El gobierno británico dio un paso técnico con un significado político evidente. A mediados de octubre, actualizó su Licencia General Abierta de Exportación (OGEL) para bienes militares, software y tecnología con uso final gubernamental o de la OTAN, e incluyó expresamente a Chile entre los países de bajo riesgo. En la práctica, los exportadores británicos registrados podrán suministrar material controlado al Estado chileno sin tramitar una licencia individual para cada operación. La decisión llega mientras Chile evalúa la oferta británica para construir fragatas en ASMAR, y en plena tensión con Argentina por la ruta hacia las Malvinas.

Qué es una OGEL

En el Reino Unido, la exportación de material militar requiere normalmente una licencia individual, que se evalúa caso a caso y puede tardar semanas o meses. Las licencias generales abiertas son una excepción: autorizan de antemano ciertas exportaciones a un grupo de países considerados confiables, siempre que el exportador esté registrado y cumpla las condiciones fijadas.

La nueva licencia cubre bienes militares, software y tecnología, con una condición clave: el uso final debe ser gubernamental o de organizaciones de la OTAN. Es decir, el destinatario es el Estado chileno o los contratistas que trabajen para él, no particulares.

Un tratamiento de socio confiable

La inclusión de Chile no es aislada. En junio de este año, Londres ya lo había incorporado a una nueva licencia general consolidada para bienes de doble uso, los que tienen aplicaciones civiles y militares. Con la nueva OGEL, el Reino Unido refuerza un tratamiento de bajo riesgo que lo coloca en la misma categoría de sus socios más cercanos en materia de controles de exportación.

Por qué importa para Chile

La licencia facilita precisamente el tipo de programas que ya existen o que están en discusión entre ambos países:

• El sostenimiento de las fragatas Tipo 23, compradas a la Marina Real británica y modernizadas en 2017.
• Los aviones de alerta temprana E-3D Sentry, adquiridos a la Real Fuerza Aérea británica e incorporados en 2022.
• La oferta de Babcock para construir en ASMAR fragatas Arrowhead 140, con transferencia tecnológica a la industria naval chilena.

Cada repuesto, sistema o actualización de software para esas plataformas requería hasta ahora trámites individuales. Con la OGEL, el flujo se vuelve más rápido, más predecible y menos costoso.

Una relación que se intensifica

La medida se suma a una agenda bilateral cada vez más densa. En junio, ambos países firmaron un plan de cooperación en las conversaciones de defensa celebradas en Londres, con cerca de 60 actividades programadas para 2026. El Reino Unido participó en FIDAE, y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos inició un curso de formación en pensamiento estratégico con apoyo británico. En octubre, el canciller Francisco Pérez Mackenna visitó Londres y ambos gobiernos acordaron avanzar hacia un nuevo nivel de asociación estratégica.

Chile, por su parte, discute en el Congreso su propia ley de control de exportaciones de material de defensa y de doble uso, que creará una Comisión de Comercio Estratégico y homologará al país con los estándares internacionales.

La lectura desde Buenos Aires

En Argentina, cada señal de cooperación entre Chile y el Reino Unido se lee con sospecha. La prensa argentina ya advirtió que la eventual construcción de fragatas británicas en Chile sumaría tensión entre ambos países. Y la medida llega en un momento particularmente sensible: el Congreso argentino votará la Ley Malvinas el 12 de noviembre, una diputada presentó un proyecto para retener buques que abastezcan las islas y el carguero chileno Danstar prepara su primer viaje a Puerto Stanley para comienzos de diciembre.

Lectura editorial

La inclusión de Chile en la OGEL británica es una buena noticia, y conviene leerla por lo que es: el reconocimiento de que Chile es un socio confiable, con instituciones sólidas y un historial de cumplimiento en materia de defensa. Ese estatus no se regala. Se gana con décadas de cooperación seria, y abre puertas que benefician directamente a nuestras Fuerzas Armadas.

En términos prácticos, la licencia reduce plazos y costos para mantener equipos que Chile ya opera y facilita cualquier programa futuro, incluido el de las fragatas. Es un instrumento útil para la Armada, la Fuerza Aérea y ASMAR, y una señal positiva para la industria nacional.

Pero, como hemos advertido antes, la relación con Londres debe administrarse con inteligencia. Chile tiene derecho a elegir a sus socios en defensa, y nadie en Buenos Aires puede decidir con quién compramos o cooperamos. Al mismo tiempo, Chile ha mantenido por décadas una posición diplomática de apoyo al reclamo argentino por la vía pacífica, y la neutralidad práctica en la disputa por las islas es un activo que conviene preservar. Comprar, mantener y cooperar con el Reino Unido es soberanía. Convertirse en plataforma logística de la presencia militar británica en el Atlántico Sur sería otra cosa.

La mejor respuesta a las sospechas es la transparencia. Chile debería explicar con claridad el alcance de su cooperación con Londres, en defensa de sus propios intereses y sin dobles discursos. Así se evita que cada licencia técnica se convierta en una crisis diplomática.

Lo que viene

En diciembre, Exponaval reunirá en Valparaíso a Babcock y a los demás candidatos para los futuros programas de la Armada. El Congreso chileno sigue tramitando la ley de control de exportaciones. Y el 12 de noviembre se votará en Buenos Aires la Ley Malvinas, cuyo texto final dirá cuánto pesa la relación chileno-británica en la agenda argentina.