El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este lunes una nota de protesta al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, por "intromisión en asuntos internos del país". El motivo: un cruce en X con la exdiputada comunista Carmen Hertz, después de que Lewi opinara sobre Michelle Bachelet. No lo vamos a maquillar: nos parece un error, y un error que sorprende especialmente viniendo de un Gobierno que, hasta hace apenas dos semanas, exhibía como uno de sus principales activos la recomposición de la relación con Israel.

Lo que pasó, sin adornos

El viernes 25, Hertz le escribió al embajador acusándolo de "denostar" a Bachelet y le recordó la Convención de Viena, preguntándole si la conocía. Lewi respondió que sí la conocía, calificó el tema como "un asunto internacional" y agregó: "basta de victimización y tapar bocas". Hertz insistió en que, como diplomático, tenía límites para opinar de política interna. Lewi cerró con un "¡no me vas a callar!". Hertz remató: "usted no es opinólogo, sino embajador".

Tres días después, la Cancillería formalizó una nota de protesta.

El argumento de la intromisión, en boca de quién

Aquí está el punto que no podemos dejar pasar. La Convención de Viena efectivamente contempla un deber de no injerencia de los diplomáticos en los asuntos internos del país receptor, y ese principio existe por buenas razones. El problema no es el principio: es quién lo invoca, y con qué cara.

Carmen Hertz ha construido buena parte de su carrera pública opinando, sin ninguna cortesía diplomática, sobre Israel: su gobierno, sus fuerzas armadas, su política exterior. Lo mismo puede decirse de sectores completos del Frente Amplio y el Partido Comunista, que no han dejado pasar una sola semana en los últimos dos años sin adjetivizar al Estado de Israel en términos durísimos, muchas veces sin matiz ni contexto. Que ahora se le exija a un embajador israelí el silencio absoluto frente a una figura pública que opina de él con total libertad es, cuando menos, un doble estándar que ninguna cancillería debería avalar con su firma.

Lewi no calificó a Bachelet de nada infamante en lo que trascendió: dijo que era "un asunto internacional" y pidió que se dejara de "victimizar" y "tapar bocas". Es una opinión dura, sí. Pero comparada con lo que se dice a diario sobre Israel en el propio debate público chileno, cuesta entender por qué esta es la línea que finalmente activó una protesta formal del Estado.

El antecedente de agosto, y la pregunta que falta responder

El episodio con Hertz no fue aislado. En agosto, Lewi había cuestionado una muestra fotográfica sobre Gaza en el Teatro Municipal de Viña del Mar, lo que también generó reclamos de parlamentarios y un pedido del senador Sergio Gahona a la Cancillería para que hiciera respetar la Convención de Viena. Es decir, esta no es la primera vez que sectores políticos buscan que el Estado chileno amoneste al embajador israelí por opinar.

La pregunta que corresponde hacerle al Gobierno es simple: ¿existe el mismo estándar de vigilancia diplomática para otros embajadores acreditados en Chile que opinan, con frecuencia, sobre asuntos internos mucho más sensibles? Si la respuesta es no, entonces esto no es aplicación pareja de la Convención de Viena. Es selectividad.

Lo insólito: Kast yendo más lejos que Boric

Y aquí llegamos al punto que de verdad debería inquietar a quienes hemos respaldado la recomposición de la relación con Israel bajo esta administración. Durante el gobierno de Gabriel Boric, con todo el historial de tensión que documentamos extensamente —la negativa a recibir cartas credenciales, el llamado a consultas del embajador chileno en Tel Aviv, la exclusión de empresas israelíes de FIDAE—, no tenemos registro de que la Cancillería haya llegado a entregar una nota de protesta formal contra el embajador de Israel por sus declaraciones públicas.

Que sea precisamente el Gobierno de Kast, después de meses reconstruyendo con esfuerzo esa relación bilateral, el que dé este paso, es insólito. No exageramos con la palabra. Es exactamente el tipo de gesto que, sin necesidad alguna, siembra dudas sobre la consistencia de la política exterior chilena hacia Israel, justo cuando esa consistencia era uno de los pocos activos que el actual Gobierno podía mostrar con claridad frente a la administración anterior.

Lo que corresponde

Un embajador tiene, efectivamente, límites. Pero también tiene derecho a defenderse cuando un ex parlamentario lo interpela públicamente por su nacionalidad y por representar a su país. Si el Gobierno quiere fijar un estándar de sobriedad diplomática para todo el cuerpo acreditado en Chile, que lo haga parejo, con criterios explícitos y aplicables a cualquier embajada, no solo a la de Israel después de una polémica en redes sociales.

Lo que no corresponde es que la Cancillería termine, en los hechos, dándole la razón a quienes llevan meses buscando exactamente este resultado: una sanción formal al embajador israelí por, en último término, negarse a quedarse callado frente a un ataque público.