El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sostiene en una columna que todo indica que Argentina prepara un reclamo jurídico para modificar los límites de soberanía en el Estrecho de Magallanes. La advertencia es una opinión: el texto no identifica ninguna ley, mapa ni presentación formal, y se apoya en declaraciones de autoridades argentinas y en la lectura que hace el autor.

La tesis de Kaiser

Kaiser considera extraño que las fricciones geopolíticas de los últimos meses coincidan, y las interpreta como un intento de sentar precedentes basados en la costumbre, es decir, en el derecho consuetudinario. Como antecedente, cita el caso con Perú: según su lectura, la Cancillería peruana sostuvo que no existía una frontera marítima trazada con Chile, invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y propuso una línea equidistante. El caso terminó en la Corte Internacional de Justicia con resultados desfavorables para Chile, según el autor, que además afirma que la frontera defendida por Chile era desproporcionada. Esa es su interpretación.

Qué dijeron las autoridades argentinas

La columna reporta dos declaraciones. El contraalmirante Hernán Montero, de Hidrografía Naval, afirmó que la boca oriental del estrecho correspondía a territorio argentino. En agosto, el brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, incluyó Magallanes dentro de la proyección de soberanía de su país.

La Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, reconoció la relevancia estratégica del extremo austral por sus recursos y rutas marítimas, pero insistió en la cooperación bilateral. Mencionó el reconocimiento mutuo de derechos antárticos, la coadministración de zonas protegidas, la Patrulla Antártica Naval Combinada, activa desde hace más de 25 años, y una propuesta conjunta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional.

El Presidente Kast respondió que el canciller chileno fue “muy claro” y agradeció las declaraciones argentinas que reconocen la soberanía chilena sobre el estrecho.

El decreto y las Falklands

Kaiser recuerda que Argentina mantiene vigente el Decreto 256/2010, que exige solicitar permisos para navegar por aguas que Buenos Aires considera bajo su jurisdicción, y lo ve como una contradicción con el discurso de cooperación.

Señala además un factor de tensión: se reactivó el comercio y el tráfico marítimo directo entre Punta Arenas y las Falklands, impulsado por el sector privado de Magallanes para apoyar el primer gran proyecto petrolero del archipiélago. Según la columna, el presidente de la Liga Naval Argentina amenazó con detener un buque chileno que iría a las islas, y un perito naval argentino planteó lo mismo. Son hechos que el autor cita, y que remiten a otras notas.

Lo que pide el autor

Kaiser pregunta si el gobierno garantiza efectivamente a los operadores de Punta Arenas los derechos de libre navegación previstos en los tratados vigentes con Argentina. Rechaza ceder ante intentos argentinos de arrastrar a Chile a un boicot contra el Reino Unido, al que describe como el aliado militar más antiguo de Chile y principal proveedor estratégico de su Armada. Y concluye que el dilema debe resolverse “con asertividad y energía”.

Lectura editorial

Hay que separar lo que se sabe de lo que se teme. Lo que se sabe: un contraalmirante y un brigadier argentinos dijeron cosas sobre el estrecho que a Chile no le caben, existe un decreto que exige permisos en aguas que Buenos Aires considera suyas, y hay amenazas de detener un buque chileno. Lo que se teme, y que es la tesis de Kaiser, es que todo eso forme parte de un plan jurídico. Esa parte no está demostrada, y la propia columna no cita ningún acto formal.

Pero las dos cosas juntas obligan a preguntar lo que escribió en el titular: ¿hasta cuándo estas demostraciones inamistosas? Con un país vecino con el que Chile coopera en la Antártica desde hace décadas, no tendría por qué haber que descifrar si cada declaración es un gesto o una intención. Cuando una cancillería habla de cooperación mientras militares y decretos dicen otra cosa, la señal es confusa, y a Chile le corresponde pedir claridad.

El gobierno hizo bien en recordar que el estrecho es chileno. Falta que esa claridad llegue también a los tratados que garantizan la navegación de nuestros barcos.