El Ministerio de Justicia estableció que la Fundación Libera —la ONG que acudió ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para denunciar trabajo forzoso en Chile, denuncia que terminó en una sobretasa arancelaria del 12,5% contra parte de las exportaciones nacionales— incumplió durante nueve años consecutivos, entre 2017 y 2025, su obligación legal de entregar memorias y balances financieros. La cartera ya solicitó antecedentes adicionales tanto a la propia fundación como al Registro Civil para evaluar la apertura de un procedimiento de fiscalización.

Nueve años sin cumplir una obligación básica del Código Civil

Según un oficio remitido por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la Cámara de Diputados, la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas "no ha ingresado para su análisis y estudio las memorias y balances correspondientes a los años 2017 a 2025". El documento, fechado el 24 de agosto, respondió a un requerimiento presentado por la bancada de la UDI.

El propio informe cita textualmente la norma incumplida: el artículo 557-1 del Código Civil "dispone que las personas jurídicas regidas por este título estarán obligadas a llevar contabilidad y deberán confeccionar además anualmente una memoria explicativa de sus actividades y un balance aprobado por la asamblea o, en las fundaciones, por el directorio". El oficio precisa además que, durante ese período de nueve años, no se registraron denuncias ni procedimientos de fiscalización previos contra la organización, lo que sugiere una falla de control sostenida también por parte del propio Estado.

La crítica de la UDI: "debería partir por transparentar sus propias cuentas"

El diputado Sergio Bobadilla, subjefe de la bancada UDI, fue categórico: "es bastante grave e inexplicable que durante el gobierno anterior el Ministerio de Justicia no haya exigido a esta organización la entrega de sus memorias y balances, tal como lo exige la ley. Aquí no sólo hay un serio problema de transparencia de esta fundación, cuyo financiamiento aún no ha sido completamente esclarecido, sino que además existen incumplimientos que perfectamente podrían derivar en la apertura de un procedimiento de fiscalización".

El parlamentario fue más duro aún al vincular este incumplimiento con la actuación internacional de la ONG: "una fundación que pretende dar lecciones de transparencia al país y que llegó hasta Estados Unidos a denunciar un supuesto trabajo forzoso en Chile, sin ningún antecedente concreto y generando graves consecuencias para nuestros exportadores, debería partir por transparentar sus propias cuentas, explicar quiénes la financian y rendir cuenta de sus actuaciones".

La respuesta de Libera: "problemas en la plataforma"

Consultada por Ex-Ante, la directora de la ONG, Carolina Rudnick, entregó una explicación técnica: aseguró que el 23 de junio de 2025 intentaron ingresar sus memorias y balances al sistema del Ministerio de Justicia, pero no fue posible subirlas por fallas de la plataforma. Lo intentaron nuevamente en 2026, cuando el sistema ya había cambiado, y actualmente solicitan autorización al ministerio para regularizar la situación cuanto antes.

Rudnick también denunció haber sido objeto de "persecución y duros ataques en redes sociales" desde que se conoció su comparecencia ante la USTR. Según su versión, Libera es una fundación pequeña cuyos profesionales trabajan pro bono, con un balance de apenas $6 millones en 2025 y $15 millones en 2024. Afirmó además que la organización integra la mesa interseccional contra la trata de personas del Estado, realiza capacitaciones gratuitas a funcionarios públicos, y se ha adjudicado proyectos internacionales financiados por Anti-Slavery International, Fair Food Program y The Freedom Fund.

El contraste: Ecocéanos no tenía la misma obligación legal

El Ministerio de Justicia precisó un dato relevante que diferencia a las dos organizaciones que participaron en la denuncia ante la USTR: a diferencia de Libera, el Centro Ecocéanos —la otra ONG chilena que cuestionó las condiciones laborales de sectores como la salmonicultura y la agricultura ante el organismo estadounidense— no está sujeto a la misma obligación de entregar memorias y balances, por tratarse de una organización comunitaria con un estatus jurídico distinto.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que este hallazgo del Ministerio de Justicia expone una contradicción difícil de sostener: una organización que se presentó ante un organismo del gobierno de Estados Unidos para denunciar presuntas violaciones laborales en Chile —denuncia que terminó costándole a los exportadores chilenos una sobretasa arancelaria del 12,5%, sin que hasta la fecha existan antecedentes concretos y verificados que la sustenten plenamente— no cumplió durante nueve años consecutivos con la obligación más básica de transparencia que la propia ley chilena le exige a cualquier fundación: rendir cuentas de su actividad y su financiamiento.

La explicación de "problemas en la plataforma" ofrecida por Carolina Rudnick puede ser parcialmente válida para explicar dificultades puntuales en 2025 y 2026, pero no explica de ninguna manera un incumplimiento que se extiende, según el propio oficio ministerial, desde 2017. Nueve años es un plazo que excede largamente cualquier problema técnico razonable, y coincide, además, con años en que la propia organización ganaba protagonismo público y proyección internacional.

Es imprescindible, con el mismo rigor de siempre, señalar que hasta ahora no existe una acusación formal de fraude ni de delito alguno contra la Fundación Libera: lo que el Ministerio de Justicia detectó es un incumplimiento administrativo de una obligación de transparencia establecida en el Código Civil, que ahora deberá evaluarse en un eventual procedimiento de fiscalización. El titular de este artículo plantea una pregunta legítima dado el contexto —una organización que exige transparencia y rigor a terceros, incumpliendo ella misma esa misma exigencia durante casi una década—, pero no constituye una afirmación de culpabilidad penal, que solo correspondería establecer, si procediera, a los organismos competentes tras una investigación completa.

Compartimos plenamente la exigencia del diputado Bobadilla: cualquier organización que aspire a incidir en política internacional con consecuencias económicas tan severas para el país, como una sobretasa arancelaria del 12,5%, tiene la obligación moral y legal de ser la primera en transparentar su propio financiamiento y funcionamiento, antes de exigírselo a nadie más.

Lo que corresponde exigir

• Que el Ministerio de Justicia complete su procedimiento de fiscalización con la mayor celeridad posible, dado que el incumplimiento se extiende por nueve años.
• Que Fundación Libera transparente de manera inmediata y completa su financiamiento, incluyendo el origen y monto exacto de los proyectos internacionales que ha ejecutado.
• Que se investigue si el incumplimiento de esta obligación tuvo alguna relación con la información que la organización presentó ante la USTR de Estados Unidos.
• Que se revise si existieron responsabilidades del propio Ministerio de Justicia, bajo la administración anterior, por no haber fiscalizado a la fundación durante nueve años consecutivos.

Conclusión

El hallazgo del Ministerio de Justicia sobre Fundación Libera plantea una pregunta legítima e incómoda: ¿cómo puede una organización exigir estándares de transparencia y derechos laborales a terceros países, con consecuencias económicas reales para miles de trabajadores chilenos, mientras ella misma incumplió durante nueve años consecutivos la obligación más básica de rendir cuentas ante el Estado que la reconoce? VDI Global seguirá de cerca el resultado del procedimiento de fiscalización que ahora evalúa el ministerio.