El 21 de septiembre de 1843, una pequeña goleta construida en Ancud con maderas de Chiloé, tras casi cuatro meses de navegación por aguas hostiles, desembarcó en Punta Santa Ana e izó la bandera chilena para tomar posesión formal del Estrecho de Magallanes. Ciento ochenta y tres años después, esa misma fecha volvió a convertirse en el escenario de una reivindicación de soberanía, esta vez protagonizada por el Congreso: una delegación transversal de senadores comprometió fondos concretos en el Presupuesto 2027 para fortalecer la vigilancia y el resguardo de la zona austral, en la respuesta institucional más contundente que Chile ha dado hasta ahora al patrón de ambigüedad sostenido por autoridades argentinas sobre esta soberanía.

La expedición que cambió el mapa de Chile

La misión de 1843 respondió a una decisión directa del gobierno del presidente Manuel Bulnes, que buscaba establecer presencia efectiva en un territorio de valor estratégico incalculable por su conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico. Bulnes encargó la tarea al intendente de Chiloé, Domingo Espiñeira, quien puso al mando de la expedición al capitán de fragata Juan Williams Wilson —conocido también como Juan Guillermos—, responsable tanto de la construcción de la embarcación como de la selección de sus tripulantes.

La goleta Ancud zarpó el 22 de mayo de 1843 con una dotación de 23 personas, entre ellas dos mujeres y el naturalista Bernardo Philippi, además de marinos y quienes formarían la futura guarnición del asentamiento austral. La nave transportaba víveres, herramientas, armamento y animales, pensados para abastecer la colonia que se proyectaba fundar. La travesía se extendió durante gran parte del invierno, enfrentando temporales y desperfectos que dificultaron gravemente la navegación, hasta que finalmente, el 21 de septiembre, la expedición alcanzó Punta Santa Ana.

"Protesto en el modo más solemne": el acta que Chile firmó hace 183 años

Williams Wilson encabezó ese mismo día una ceremonia formal de toma de posesión, dejando constancia en un acta cuyo texto resulta, ciento ochenta y tres años después, de una vigencia casi profética: "Con todas las formalidades de costumbre, tomamos posesión de los estrechos de Magallanes y su territorio en nombre de la República de Chile". El documento no se limitó a la declaración: advirtió explícitamente a cualquier potencia que intentara disputar ese territorio, "protesto en el modo más solemne, cuantas veces haya lugar, contra cualquiera poder que hoy o en adelante trate de ocupar alguna parte de este territorio".

Esa advertencia no fue retórica vacía. Apenas dos días después de la toma de posesión chilena, llegó a la zona el buque francés Phaeton, cuya tripulación desembarcó e izó su propia bandera. Williams presentó de inmediato una protesta formal, y los franceses debieron responder que no pretendían ejercer soberanía sobre el territorio. Chile, en los hechos, se adelantó por apenas 48 horas a una potencia europea que sí tenía intenciones de disputar la zona.

De Fuerte Bulnes a Punta Arenas: el nacimiento de una región

Tras la toma de posesión, los integrantes de la expedición iniciaron la construcción de Fuerte Bulnes, en Punta Santa Ana, fundado formalmente el 30 de octubre de 1843. Las condiciones extremas del lugar, sin embargo, impidieron que el asentamiento se consolidara como población permanente: tras cinco años de existencia, la colonia debió trasladarse 57 kilómetros más al norte, donde el 18 de diciembre de 1848 se fundó Punta Arenas, la ciudad que hoy es capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

El presente: un aniversario que llega en medio de la controversia con Argentina

La conmemoración de este año no fue una efeméride más. Llegó apenas semanas después de que el jefe de la Fuerza Aérea argentina formulara declaraciones sobre la soberanía del Estrecho que motivaron una nota de protesta formal de Chile —episodio que VDI Global documentó en su momento—, y tras la declaración conjunta que los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei suscribieron este mismo mes, reafirmando la soberanía chilena sobre la totalidad del Estrecho conforme a los tratados de 1881 y 1984.

La ceremonia principal de este año, realizada en Punta Arenas, fue encabezada por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado —quien reemplaza a Kast durante su viaje a Estados Unidos—, acompañado de una delegación transversal de senadores. Alvarado fue enfático al conectar el legado histórico de 1843 con la responsabilidad del presente: "la soberanía no es solamente una declaración. La soberanía es una responsabilidad que se ejerce, se protege y se proyecta todos los días". Como gesto adicional, anunció que el Gobierno patrocinará un proyecto de ley para declarar el 21 de septiembre feriado regional.

