anterior.

La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco fue destituida y es investigada en la llamada trama bielorrusa por cohecho y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que recibió beneficios económicos a cambio de favorecer, mediante resoluciones judiciales, al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en su disputa con Codelco. Fue detenida el 25 de enero de 2026, estuvo 130 días en prisión preventiva y en junio la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida. Hoy cumple arresto domiciliario total. Estaba prevista una reformalización en septiembre.

Vivanco niega todo. «He declarado mi inocencia en todos los tonos posibles», dijo en una entrevista de agosto, y agregó: «Si yo hubiera querido vender fallos, los hubiese vendido directamente». No ha sido condenada, y como en el caso de González, rige para ella la presunción de inocencia.

La coincidencia es incómoda. En el mismo mes en que la Suprema libera a un médico condenado a 14 años por fraude, una exintegrante del tribunal sigue investigada por haber presuntamente vendido resoluciones. No hay relación jurídica entre ambos hechos. Pero la opinión pública no los separa con la misma nitidez.

La pregunta que se hace la gente

Cuando un ciudadano lee que un condenado a 14 años queda libre, y luego lee que una exministra del mismo tribunal es investigada por cohecho, la pregunta aparece sola: ¿puede confiarse en esa Corte? ¿Es una Corte corrupta?

Es una pregunta legítima, y por eso la formulamos. Hacerla no equivale a responderla con una acusación. Formularla es el ejercicio básico de una prensa que cumple su función: preguntar en voz alta lo que la ciudadanía se pregunta en voz baja, y exigir que las instituciones respondan con transparencia.

Lo que sí se puede decir con rigor es lo siguiente. Del fallo en sí, la información disponible muestra una decisión fundada en una línea jurisprudencial conocida, con cuatro votos a favor y uno en contra, y con una prevención que reconoce su carácter asentado. De la exministra Vivanco, muestra una investigación en curso, medidas cautelares que se impusieron y luego se revocaron, y una persona que sostiene su inocencia. Las conclusiones corresponden a los tribunales.

Pero una cosa es lo que prueba el expediente y otra lo que percibe la gente. Y en esa brecha se juega la legitimidad de una institución.

Lo que no dice la información disponible

Las fuentes tienen límites. No informan cuántas licencias emitió González en esta causa ni cuál fue el perjuicio fiscal exacto; hablan de un «millonario fraude». Tampoco recogen declaraciones de la Fiscalía, del Gobierno ni de los ministros que votaron. No se sabe cuándo se resolverá el recurso de nulidad. Y no hay evidencia de que la decisión responda a algo distinto de un criterio jurídico: los propios jueces la fundan en una línea jurisprudencial asentada.

Lectura editorial

Hay que decirlo con claridad: el razonamiento de la Suprema tiene base. La presunción de inocencia rige hasta que la condena queda firme, y cambiar una cautelar solo por un veredicto es un criterio discutido incluso entre juristas. Los cuatro votos no son una rareza, y la prevención de la ministra Gajardo muestra una línea consolidada.

Pero el sistema no puede conformarse con que una decisión sea legal. También tiene que ser comprensible. Para un ciudadano común, un médico extranjero condenado a 14 años por un fraude masivo que afectó a hospitales, municipios y servicios públicos, y que queda en libertad con firma y arraigo mientras otro condenado a 15 está en su casa, es una imagen difícil de explicar. La justicia que no se explica pierde apoyo.

Ese es el fondo de la pregunta que da título a esta nota. No es una acusación contra los cuatro jueces que votaron a favor, sino la expresión de una desconfianza que existe y que la propia institución ha alimentado. Cuando una exministra del máximo tribunal queda bajo investigación por cohecho, la ciudadanía no vuelve a mirar los fallos de la misma forma. Cada decisión impopular se lee con otra lupa, y hasta el fallo mejor fundado genera sospecha.

Hay tareas concretas. La Fiscalía puede pedir nuevas cautelares si cuenta con antecedentes sobre riesgo de fuga, tal como sugiere el propio fallo. El Ministerio Público y el Gobierno pueden evaluar la expulsión del país una vez que la condena quede firme. Y el Poder Judicial debería explicar mejor sus criterios, en lenguaje ciudadano, cuando resuelve casos de alto impacto público. La opacidad es el mejor aliado de la sospecha.

La Corte Suprema no se defiende con silencio ni con tecnicismos. Se defiende con transparencia, con consistencia entre casos parecidos y con una rendición de cuentas que la gente pueda entender. Mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá en pie, y será legítimo hacerla.

Conclusión

La Segunda Sala de la Suprema dejó libre a un médico condenado a 14 años por licencias falsas, con cuatro votos contra uno y un argumento jurídico conocido. La condena no está firme y la nulidad sigue pendiente.

Lo que queda abierto no es solo la legalidad del fallo, sino la confianza. Con una exministra del mismo tribunal investigada por cohecho, la pregunta de si la Corte Suprema merece el crédito que alguna vez tuvo ya no es retórica: es una exigencia ciudadana. Y la respuesta no la darán los editoriales, sino la propia institución, con sus actos.