El sueldo que "desconcertó" incluso a sus propios pares de izquierda

Cinco de los seis concejales del municipio de Calle Larga, en la Región de Valparaíso, presentarán esta semana un oficio ante la Contraloría General de la República por la contratación de Claudia Mix, exdiputada del Frente Amplio, como asesora de la alcaldesa Dina González. Según datos oficiales de Transparencia, Mix recibió durante julio un sueldo bruto de $3.900.000 —una cifra calificada de manera transversal, incluyendo por concejales del propio bloque de izquierda, como "desproporcionada"—, pese a que su contrato original a honorarios establecía una remuneración de $2.339.000.

En sus funciones oficiales figuran "asesoría, apoyo técnico y gestión en las áreas de salud, mujer y familia a nivel municipal" y "asesoría a programa gobierno local". Pero los propios ediles denuncian que, en la práctica, Mix ejerce funciones no declaradas como jefa de gabinete de la alcaldesa —un cargo que un contrato a honorarios no puede desempeñar legalmente, según el reclamo formal presentado por diputados de oposición.

El detalle que agrava el cuestionamiento: la pareja también cobra del municipio

El caso no termina en Mix. Gerardo Flores, pareja de la exparlamentaria, también trabaja en el mismo municipio, percibiendo un sueldo bruto de $1.946.903 por funciones de "diseñar, ejecutar y evaluar intervenciones sociales" en la comuna. Es decir, la misma administración municipal paga simultáneamente a la exdiputada y a su conviviente, sumando cerca de $5.850.000 mensuales entre ambos, financiados con recursos públicos de una comuna de escasos recursos.

La molestia viene desde adentro del propio bloque oficialista comunal

Lo más revelador de este episodio es que el cuestionamiento no proviene solo de la oposición. La concejala Bárbara Farías, del Partido Socialista —perteneciente a la misma bancada de la alcaldesa Dina González—, confirmó el requerimiento a Contraloría y fue durísima en sus declaraciones: "es el sueldo de esta señora más el sueldo de su pareja, entonces de verdad que son unos caras de palo". Farías agregó, con una comparación que expone la magnitud del desbalance: "aquí hay personas que llevan años ganando una miseria, como es el sistema público (...) ella gana mucho más que el Administrador Municipal, cuando el administrador debiese ser el segundo sueldo después de la alcaldesa". La propia Asociación de Funcionarios del municipio anunció que se reunirá para presentar una queja formal.

El concejal independiente Alex Cabezas confirmó que las acciones legales se concretarán esta misma semana, tras la falta de respuestas a sus requerimientos previos por la vía de Transparencia. Y el diputado Javier Olivares (Partido de la Gente) instó formalmente a la Contraloría a considerar que personal contratado a honorarios no puede desempeñar funciones propias de una jefatura, tal como —según la denuncia— estaría ocurriendo con Mix.

Hasta el cierre de la nota original, ni la Municipalidad de Calle Larga, ni la alcaldesa González, ni la propia Claudia Mix habían entregado declaraciones pese a los reiterados intentos de contacto.

Lectura editorial

Esta columna encuentra en este caso un ejemplo particularmente elocuente de la brecha entre el discurso y la práctica que ya hemos documentado en otras coberturas sobre el Frente Amplio, incluyendo nuestro catastro de agosto sobre el 64% de la cúpula del partido que trabajó en el gobierno de Boric con sueldos sobre los $5 millones. Que sea precisamente una concejala socialista, del mismo bloque de gobierno comunal, quien denuncie con la frase "caras de palo" el desbalance entre el sueldo de una exdiputada frenteamplista y el de los funcionarios de carrera de un municipio pequeño, confirma que este no es un cuestionamiento ideológico de la derecha hacia la izquierda, sino una contradicción interna que la propia izquierda no logra explicar. Un partido que ha construido buena parte de su identidad pública en torno al discurso de la justicia social y la crítica a los privilegios no puede exigir consistencia moral a otros sectores mientras dos personas de su propio círculo cercano acumulan casi $6 millones mensuales de un municipio que, según su propia concejala aliada, no puede pagarle dignamente a sus funcionarios de planta.

Lo que corresponde exigir

• Que la Contraloría General de la República resuelva con prontitud el oficio presentado por los concejales, determinando si Mix efectivamente ejerce funciones de jefatura incompatibles con su contrato a honorarios.
• Que la alcaldesa Dina González y la propia Claudia Mix rompan su silencio y entreguen explicaciones públicas sobre el alza de $2.339.000 a $3.900.000 en la remuneración mensual, y sobre la naturaleza exacta de las funciones que Mix ejerce en la práctica.
• Que se transparente si existe algún vínculo entre la contratación de Gerardo Flores y la de su pareja, y si ambos contratos fueron sometidos al mismo escrutinio que exige la ley para evitar conflictos de interés entre convivientes dentro de una misma administración.
• Que el Frente Amplio, como partido, se pronuncie sobre este caso con la misma exigencia de transparencia que sus dirigentes suelen demandar de otros sectores políticos.

Conclusión

El caso de Claudia Mix en Calle Larga no necesita adjetivos adicionales: los datos de Transparencia, la denuncia de una concejala del propio bloque de gobierno comunal, y el silencio de todos los involucrados hablan por sí solos. Esta columna seguirá de cerca la resolución de la Contraloría y la eventual respuesta —si es que finalmente llega— de la exdiputada y de la alcaldesa González.