El Gobierno de José Antonio Kast dio por concluida la fase de revisión de la auditoría interna "Inspección Total", el proceso de fiscalización más amplio realizado sobre la gestión del gobierno de Gabriel Boric, con un resultado que confirma la magnitud del deterioro administrativo heredado: cuatro nuevos casos —Junaeb, la Dirección del Trabajo, y las subsecretarías de la Mujer y del Deporte— fueron derivados a la Fiscalía por eventuales delitos, mientras otros siete casos quedaron en manos de la Contraloría General de la República y cinco más en el Consejo de Defensa del Estado.

Nueve ministerios bajo revisión, alertas presupuestarias en todos

Según confirmó el Gobierno tras la quinta sesión de trabajo de este proceso, desarrollada en el Palacio de La Moneda, la auditoría "Inspección Total" levantó alertas presupuestarias específicas en nueve reparticiones estatales distintas, aunque las irregularidades de mayor gravedad se concentraron precisamente en los cuatro organismos que ahora enfrentan investigación penal: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Dirección del Trabajo (DT), la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, y la Subsecretaría del Deporte.

Es relevante recordar que el caso Junaeb no es una novedad completa: VDI Global ya había documentado, en informes anteriores sobre la Corporación Santiago 2023, un patrón similar de gestión irregular en el ámbito deportivo durante la administración anterior, con $23.727 millones en rendiciones de gastos rechazadas por el propio Instituto Nacional de Deportes. La confirmación ahora de que la Subsecretaría del Deporte también aparece en esta segunda ronda de derivaciones a la Fiscalía sugiere que el problema en esa cartera específica fue sistemático, y no un episodio aislado vinculado exclusivamente al evento panamericano.

Lo que revela la revisión de transferencias a fundaciones y corporaciones

Un elemento central de esta segunda fase de la auditoría fue la revisión exhaustiva de transferencias de recursos públicos hacia fundaciones y corporaciones externas al Estado, un mecanismo que —como VDI Global documentó en su informe sobre la red de nepotismo del borismo— permitió que familiares y cercanos de al menos ocho exautoridades del gobierno de Boric recibieran cuantiosos recursos públicos a través de instituciones formalmente privadas pero financiadas casi enteramente con fondos estatales.

El hecho de que esta segunda revisión de la auditoría haya encendido "alertas" precisamente en esa misma lógica de transferencias hacia terceros —Junaeb con sus programas externalizados, la Subsecretaría de la Mujer con sus convenios, el Deporte con sus corporaciones asociadas— confirma que el patrón de gestión mediante fundaciones y corporaciones privadas financiadas con dinero público fue, durante la administración anterior, un mecanismo recurrente y no una excepción puntual.

El total acumulado: una auditoría de proporciones históricas

Sumando los resultados de esta segunda fase a los que VDI Global ya había reportado en informes anteriores sobre el cierre general de la Inspección Total —1.529 hallazgos totales en más de 500 servicios públicos revisados, con 118 recomendaciones de sumario administrativo—, el balance final de este proceso de fiscalización queda configurado de la siguiente manera: al menos 11 casos derivados a la Contraloría, 10 al Consejo de Defensa del Estado, y ahora un número creciente de casos con derivación directa y específica al Ministerio Público, entre ellos Junaeb, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de la Mujer y la Subsecretaría del Deporte.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que esta segunda ronda de derivaciones a la Fiscalía confirma, con mayor precisión aún, el patrón de gestión irregular que hemos documentado sistemáticamente en nuestras coberturas sobre el legado administrativo del gobierno de Gabriel Boric. No estamos hablando de casos aislados ni de errores administrativos menores: estamos hablando de un patrón repetido de transferencias hacia fundaciones y corporaciones externas, con alertas presupuestarias en nueve ministerios distintos, que ahora se traduce en investigaciones penales concretas en al menos cuatro carteras.

Es importante, con el mismo rigor de siempre, subrayar que la derivación de un caso a la Fiscalía no constituye una acreditación de responsabilidad penal individual: corresponderá al Ministerio Público determinar, caso por caso, si existieron delitos específicos y quiénes serían los responsables directos. Ninguna de las exautoridades vinculadas a estos organismos ha sido, hasta ahora, formalizada por hechos específicos derivados de esta auditoría, y todas mantienen plena presunción de inocencia.

Dicho esto, la escala acumulada de este proceso —que ya suma más de 20 casos derivados entre Contraloría, CDE y Fiscalía, sobre un total de 1.529 hallazgos documentados en toda la administración pública— exige que el actual Gobierno mantenga la máxima transparencia sobre el seguimiento de cada uno de estos casos, evitando que el enorme esfuerzo de auditoría realizado durante los primeros seis meses de la administración Kast termine diluyéndose en procesos judiciales lentos y sin consecuencias visibles para la ciudadanía.

Lo que corresponde exigir

• Que la Fiscalía priorice la investigación de los casos Junaeb, DT, Mujer y Deporte, dado que ya cuentan con antecedentes específicos recopilados por la propia auditoría estatal.
• Que se transparente públicamente el detalle de las irregularidades encontradas en cada uno de los nueve ministerios con alertas presupuestarias, más allá de los cuatro casos ya derivados a la Fiscalía.
• Que se dé seguimiento periódico y público al estado de los 11 casos en Contraloría y los 10 en el Consejo de Defensa del Estado, evitando que se pierdan en la lentitud administrativa habitual.
• Que se evalúe una reforma al mecanismo de transferencias hacia fundaciones y corporaciones externas al Estado, dado que ha demostrado ser un vehículo recurrente para la falta de control y transparencia en el uso de recursos públicos.

Conclusión

La segunda fase de la auditoría "Inspección Total" confirma, con cuatro nuevos casos derivados a la Fiscalía, que el patrón de irregularidades en la gestión del gobierno de Boric fue mucho más extendido de lo que las primeras revelaciones sugerían. Junaeb, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de la Mujer y la Subsecretaría del Deporte se suman ahora a una lista que ya incluye a Becas Chile, el Minvu, Transportes y la Corporación Santiago 2023. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo judicial de cada uno de estos casos.