La diputada Marisela Santibáñez (IND-PC) salió este martes a descartar cualquier relación con los imputados del caso "Imperio Ámsterdam", después de que su nombre apareciera mencionado en conversaciones interceptadas por la Fiscalía en el marco de la investigación por una presunta red de tráfico de drogas vinculada a la franquicia Dispensario Nacional. Esta columna examina la explicación de la parlamentaria con el rigor que exige cualquier caso todavía en investigación, sin adelantar juicios sobre hechos no probados, pero sin dejar de señalar que su propia versión de los hechos contiene un elemento que, lejos de cerrar la duda, la deja parcialmente abierta.

El caso: US$8 mil millones bajo la fachada de fines medicinales

La causa que da origen a este episodio investiga ganancias ilícitas cercanas a los $8 mil millones, obtenidas mediante el presunto tráfico de cannabis encubierto bajo la fachada de fines medicinales. La investigación reveló una conversación interceptada entre Andrés Astorga, dueño de Dispensario Nacional, y Rodrigo Buzeta, cofundador de MA Botanics, en la que ambos evaluaban gestiones para revertir una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que ordenaba destruir cultivos de cannabis.

Lo que dice la conversación interceptada

Esta columna considera indispensable reproducir con precisión lo que efectivamente consta en esos chats, sin extrapolar más de lo que el propio antecedente permite: en uno de los intercambios, Astorga señaló que habían logrado llegar a Santibáñez "por Camilo Huerta", mientras que Buzeta cuestionó qué tanta influencia real podría tener la parlamentaria. Es decir, el antecedente disponible hasta ahora no muestra una comunicación directa entre Santibáñez y los imputados, sino una mención de terceros sobre un supuesto canal de acceso a ella a través de una figura intermedia.

La defensa de Santibáñez: "no conozco a las personas involucradas"

La diputada fue categórica en su respuesta pública: "yo no conozco a las personas involucradas. Sí conozco al señor Huerta de muchos años, no soy amiga de él, no tengo contacto en los últimos por lo menos cinco años, no he sabido nada de él". Sostuvo, además, que la propia información difundida confirma su versión: "en la noticia queda muy claro que no se comunicaron conmigo. La noticia lo dice. Es gente que no me conoce. Si se dan cuenta es gente que no tiene contacto conmigo". Fue explícita en negar cualquier vínculo con los dos protagonistas centrales del caso: "no conozco al señor Astorga ni al señor Buzeta. Para nada. No se han comunicado conmigo, no tengo ninguna relación con ellos ni tampoco con el Dispensario Nacional". Y remató, respecto de Huerta: "yo no tengo conversaciones con Camilo Huerta de ese tipo, ni en mi teléfono ni en la vida".

El cabo suelto que da título a esta cobertura

Esta columna considera que, precisamente en el esfuerzo por despejar toda sospecha, la propia declaración de Santibáñez deja un elemento que no termina de cerrar el caso a su favor: la diputada confirma explícitamente conocer a Camilo Huerta —la misma persona que, según la conversación interceptada, habría sido el nexo utilizado por Astorga para "llegar" hasta ella—, aunque precise que no mantiene contacto con él "desde hace al menos cinco años". Esta columna no está en condiciones de afirmar que ese antecedente contradiga la versión de la parlamentaria: es perfectamente posible que Huerta haya invocado, ante Astorga, una relación con Santibáñez que en los hechos ya no existía o que nunca tuvo el peso de influencia que el propio Buzeta puso en duda en esa misma conversación. Pero la combinación de esos dos elementos —una figura intermedia reconocida por la propia diputada, y la ausencia de contacto directo verificable con los principales imputados— es, precisamente, el tipo de escenario donde el dicho popular que titula esta columna adquiere sentido: cuando el río suena, no necesariamente lleva agua, pero tampoco se puede descartar sin más que algo, en algún punto de la cadena, esté corriendo.

El respaldo adicional que ofrece la propia diputada: el test de drogas

Santibáñez cerró su defensa con un antecedente personal que esta columna reproduce con la misma neutralidad que el resto de su declaración: "yo, por mi parte, estoy muy tranquila, tengo un test de droga negativo, y lo digo con todas sus luces". Esta columna precisa que ese resultado, aunque relevante para descartar consumo personal, no guarda relación directa con la imputación específica que este caso investiga —el eventual encubrimiento de tráfico bajo fachada medicinal—, por lo que no debe leerse como una prueba que despeje, por sí sola, la duda sobre el vínculo mencionado en los chats interceptados.

El lamento por el Dispensario Nacional: una posición política que merece registrarse

Esta columna considera relevante registrar, además, la posición política que la propia diputada aprovechó de fijar en la misma entrevista: "lo que sí lamento, y lo voy a decir categóricamente, es que el Dispensario Nacional esté en esta situación, porque era un avance en políticas de drogas. Entonces, que se hagan mal las cosas daña todo un trabajo que se ha hecho respecto de los dispensarios o el avance en temas de políticas de drogas a nivel nacional". Esta columna considera que esa defensa del modelo de dispensarios medicinales, formulada por una diputada cuyo propio nombre aparece mencionado en la investigación sobre el presunto uso fraudulento de ese mismo modelo, exige que ella misma colabore activamente con la Fiscalía para esclarecer con la mayor rapidez posible el alcance real de la mención que la involucra.

El proyecto legislativo paralelo: cerrar los resquicios del propio modelo cuestionado

Esta columna considera oportuno destacar, en la misma jornada, el anuncio de las diputadas Catalina del Real y Macarena Santelices (ambas de Republicanos), quienes presentaron un proyecto de ley destinado a impedir que organizaciones criminales utilicen autorizaciones de cultivo y recetas médicas como mecanismo para encubrir narcotráfico. El proyecto busca prohibir los dispensarios comunitarios y exigir que el volumen de cannabis cultivado mantenga una relación estricta con las dosis prescritas médicamente, de manera que cualquier exceso pueda perseguirse penalmente como tráfico. Esta columna considera que este proyecto responde directamente al mismo vacío legal que el caso "Imperio Ámsterdam" habría explotado, y merece tramitación prioritaria en el Congreso.

Lo que corresponde exigir

Esta columna exige que la Fiscalía aclare, con la mayor celeridad posible, el verdadero alcance de la mención a Santibáñez en los chats interceptados, precisamente para despejar cualquier duda que hoy pesa sobre la diputada sin que exista, hasta el momento, ninguna imputación formal en su contra. Exige, al mismo tiempo, que la propia parlamentaria entregue la máxima colaboración a esa investigación, dado que su explicación pública, aunque coherente en sus líneas generales, no logra todavía cerrar por completo la pregunta legítima que su propia mención genera.

Conclusión: ni condena anticipada, ni absolución automática

Esta columna concluye que la explicación de Marisela Santibáñez, aunque razonable y verosímil en sus términos generales, no despeja por completo la duda que originó esta cobertura, precisamente por el reconocimiento explícito de su vínculo pasado con Camilo Huerta, la misma figura señalada como nexo en la conversación interceptada. Esta columna no adelanta juicio sobre los hechos que la Fiscalía todavía investiga, pero tampoco da por cerrado, con la sola declaración de la propia diputada, un episodio que —como sugiere el refrán que titula esta pieza— merece seguimiento hasta que la investigación aclare definitivamente su alcance real.