El recado del Senado: fondos comprometidos, no solo homenajes

Mientras se desarrollaba la ceremonia oficial, un grupo de senadores encabezado por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), suscribió en paralelo una declaración de notable firmeza, con la adhesión de Rodolfo Carter, Gastón Saavedra, Karim Bianchi y Ximena Órdenes: "el Estrecho de Magallanes forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el control y la soberanía exclusiva de Chile, dentro de los límites establecidos por los tratados vigentes".

El documento trascendió la reafirmación jurídica al comprometer trabajo legislativo concreto: los senadores se comprometieron a impulsar, en la discusión del Presupuesto Nacional 2027, "el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile". El texto fue igualmente categórico sobre los límites de cualquier ambigüedad futura: "esto no admite interpretaciones que desnaturalicen ese régimen ni dilaciones en su cumplimiento".

La declaración citó con precisión el fundamento jurídico que sostiene esta soberanía desde hace más de un siglo: el Tratado de Límites de 1881, que consagró la neutralización perpetua del Estrecho y la libre navegación para todas las banderas, y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que confirmó ese régimen y obligó a Argentina a garantizar el paso expedito por sus aguas jurisdiccionales. Invocaron además el principio de derecho internacional pacta sunt servanda: los tratados vigentes obligan a las partes y deben cumplirse íntegramente y de buena fe.

La Cámara ya había actuado: consenso unánime, del PC al Partido Libertario

Este gesto del Senado se suma a una acción previa de la Cámara de Diputados, que había acordado —en votación unánime, sin excepción de bancada, desde el Partido Comunista hasta el Partido Libertario— mandatar a su presidente, Jorge Alessandri, a redactar una nota formal dirigida al Congreso de la Nación Argentina, expresando rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, particularmente de la senadora Patricia Bullrich. Que un acuerdo de esta naturaleza haya logrado unanimidad en un Congreso habitualmente fragmentado confirma que la soberanía sobre Magallanes se ha convertido en una de las escasas materias de consenso transversal real en la política chilena actual.

El decreto que sigue sin corregirse

El texto que continúa inquietando a los parlamentarios chilenos es el Decreto presidencial argentino N° 457 de 2021, dictado durante la administración de Alberto Fernández, que define al Estrecho de Magallanes y al Mar de Hoces como "espacios compartidos" de "exploración, estudio y control conjunto". Pese a que el propio Milei reconoció, al asumir en la Casa Rosada, que se trataba de un error que pretendía corregir, esa corrección formal sigue sin materializarse, incluso después de la declaración conjunta con Kast de este mismo mes.

Lectura editorial

La coincidencia de este aniversario con la respuesta institucional del Senado no puede leerse como una simple casualidad de calendario: es, precisamente, la traducción moderna del mismo espíritu que llevó a Juan Williams Wilson a firmar aquella acta en 1843, advirtiendo con solemnidad contra cualquier poder que intentara disputar el territorio recién tomado. Ciento ochenta y tres años después, la amenaza ya no viene de una fragata francesa que se retira ante la primera protesta formal, sino de una seguidilla de declaraciones ambiguas de autoridades argentinas que Chile ha debido enfrentar, episodio tras episodio, durante los últimos meses.

Comprometer fondos concretos en el Presupuesto 2027 traduce, en política pública real y verificable, lo que hasta ahora había sido principalmente una batalla de comunicados y protestas diplomáticas. Es exactamente la combinación que hemos exigido en informes anteriores: firmeza jurídica heredada de 1843, presencia militar efectiva, y ahora financiamiento parlamentario comprometido de manera explícita. Que este compromiso logre consenso transversal —desde republicanos hasta el Partido Socialista en el Senado, y desde el Partido Comunista hasta el Partido Libertario en la Cámara— envía un mensaje mucho más contundente hacia Buenos Aires que cualquier declaración aislada de un solo sector político.

Conclusión

Ciento ochenta y tres años después de que 23 tripulantes desembarcaran en Punta Santa Ana para izar la bandera chilena y advertir "en el modo más solemne" contra cualquier poder que disputara ese territorio, el Congreso chileno actualizó esa misma advertencia con fondos comprometidos y consenso parlamentario sin precedentes recientes. La pregunta que queda abierta es si Argentina, esta vez, traducirá también en hechos su propio reconocimiento de que el Decreto 457 fue "un error" que debe corregirse. VDI Global seguirá de cerca la tramitación del Presupuesto 2027 y cualquier avance —o nueva dilación— desde Buenos Aires.