Seis años después del estallido social, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los hechos de violencia de octubre de 2019 cerró su trabajo sin haber identificado a un solo instigador, financista o coordinador de esa ola de violencia que paralizó al país durante meses. Esta columna, que ya sostuvo su propia tesis editorial sobre el origen no exclusivamente espontáneo del estallido —incluyendo la hipótesis de injerencia externa que documentamos en su momento—, examina ahora este desenlace institucional que confirma, con la máxima crudeza posible, que Chile sigue sin respuestas sobre uno de los episodios más determinantes de su historia reciente.

El resultado final: ocho votos contra cuatro, sin nombres propios

El informe final, impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL), fue aprobado por ocho votos contra cuatro. Votaron a favor Enrique Bassaletti (independiente-republicano), Sergio Bobadilla (UDI), Hans Marowski (libertario), Cristóbal Martínez (UDI), Javier Olivares (PDG), Alejandro Riquelme (republicano), Javiera Rodríguez (republicana), y, de manera reveladora, el propio diputado RN Francisco Orrego. En contra votaron Jorge Díaz (DC), Daniel Manouchehri (PS), Lorena Pizarro (PC) y Consuelo Veloso (FA).

El vacío que titula esta columna: ni un solo instigador identificado

Esta columna considera que el elemento más grave de todo este informe, muy por encima de cualquier controversia política puntual sobre el gobierno de Piñera, es que la comisión cerró su trabajo sin identificar quiénes promovieron los hechos de violencia, pese a que reunir antecedentes sobre autores, cómplices e instigadores formaba parte explícita de su mandato original. Seis años, una comisión investigadora completa, y Chile sigue sin saber, institucionalmente, quién planificó, financió y coordinó la violencia organizada que incendió estaciones de Metro, saqueó comercios y dejó a miles de familias bajo el miedo y la extorsión durante meses.

Por qué no se supo: la explicación de Marowski

El presidente de la instancia, Hans Marowski (PNL), atribuyó ese vacío a la falta de colaboración y de acceso a información. "Tuvimos 11 sesiones, invitamos a 32 personas, y solo 17 decidieron concurrir", señaló, mencionando entre quienes no asistieron al exministro del Interior Andrés Chadwick, al exdirector del INDH Sergio Micco, a los exdirectores de la ANI Gustavo Jordán y Luis Masferrer, y al exsubsecretario del Interior Juan Francisco Galli (RN). Marowski agregó, además, un dato que esta columna considera revelador de la magnitud del hermetismo institucional que enfrentó la comisión: de 65 oficios enviados, solo 10 fueron respondidos, y otros dos tuvieron carácter reservado.

"Cuando hoy se dice que la comisión no logró identificar a los instigadores, hay que decir también por qué. No tuvimos acceso a toda la información que estábamos necesitando, y esta fue una oportunidad histórica que las autoridades de la época desaprovecharon", afirmó Marowski, quien sostuvo que siguen abiertas preguntas fundamentales: "¿Quién planificó estos hechos? ¿Quién los financió? ¿Quién los coordinó?". Su conclusión es, para esta columna, la frase que mejor resume el estado actual de este expediente: "la historia del 18 de octubre del 2019 aún no está cerrada y, la verdad, todavía está pendiente".

El giro sorpresivo: un reproche al gobierno de Piñera

Esta columna considera que el desenlace más inesperado de este informe —que no era, según reconstruye esta cobertura, necesariamente el objetivo inicial de la comisión— es que terminó con un reproche directo hacia la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera. El texto concluye que existieron "falencias en la capacidad preventiva del Estado" y que el sistema de inteligencia "carecía de una articulación adecuada", agregando que "resulta realmente grave que determinadas zonas del país, algunas de carácter crítico, hayan sido abandonadas por el Estado, mientras distintos grupos violentos se dedicaban a la destrucción, saqueo y alteración del orden público". El informe apunta directamente: "se evidencian excesivos incumplimientos del gobierno de la época por resguardar el orden público y cuidar la seguridad de los habitantes".

