Informe propio de VDI Global — dossier de cobertura mediática binacional

Elaborado el 2 de septiembre de 2026, en la antesala de la visita de Javier Milei a Chile.

Chile enfrenta esta semana el desenlace de una controversia diplomática que, aunque detonada por un episodio puntual hace apenas diez días, tiene raíces jurídicas que se remontan a 1881. VDI Global reunió y contrastó la cobertura de catorce medios argentinos y chilenos —desde Infobae y Clarín hasta La Tercera, Ex-Ante y El Mostrador— para construir el dossier más completo disponible sobre el Decreto 457/2021 y su eventual derogación por el presidente Javier Milei, que podría concretarse este mismo jueves en su reunión con José Antonio Kast en La Moneda.

El resumen que hay que tener claro antes de todo

Es importante despejar una confusión que ha circulado en redes sociales: no existe, hasta el momento de este informe, un decreto firmado por Milei que "reconozca la soberanía de Chile" en Magallanes como un acto nuevo. Lo que está en juego es la eventual derogación de un decreto previo —el 457/2021, firmado por Alberto Fernández— que calificaba al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como espacios de "exploración, estudio y control conjunto" entre ambos países. Esa formulación contradice frontalmente los tratados de 1881 y 1984, que reconocen la soberanía chilena exclusiva sobre el paso. Según fuentes del propio Gobierno chileno, el texto de derogación está redactado y a la espera de la firma presidencial argentina.

El origen jurídico: un decreto de 2021 que nunca debió existir

El Decreto 457/2021 aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) de Argentina, publicada en el Boletín Oficial el 19 de julio de 2021, apenas cinco días después de su firma. El documento definió al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como espacios donde resultaba "fundamental fortalecer la exploración, estudio y control conjunto" —una fórmula que Chile consideró, desde el primer momento, incompatible con dos tratados internacionales vigentes: el Tratado de Límites de 1881, que reconoce la soberanía chilena sobre el Estrecho y establece su neutralización perpetua con libre navegación para todas las naciones; y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado en el Vaticano, que ratificó de forma definitiva los límites australes y la jurisdicción chilena sobre esas aguas.

Chile protestó formalmente ya en agosto de 2021, mediante la Nota 7285. Y en marzo de 2025, ya bajo la propia administración Milei, Argentina reconoció por escrito, a través de su Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa, que la interpretación del decreto "constituye un error" respecto de los tratados, prometiendo una nueva directiva. Pese a ese reconocimiento explícito, la norma continuó vigente durante año y medio más, sin derogación formal, hasta la fecha de este informe.

El detonante: la "burrada" del general Valverde

El 24 de agosto de 2026, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, declaró en el podcast de YouTube "La Fábrica del Podcast" que "Magallanes, el sur, el (Pasaje) Drake, todo eso es soberanía" y que Argentina debía "hacer presencia" en la zona por su valor como "llave bioceánica Atlántico-Pacífico". La frase reabrió, de un plumazo, una controversia que llevaba años latente.

La reacción fue inmediata y en cascada. Chile anunció una nota de protesta formal a través del canciller Alfonso Pérez Mackenna, quien remarcó que la soberanía chilena sobre el Estrecho "es indiscutible" y está fundada en los tratados de 1881 y 1984. La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, respondió con un comunicado reafirmando que ambos tratados "rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina". Según reportó Infobae, trascendió malestar interno en la propia Casa Rosada: un funcionario de alto nivel calificó el episodio como un conflicto diplomático "innecesario", y Quirno habría reclamado directamente al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, por lo ocurrido. El propio Presti terminó atribuyendo las palabras de Valverde a una "confusión y desprolijidad", asegurando a su par chileno Fernando Barros que la soberanía no estaba en discusión.

Un dato revelador de este episodio, poco replicado hasta ahora en Chile: el periodista argentino Eduardo Feinmann, en A24, calificó públicamente los dichos de Valverde como "una burrada" y reconoció sin ambigüedad que el Estrecho "es chileno" —una autocrítica desde un medio de línea editorial afín al propio gobierno de Milei, que la prensa chilena replicó ampliamente.

La expectativa que se instaló esta semana: "listo para la firma"

A partir del 1 de septiembre, la cobertura —mayoritariamente de medios chilenos— giró hacia la confirmación de que el texto de derogación del Decreto 457 estaría redactado y a la espera de la firma presidencial. El ministro Barros declaró a Radio Duna que "de un compromiso hemos pasado a un texto que se nos dice que está para la firma del Presidente Milei", considerando el tema "cerrado" desde el punto de vista de las gestiones bilaterales. El canciller Pérez Mackenna fue en la misma línea, insistiendo en que Argentina "tiene que cumplir con lo que nos prometieron y firmarlo", recordando que el reclamo se remonta a 2021.

Diputados oficialistas —Stephan Schubert, Álvaro Carter, Alejandro Riquelme, Catalina del Real y Francesca Muñoz— exigieron públicamente que la derogación se formalice antes o durante la visita de Milei, calificando la fórmula de "espacio compartido" como una "falsedad". Pero hay una advertencia que no puede pasarse por alto: fuentes de Cancillería citadas por La Tercera señalan que la nueva directiva argentina abordaría varias materias de defensa nacional, no solo Magallanes, lo que podría retrasar su promulgación más allá de lo que esperan las autoridades chilenas. Hasta el cierre de este informe, la tarde del 2 de septiembre, el decreto de derogación no ha sido firmado ni publicado en el Boletín Oficial argentino.

