El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó en entrevista con CNN Chile que las agencias de inteligencia de su país concluyeron, de forma categórica, que la violencia registrada durante el estallido social de 2019 provino de "organizaciones de izquierda". La declaración, de una gravedad histórica difícil de exagerar, llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a convocar formalmente al diplomático para este miércoles, solicitándole que entregue toda la información en que sustenta esa afirmación.

"Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena": la afirmación de Judd

Consultado sobre el origen de los disturbios ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores, Judd fue categórico en su entrevista con CNN Chile: aseguró que las agencias de inteligencia de Estados Unidos analizaron los hechos y que sus conclusiones apuntan directamente a "activistas de izquierda" como responsables de la violencia registrada durante ese período. Al ser requerido específicamente sobre la fuente de esa afirmación, el diplomático fue igualmente directo: "Inteligencia estadounidense, inteligencia chilena, la comunidad de inteligencia nos dice de dónde provienen estas protestas".

La convocatoria de Cancillería: pedir las pruebas, no desmentir al embajador

Frente a esta declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que convocó "para este miércoles al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, con el objeto de solicitar información respecto de los antecedentes relacionados con los episodios de violencia ocurridos el 18 de octubre de 2019 y en los días posteriores". Es importante ser precisos sobre la naturaleza de esta convocatoria: no se trata de un desmentido ni de una protesta diplomática por las declaraciones del embajador, sino de una solicitud formal para que Chile acceda a esa misma información de inteligencia.

El propio comunicado de Cancillería lo deja explícito: el Gobierno de José Antonio Kast "considera de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo y ponerlo a disposición de las instancias que correspondan, para dar con los responsables de los actos de violencia". Es decir, el Ejecutivo busca activamente que esos antecedentes de inteligencia estadounidense y chilena se pongan a disposición de la justicia u otras instancias pertinentes para identificar a los verdaderos responsables de la violencia del estallido.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que esta es una de las noticias más relevantes que hemos cubierto en materia de esclarecimiento histórico sobre el estallido social. Durante años, sectores de la izquierda chilena y del propio gobierno de Boric insistieron en un relato que atribuía la violencia de octubre de 2019 casi exclusivamente al malestar social legítimo y espontáneo, minimizando sistemáticamente cualquier hipótesis de organización o planificación detrás de los actos más violentos: incendios masivos de estaciones de Metro, destrucción coordinada de infraestructura pública y privada, y ataques sostenidos contra Carabineros. Que el propio embajador de Estados Unidos afirme, invocando inteligencia categórica de ambos países, que esa violencia provino de organizaciones de izquierda, confirma sospechas que sectores de derecha han sostenido desde el primer día, y que hasta ahora carecían de un respaldo de esta naturaleza proveniente de fuentes de inteligencia extranjera.

Valoramos, con la misma firmeza, que el Gobierno de Kast haya optado por la vía correcta: no rechazar ni descalificar la declaración del embajador, sino exigirle formalmente que ponga sobre la mesa la evidencia concreta que sustenta esa afirmación. Es exactamente el estándar de rigor que hemos exigido en cada una de nuestras coberturas: las acusaciones graves, para ser políticamente útiles y jurídicamente relevantes, deben traducirse en antecedentes verificables, no quedar como una declaración de prensa sin respaldo documental. Si Estados Unidos efectivamente cuenta con inteligencia que permite identificar a organizaciones responsables de coordinar violencia durante el estallido social, esa información debe ponerse cuanto antes a disposición de la Fiscalía chilena, para que quienes resulten responsables enfrenten la justicia que corresponde, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde los hechos.

Es imprescindible, con el mismo rigor de siempre, subrayar que hasta ahora se trata de una declaración pública de un embajador, no de un informe de inteligencia formalmente entregado ni menos de una acusación judicial. Cualquier organización o persona eventualmente identificada en esos antecedentes, si llegan a materializarse, mantiene plena presunción de inocencia hasta que exista una investigación judicial que determine responsabilidades penales concretas. La comunidad chilena, y particularmente las familias de quienes resultaron víctimas de la violencia del estallido, merecen que este proceso se conduzca con el rigor que la gravedad de la acusación exige, no con apresuramiento político.

Lo que corresponde exigir

• Que el embajador Judd entregue, en la reunión convocada para este miércoles, toda la evidencia concreta que sustenta la afirmación de inteligencia categórica que hizo públicamente.
• Que, de existir información verificable, el Ministerio Público chileno la incorpore de inmediato a las investigaciones aún abiertas sobre hechos de violencia del estallido social.
• Que se transparente si Chile ya contaba previamente con inteligencia propia coincidente con la que menciona Judd, dado que el embajador hizo referencia expresa a "inteligencia chilena" también.
• Que este proceso se conduzca con la seriedad judicial que corresponde, evitando que se disuelva en un intercambio de declaraciones políticas sin consecuencias concretas para las víctimas de la violencia de 2019.

Conclusión

La afirmación del embajador Brandon Judd sobre el origen organizado de la violencia del estallido social, y la rápida decisión del Gobierno de Kast de exigirle las pruebas que la sustentan, abren una puerta que Chile no puede permitirse cerrar sin explorar a fondo: la posibilidad real de que, seis años después, finalmente se esclarezca con evidencia de inteligencia quién organizó y financió la violencia que costó tanto al país. VDI Global seguirá de cerca la reunión de este miércoles y sus resultados.