La marcha convocada este jueves por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), a la que se sumaron la CUT y el Colegio de Profesores, terminó con 17 personas detenidas y un episodio que el propio Gobierno calificó de "cobarde y artero": un grupo de encapuchados agredió, en el frontis del campus Casa Central de la Universidad Católica, a un grupo de estudiantes —incluidas mujeres— cuyo único "delito" fue manifestarse con una consigna distinta a la de la movilización principal.

El balance oficial: sin saqueos, sin carabineros heridos

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, entregó el balance junto al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, desde el set de televisión de La Moneda. Según precisó, la cifra de 17 detenidos podría aumentar según cómo terminaran de desarrollarse los eventos y la actuación de Carabineros. El subsecretario destacó dos datos que marcaron una diferencia respecto a jornadas de movilización anteriores: no se registraron saqueos, ni tampoco carabineros lesionados. Sobre la Alameda, confirmó que el flujo vehicular ya estaba "absolutamente normalizado", y que el Metro de Santiago, pese a algunos cortes de energía preventivos, funcionaba con normalidad.

El ataque en la Universidad Católica

El episodio más grave de la jornada ocurrió lejos del recorrido principal de la marcha: en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, un grupo de encapuchados agredió a estudiantes que se habían manifestado con "colores distintos" a los de la convocatoria de la Confech. Pávez fue categórico en su condena: "nosotros condenamos como gobierno este ataque deleznable y cobarde". Confirmó además que, de manera preliminar, una estudiante estaba siendo atendida por lesiones en un centro asistencial vinculado a la propia universidad.

El subsecretario hizo un llamado directo a los organizadores de la convocatoria: "esperamos que quienes convocaron esta marcha se hagan cargo de esta situación y que exista la más absoluta y transversal condena a la agresión que estos jóvenes sufrieron". Confirmó, además, que el Ministerio de Seguridad ya está "estudiando todas las acciones legales" vinculadas tanto a esta agresión específica como al resto de los episodios de desorden público registrados durante la jornada.

El cierre: manifestarse sí, agredir no

Pávez resumió la postura del Gobierno con una frase que buscó equilibrar el reconocimiento del derecho a manifestarse con el rechazo a la violencia: "bienvenidas las manifestaciones en democracia, pero no a costa de la agresión ni la violencia a las personas que piensan distinto, y tampoco al daño a la propiedad pública ni privada, ni al normal funcionamiento de la ciudad".

Lectura editorial

El episodio en la Universidad Católica merece una condena sin matices, y en eso coincidimos plenamente con la postura del Gobierno: atacar a estudiantes por el simple hecho de manifestarse con una consigna distinta a la del bloque mayoritario es exactamente el tipo de intolerancia violenta que hemos denunciado reiteradamente en esta cobertura, sin importar de qué sector político provenga. Que las víctimas hayan sido, según el propio relato oficial, jóvenes que simplemente ejercían su derecho a disentir dentro de una movilización convocada por otros, confirma que el problema no es la protesta en sí misma, sino la cultura de intimidación hacia quien piensa distinto que ciertos grupos encapuchados siguen normalizando en cada convocatoria masiva.

Valoramos que el subsecretario Pávez haya exigido explícitamente a los convocantes de la marcha —la Confech, la CUT y el Colegio de Profesores— que asuman su responsabilidad y condenen de manera transversal este ataque. Es una exigencia legítima: quien convoca una movilización masiva tiene también la obligación moral y política de deslindar responsabilidades frente a episodios de violencia que ocurren bajo su propia convocatoria, sin esperar a que sea el Gobierno quien tenga que hacer ese trabajo por ellos.

El balance comparativamente más controlado de esta jornada —sin saqueos, sin carabineros heridos, con el Metro funcionando con normalidad— es una señal que merece reconocerse como un avance real en el manejo del orden público, en contraste con episodios más violentos que hemos documentado en coberturas anteriores sobre movilizaciones similares. Que el Ministerio de Seguridad ya esté evaluando acciones legales específicas, tanto por la agresión a los estudiantes como por el resto de los incidentes de desorden público, confirma una respuesta institucional seria frente a hechos de violencia, independientemente de quién la ejerza.

Conclusión

La marcha de la Confech dejó un saldo de 17 detenidos y un episodio de violencia particularmente grave contra estudiantes de la Universidad Católica, que el propio Gobierno calificó sin ambigüedades como cobarde y artero. La exigencia de que los propios convocantes asuman responsabilidad por lo ocurrido bajo su movilización es exactamente la que corresponde hacer. VDI Global seguirá de cerca las acciones legales que anunció el Ministerio de Seguridad.