El Juzgado de Garantía de Iquique resolvió que cuatro miembros del llamado "clan Chen" —Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, formalizados por asociación ilícita y lavado de activos por más de $160 mil millones de pesos— sean devueltos al penal de Alto Hospicio, tras haber sido trasladados al penal La Laguna, la nueva cárcel de máxima seguridad en Talca, en el marco de la Operación Cancerbero. El fallo se produjo luego de que las defensas de los imputados presentaran recursos para dejar sin efecto su derivación al recinto de máxima seguridad del Maule.

Para VDI Global, esta resolución judicial confirma exactamente el problema que este medio ha señalado de manera reiterada: mientras el Estado logra avances operativos reales contra el crimen organizado, el propio sistema legal permite que las defensas de los imputados reviertan esos avances por la vía de recursos procesales, dejando en evidencia un vacío normativo que el crimen organizado ya aprendió a explotar.

Lo que hizo el "clan Chen"

Según antecedentes del Ministerio Público, el "clan Chen" habría operado un esquema de estafas en línea conocido como "pig butchering", que engaña a las víctimas para que entreguen su dinero bajo la promesa de falsas inversiones. Para encubrir esas operaciones, la organización habría levantado sociedades con apariencia legal a través de tiendas en la Zona Franca de Iquique, con roles diferenciados entre sus integrantes: personas encargadas de crear sociedades, prestar sus nombres, manejar cuentas bancarias, llevar la contabilidad y mover el dinero. El monto total lavado por la organización se estima en más de $160 mil millones de pesos.

Por qué falló el traslado

La resolución del Juzgado de Garantía de Iquique se originó en un reporte de Gendarmería que, según consignó Informe Especial, no habría cumplido con el estándar requerido para sustentar el traslado de los cuatro imputados desde el penal La Laguna a un recinto de máxima seguridad. Consultado por la determinación, el Ministerio de Justicia señaló que las políticas de segregación de reclusos corresponden a Gendarmería, institución que acata las decisiones judiciales sin perjuicio de las acciones legales que pueda ejercer. Gendarmería, por su parte, informó que su unidad jurídica evalúa interponer acciones para revocar el fallo.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, calificó la Operación Cancerbero como "un éxito" y remarcó que es el director de Gendarmería quien tiene las facultades legales y reglamentarias para determinar en qué recinto penitenciario debe cumplir condena cada imputado, subrayando que se trata de "una cuestión de seguridad y de enfrentamiento al crimen organizado y al terrorismo".

La reforma que el Gobierno dice que evitaría estos casos

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, fue más allá al vincular esta resolución con la necesidad de la reforma constitucional que el Gobierno ha impulsado en materia de seguridad. Según explicó, ya existen personas trasladadas al penal La Laguna que han presentado recursos para ser devueltas a otros recintos con normas de seguridad menos estrictas, "donde están en su espacio de confort", incluyendo a integrantes del clan Chen.

Arrau detalló que, entre los puntos que busca la reforma impulsada por el Ejecutivo, están la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y terroristas, y el blindaje del sistema penitenciario para que las normas aplicables a personas condenadas por crimen organizado o terrorismo sean "duras" e "irreversibles". El objetivo, según el ministro, es que cuando un juez determine que una persona pertenece a este tipo de organizaciones, esa calificación defina automáticamente un régimen penitenciario de máxima seguridad, sin que ese destino pueda revertirse posteriormente por la vía de recursos como el que benefició esta semana al clan Chen.

Lectura editorial — VDI Global

Para VDI Global, este caso es el ejemplo perfecto de por qué la reforma constitucional de seguridad que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast no es una ocurrencia retórica, sino una respuesta a un problema real y documentado: el sistema legal actual permite que las defensas de organizaciones criminales de alta peligrosidad reviertan, por la vía de tecnicismos procesales —en este caso, un informe de Gendarmería que no cumplió con un estándar formal—, decisiones operativas que buscaban precisamente aislar a estos grupos del resto de la población penal.

No corresponde a este medio cuestionar la resolución específica del Juzgado de Garantía de Iquique, que actuó conforme a la normativa vigente y a las falencias del informe presentado por Gendarmería. El problema no es la actuación del tribunal: es que la normativa vigente permite este tipo de resultados. Por eso este medio respalda la reforma que plantea el ministro Arrau: si el crimen organizado y el terrorismo requieren un régimen penitenciario especial e irreversible, la ley debe establecerlo con esa claridad.

Lo que corresponde exigir

• Que Gendarmería corrija a la brevedad las falencias de estándar detectadas en su informe, y presente los antecedentes necesarios para sustentar adecuadamente el traslado de reos de alta peligrosidad al penal La Laguna.
• Que el Congreso avance con celeridad en la tramitación de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, particularmente en lo referido al régimen penitenciario especial e irreversible para el crimen organizado y el terrorismo.
• Que se transparente públicamente cuántos recursos similares han sido presentados por otros reclusos trasladados al penal La Laguna, para dimensionar el alcance real de este problema.
• Que el Ministerio Público continúe la investigación contra el "clan Chen" con el mismo rigor mostrado hasta ahora, sin que esta resolución procesal afecte el fondo de la causa por asociación ilícita y lavado de activos.

Conclusión

La resolución del Juzgado de Garantía de Iquique que devuelve a cuatro miembros del "clan Chen" al penal de Alto Hospicio desde el penal La Laguna, tras un recurso legal que reveló falencias en el informe de Gendarmería, es la confirmación de un problema estructural que trasciende este caso puntual: el sistema penitenciario chileno todavía no cuenta con las herramientas legales para blindar de manera irreversible la segregación de organizaciones criminales de alta peligrosidad. Para VDI Global, este episodio refuerza la urgencia de la reforma constitucional que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.