Hermanas, exparejas, empresas de parientes, antiguos empleadores y fundaciones vinculadas a ocho exautoridades del gobierno de Gabriel Boric —Antonia Orellana, Diego Pardow, Maya Fernández, Julieta Brodsky, Andrea Gutiérrez, Bernardo Martorell, Camila Vallejo y Miguel Crispi— recibieron cuantiosos recursos públicos durante los cuatro años de esa administración, según una investigación de El Líbero firmada por la periodista Emily Avendaño. Esta columna, que ha exigido de manera consistente el mismo estándar de anticorrupción y probidad a todos los sectores políticos chilenos —desde los casos "cuota Flores" y "cuota Kusanovic" en el Senado hasta el mapa judicial del caso Audio en el Poder Judicial—, categoriza esta investigación bajo la denominación que le corresponde con precisión: un informe de beneficios extraordinarios obtenidos por el entorno cercano de autoridades públicas mientras estas ejercían efectivamente el poder que la ciudadanía les confió.