Mientras Israel discute quién gobernará, su presidente puso sobre la mesa un problema que ningún gobierno podrá ignorar. Según trascendió hoy, Isaac Herzog envió el mes pasado una carta a Benjamin Netanyahu y a la cúpula de seguridad y justicia del país. En ella advierte sobre una realidad «altamente explosiva y peligrosa» en Judea y Samaria por la violencia de colonos extremistas, que calificó de desgracia moral. Pidió tratar a los responsables como miembros del crimen organizado, con detenciones masivas y desmantelamiento de sus grupos. Y advirtió que una escalada podría tener consecuencias graves para la seguridad del país, su posición internacional, su economía y los judíos de la diáspora.

La carta

Según la prensa israelí, la carta fue dirigida a Netanyahu, al canciller Israel Katz, al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y a la fiscal general, Gali Baharav-Miara.

Herzog describió un cuadro preocupante. Según escribió, los comandantes del Ejército, los oficiales de policía y el personal del Shin Bet le presentaron un panorama de herramientas limitadas y falta de efectivos para enfrentar el fenómeno.

El presidente identificó un momento de riesgo particular: la coincidencia de las elecciones en Israel y en Estados Unidos, la postergación de las elecciones de la Autoridad Palestina y la temporada de cosecha de aceitunas, cuando se concentran los ataques contra agricultores palestinos.

Las advertencias

Herzog fue más allá de lo habitual en un jefe de Estado. Advirtió que una escalada grave en el terreno podría tener consecuencias severas y de largo alcance para la seguridad de Israel y su funcionamiento como Estado soberano, para su posición internacional, para los judíos de la diáspora y para la economía israelí.

Y añadió una dimensión moral explícita: cuando se daña a palestinos inocentes, escribió, es una «desgracia moral» y una mancha sobre todos.

Lo que propone

El presidente no se limitó a advertir. Propuso un plan concreto:

• Tratar a los responsables como crimen organizado, y usar todas las herramientas del Estado para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio.
• Un despliegue masivo de fuerzas de seguridad, con detenciones a gran escala, detenciones administrativas y la desarticulación de los grupos.
• Un equipo interministerial que integre a las áreas de bienestar social, educación y gobiernos locales.
• Un diálogo con la fiscalía, la policía y el Poder Judicial, ante lo que describió como cierta indulgencia en las detenciones y la liberación de sospechosos.

Su conclusión fue tajante: en un Estado soberano no hay lugar para esta ilegalidad, y sin una aplicación visible de la ley y una disuasión real, Israel llegará a un desastre. Es una responsabilidad nacional del más alto nivel, escribió, que no puede postergarse por razones ajenas al problema.

El contexto

La violencia de colonos extremistas se ha disparado en los últimos meses, con ataques y hostigamientos casi diarios y muy pocos responsables acusados o condenados. Algunos ataques han tenido como blanco a diplomáticos y periodistas, lo que generó una amplia reacción internacional. Durante octubre, Naciones Unidas documentó cerca de 400 ataques, la cifra más alta registrada.

Hay señales de que el Estado empieza a reaccionar. Esta semana, las fuerzas de seguridad evacuaron el puesto ilegal de Givat Ora Yisrael y detuvieron a 18 colonos por agredir a los efectivos. Pero también hay señales en sentido contrario: este miércoles, activistas establecieron un nuevo puesto dentro de la ciudad palestina de Jericó.

Por qué ahora

La carta se conoció en un momento políticamente delicado. Herzog conduce las consultas para designar al próximo primer ministro, y el gobierno saliente incluye a ministros que representan a sectores del movimiento de colonos, como Bezalel Smotrich y Orit Strock. Al mismo tiempo, el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos muestra que la relación con Washington ya no puede darse por garantizada, y la imagen de Israel en el exterior se ha convertido en un asunto de seguridad nacional.

Lectura editorial

Herzog dijo en voz alta lo que muchos en el aparato de seguridad israelí dicen en privado desde hace tiempo. Y lo dijo bien.

VDI Global defiende el derecho de Israel a la seguridad y sostiene que el estatus jurídico de Judea y Samaria está en disputa y debe resolverse en negociaciones. Precisamente por eso, la violencia de colonos extremistas es inaceptable. No es una forma de defender la presencia judía en el territorio: es una forma de destruirla. Cada agresión contra un agricultor, cada aldea incendiada, cada ataque a un periodista le entrega a los enemigos de Israel el argumento que buscan y debilita a quienes defienden al país en el mundo.

Hay que ser precisos: no se trata de los colonos en general, sino de grupos extremistas que actúan al margen de la ley y, muchas veces, contra el propio Ejército. La mayoría de los israelíes que viven en Judea y Samaria no participa de esta violencia y es también víctima de su costo. Pero un Estado que no controla a una minoría violenta en su propio territorio de responsabilidad no está actuando como un Estado soberano. Herzog lo dijo con claridad.

La propuesta de tratarlos como crimen organizado es la correcta. Requiere recursos, voluntad política y un sistema judicial que no libere a los detenidos al día siguiente. Requiere, sobre todo, un gobierno que no dependa políticamente de quienes protegen a estos grupos. Esa es una pregunta que el próximo primer ministro, sea quien sea, tendrá que responder desde el primer día.

La seguridad de Israel no se juega solo frente a Irán, Hezbolá o Hamás. También se juega en la capacidad del Estado para imponer la ley en su propio territorio. Herzog lo entendió. Ahora falta que lo entiendan quienes gobiernan.

Lo que viene

Herzog continúa este jueves las consultas con los partidos para designar al próximo primer ministro. La nueva Knéset jura el 10 de noviembre. Y la temporada de cosecha de aceitunas continúa en Judea y Samaria, con el riesgo de nuevos ataques que el presidente pidió prevenir.