La reacción de Chile Vamos: rechazo unánime y en bloque

Esta columna reproduce, con la fidelidad que exige cualquier reacción institucional de esta magnitud, la respuesta que los tres principales partidos de Chile Vamos entregaron ante estas conclusiones. RN fue categórico: "rechaza categóricamente lo señalado por la comisión investigadora, que atribuye al gobierno del Presidente Sebastián Piñera una supuesta falta de voluntad para enfrentar la violencia", calificándolo de "una apreciación injusta y sin fundamentos que desconoce las condiciones extremas en que debió actuar el estado de Chile en el año 2019". El partido recordó que "durante meses grupos violentistas incendiaron estaciones del metro, iglesias, edificios públicos y comercios. Saquearon fuentes de trabajo, atacaron a carabineros y sometieron a miles de familias al miedo y la extorsión".

La UDI rechazó "de manera tajante" las conclusiones, acusando que la comisión, "sin identificar a ningún instigador de la violencia ni rastros de financiamiento, optó por apuntar al expresidente Sebastián Piñera". Fue enfática: "no vamos a permitir que se utilice el dolor de las víctimas ni la institucionalidad del Congreso para enlodar la memoria de Sebastián Piñera", anticipando además que el informe será rechazado en la Sala de la Cámara. Evópoli se sumó en el mismo tono: "defendemos el legado democrático del Presidente Sebastián Piñera y no aceptamos una memoria selectiva".

Lo que esta columna considera el problema real: dos verdades que no se excluyen

Esta columna considera que el debate público que se avecina corre el riesgo de reproducir un falso dilema que ya hemos identificado en episodios anteriores de esta cobertura: la disputa entre "hubo fallas del Estado de Piñera" versus "hubo instigación organizada externa" no son, en rigor, hipótesis mutuamente excluyentes. Esta columna ya sostuvo, en su cobertura editorial sobre el origen del estallido social, que la evidencia disponible respalda la existencia de una coordinación de violencia que excedió ampliamente la protesta social espontánea. Que la propia comisión investigadora, seis años después, no haya logrado identificar a los responsables de esa coordinación no invalida esa tesis: la confirma, en el sentido más literal posible, porque demuestra que el aparato de inteligencia y las instituciones llamadas a esclarecer ese origen fallaron sistemáticamente en hacerlo, ya sea por incapacidad técnica, por falta de colaboración de las propias autoridades de la época, o por ambas razones combinadas.

Al mismo tiempo, esta columna reconoce que las críticas de RN, la UDI y Evópoli sobre la injusticia de atribuir "falta de voluntad" a un gobierno que efectivamente enfrentó una crisis de violencia sin precedentes en la historia reciente de Chile, merecen ser ponderadas con seriedad: existe una diferencia real entre reconocer fallas operativas puntuales del aparato de inteligencia estatal —algo que cualquier evaluación honesta de ese período probablemente confirmaría— y calificar de "excesivos incumplimientos" la gestión completa de una administración que, según reconoce el propio informe en otro pasaje, enfrentó "condiciones extremas".

Lo que corresponde exigir: que la investigación no termine aquí

Esta columna exige que este vacío de seis años sobre los instigadores, financistas y coordinadores del estallido social no se cierre definitivamente con este informe parlamentario, precisamente porque la propia comisión reconoce que careció de acceso pleno a la información necesaria. Corresponde exigir a la Fiscalía, y no solo al Congreso, que mantenga abiertas las líneas de investigación pendientes sobre este mismo objeto, con las facultades coercitivas que un órgano parlamentario, por definición, no posee. Que 55 de las 65 personas o entidades oficiadas no hayan respondido, y que 15 de los 32 invitados no hayan concurrido a declarar, confirma que existe todavía un universo de información relevante que ninguna instancia institucional chilena ha logrado, hasta ahora, poner sobre la mesa.

Conclusión: increíble, pero cierto

Esta columna concluye, con la misma indignación que titula esta pieza, que resulta francamente increíble que Chile, seis años después de uno de los episodios de violencia social más determinantes de su historia reciente —un episodio que reconfiguró completamente el mapa político del país, incluyendo el propio proceso constituyente que terminó rechazado dos veces en las urnas—, siga sin una respuesta institucional clara sobre quién planificó, coordinó y financió esa violencia. VDI Global seguirá exigiendo que esta investigación no se dé por cerrada, y que tanto el propio Congreso como la Fiscalía agoten todas las vías disponibles para que Chile finalmente sepa qué ocurrió en octubre de 2019.