La agenda de esta semana: Foro Madrid, La Moneda y ejercicios militares en Magallanes

Este jueves 3 de septiembre, Javier Milei viaja a Santiago para participar del V Encuentro Regional del Foro Madrid —organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox— y sostendrá una reunión bilateral con Kast en el Palacio de La Moneda. Será el tercer encuentro entre ambos mandatarios desde que Kast asumió la presidencia.

En paralelo, el propio Kast viajó el martes 1 de septiembre a Punta Arenas para supervisar ejercicios militares conjuntos del Ejército y la Armada —la operación "Jaukén", planificada con anterioridad a esta controversia— y encabezar un gabinete regional, en un despliegue que la prensa chilena interpretó como un gesto político deliberado previo a la llegada de Milei. Allí, Kast reafirmó que el Estrecho "es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países". Ni la prensa argentina ni la chilena confirman oficialmente que la firma del decreto se producirá durante ese encuentro específico, pero la expectativa política instalada convierte a este en uno de los temas centrales —aunque no el único— de la agenda bilateral de esta semana.

Dos países, dos lecturas del mismo episodio

Un elemento que este dossier permite dimensionar con claridad es la diferencia notable en cómo cada país cubrió la controversia. La prensa argentina —Infobae, La Nación, Clarín, Los Andes, Río Negro, Conclusión— tendió a tratar el episodio en dos capas: como una crisis diplomática puntual generada por declaraciones militares desafortunadas, y como la reafirmación rápida de los tratados vigentes por parte del propio gobierno de Milei, en su esfuerzo por "bajar la tensión" con un socio estratégico regional. La cobertura argentina puso, en general, menos énfasis en el Decreto 457 como trasfondo estructural, y más en el incidente Valverde como hecho aislado.

La prensa chilena, en cambio —La Tercera, T13, BioBioChile, El Mostrador, Emol, Ex-Ante, Diario y Radio Universidad de Chile, The Clinic, El Periodista—, mostró una cobertura más extensa y sostenida en el tiempo, con foco explícito en el decreto como el verdadero trasfondo estructural del conflicto, y en la presión política transversal —diputados, senadores, el propio canciller— para que Argentina formalice la derogación antes de la visita de Milei. Varios medios chilenos incluso citan y reportan directamente a la prensa argentina como parte de su propia cobertura, confirmando el carácter binacional de este seguimiento periodístico.

Lectura editorial

Desde VDI Global, tras revisar exhaustivamente la cobertura de catorce medios en ambos países, sostenemos que esta controversia confirma un patrón estructural que hemos documentado en informes anteriores: Argentina reconoce diplomáticamente, una y otra vez, la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes —lo hizo el ministro Presti, lo hizo la Cancillería de Quirno, lo reconoció por escrito la propia administración Milei en marzo de 2025—, pero ese reconocimiento verbal reiterado no se traduce en la corrección formal del documento oficial que lo contradice. Cinco años de esa brecha entre la palabra y el papel son, sencillamente, insostenibles entre dos países que sostienen una relación bilateral de esta profundidad.

Valoramos que el propio gobierno argentino, a través de figuras como Eduardo Feinmann desde un medio afín, haya sido capaz de reconocer públicamente el error sin ambigüedades ("una burrada", "el Estrecho es chileno"). Es un antecedente valioso que reduce el margen de maniobra para que el episodio se disuelva sin consecuencias. Al mismo tiempo, la advertencia de que la nueva directiva argentina podría abordar "varias materias de defensa nacional" y no solo Magallanes nos obliga a mantener cautela: Chile no puede darse por satisfecho con un decreto genérico que mencione el Estrecho de pasada, sino que debe exigir una corrección específica, clara y sin ambigüedad respecto a la fórmula de "espacio compartido" que originó todo este conflicto.

Respaldamos la estrategia dual que el Gobierno chileno ha desplegado esta semana: presión diplomática sostenida por parte de Cancillería, combinada con presencia militar efectiva en la zona a través de los ejercicios "Jaukén" que el propio Kast supervisa en Punta Arenas. Es exactamente la combinación de firmeza y hechos concretos que hemos exigido en coberturas anteriores sobre esta materia.

Puntos que VDI Global seguirá de cerca

• Si Milei firma efectivamente el decreto de derogación durante o después de su visita a Chile los días 3 y 4 de septiembre.
• Si la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional argentina se publica de forma íntegra, o solo en la parte específicamente referida al Estrecho de Magallanes.
• La eventual controversia paralela por el Decreto 256 de 2010, mencionado por algunos medios chilenos como un asunto distinto vinculado a la navegación, que hasta ahora no forma parte confirmada de la agenda bilateral, pero que podría emerger como un nuevo frente de disputa.
• Las reacciones políticas dentro de Argentina una vez que se conozca el contenido definitivo del nuevo texto, particularmente de sectores que puedan cuestionar la derogación.

Conclusión

Este dossier confirma que la controversia por el Estrecho de Magallanes es, en el fondo, mucho más que un episodio aislado provocado por las declaraciones desafortunadas de un general. Es la manifestación más reciente de una brecha de cinco años entre lo que Argentina reconoce en el plano diplomático y lo que mantiene vigente en su ordenamiento jurídico interno. La reunión de este jueves en La Moneda es, para Chile, la oportunidad más concreta que ha existido hasta ahora para cerrar definitivamente esa brecha. VDI Global seguirá este proceso minuto a minuto hasta conocer su desenlace.