Una investigación periodística destapó una extensa red de familiares, exparejas, antiguos empleadores y fundaciones vinculadas a ocho exautoridades del gobierno de Gabriel Boric —Antonia Orellana, Diego Pardow, Maya Fernández, Julieta Brodsky, Andrea Gutiérrez, Bernardo Martorell, Camila Vallejo y Miguel Crispi— que recibieron cuantiosos recursos públicos mientras estas ejercían sus cargos. La modalidad se repite en distintos ministerios: contratos de trabajo, fondos concursables, tratos directos, órdenes de compra y subvenciones regulares que, sumados, superan los $2.500 millones de pesos.

El patrón: cultura, salud y defensa como epicentro de la red

La investigación, que revisó antecedentes de Mercado Público, ChileCompra, el Registro Central de Colaboradores del Estado y declaraciones de intereses y patrimonio, identificó que los casos se concentraron principalmente en el sector cultural, aunque también alcanzaron a Salud y Defensa.

Mientras Antonia Orellana integraba el gabinete como ministra de la Mujer, una de sus hermanas encabezó una unidad del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, su expareja ejerció un cargo directivo en la Subsecretaría de las Culturas, y la productora de otra de sus hermanas recibió millonarias transferencias y órdenes de compra. Durante la gestión de la ministra Julieta Brodsky, organismos de su cartera contrataron a una imprenta cuya socia es la madre de su media hermana. En el mismo período, una compañía teatral con la que había trabajado la entonces subsecretaria Andrea Gutiérrez obtuvo recursos de un fondo concursable, y más de $200 millones fueron traspasados a la Fundación Salvador Allende mientras Maya Fernández, nieta del expresidente, era ministra de Defensa.

El caso Orellana: tres familiares, tres vías de financiamiento

Antonia Orellana integró el gobierno de Boric durante todo su mandato, entre marzo de 2022 y marzo de 2026, como ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Su hermana Valentina Orellana Guarello fue designada en febrero de 2025 a cargo de la Unidad de Programación y Difusión Patrimonial del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, con contrato vigente hasta diciembre de 2026, tras haber sido promovida en 2024 dentro del mismo organismo.

En el mismo sector se desempeñó Ricardo Ahumada Soto, expareja de Orellana, quien asumió en septiembre de 2023 como jefe del Departamento de Comunicaciones de la Subsecretaría de las Culturas, en un cargo de exclusiva confianza designado directamente, sin concurso previo.

Otra hermana de la exministra, la cineasta Isabel Margarita Orellana Guarello, es dueña de Araucaria Cine SpA, sociedad que recibió entre 2023 y 2025 tres transferencias de la Subsecretaría de las Culturas por un total de $106.576.316, además de dos órdenes de compra por trato directo cercanas a los $7 millones cada una. En total, durante el gobierno de Boric, la productora recibió $326.576.316, aunque $220 millones de ese monto correspondieron a un proyecto adjudicado en enero de 2022, en las últimas semanas del gobierno de Piñera, formalizado ya bajo la administración de Boric. Cabe destacar que Araucaria Cine ha recibido fondos públicos de forma continua desde 2015, bajo los gobiernos de Bachelet, Piñera, Boric y también ya bajo la actual administración de José Antonio Kast. La propia exministra Orellana incluyó a la empresa de su hermana en su Declaración de Intereses y Patrimonio como "otras fuentes de conflicto de intereses".

Pardow y el estudio jurídico de su pareja

Diego Pardow se desempeñó como ministro de Energía entre septiembre de 2022 y octubre de 2025. Antes de asumir, fue director del estudio de abogados FerradaNehme, firma en la que también trabaja su pareja, Catalina Iñiguez, quien posteriormente pasó a integrar su nómina de socios.

Apenas dos semanas después de que Pardow asumiera el ministerio, la Comisión Nacional de Energía autorizó la contratación directa de FerradaNehme para una asesoría jurídica especializada por 500 UF (aproximadamente $17,1 millones), vinculada a un proceso tarifario "delicado y trascendente". La relación de Pardow con el estudio fue abordada durante la acusación constitucional que enfrentó en 2025, aunque en ese proceso la discusión se centró en otro tema —Transelec— y no en esta contratación específica de la CNE.

Los $200 millones a la fundación de la familia de Maya Fernández

Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende, fue ministra de Defensa entre marzo de 2022 y marzo de 2025. Durante ese período, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural transfirió $200.277.988 a la Fundación Salvador Allende, en tres convenios distintos entre 2024 y los primeros meses de 2025, mientras ella aún ejercía como ministra.

La propia fundación sostuvo que la glosa presupuestaria que financia su funcionamiento fue incorporada durante el segundo gobierno de Piñera, y que se trata de aportes similares a los entregados a otras fundaciones presidenciales. Sin embargo, antes de 2024, la última vez que había recibido recursos públicos fue en 2018, poco antes de que Bachelet dejara la Presidencia. Fernández renunció al cargo en marzo de 2025, en medio de la polémica por la fallida compra estatal de la casa de su abuelo por $933 millones, operación en la que también participaba su tía, la entonces senadora Isabel Allende, quien terminó cesada en su cargo por el Tribunal Constitucional por contratar con el Estado.

Gutiérrez y su antigua compañía teatral

Durante la gestión de Andrea Gutiérrez como subsecretaria de las Culturas, entre marzo de 2022 y julio de 2023, la Compañía Teatral La Mona Ilustre recibió $13.940.023 de un fondo concursable para una gira internacional. Gutiérrez había mantenido previamente una relación profesional con esa compañía, incluyendo una audiencia de lobby conjunta en 2019. La exsubsecretaria dejó el cargo en 2023 en medio de otra polémica de conflicto de interés, al reconocer que firmó convenios por $295 millones con una entidad en la que había trabajado antes, pese a tener la obligación legal de abstenerse.

Martorell y la farmacéutica de sus tíos: $800 millones bajo su gestión

Bernardo Martorell fue subsecretario de Redes Asistenciales entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Es sobrino de Pablo y Rodrigo Martorell Velasco, accionistas de Pharmatech Chile SpA, empresa farmacéutica con relación comercial con el Estado desde 2019. Entre abril y diciembre de 2025, ya con Martorell en el cargo, la empresa registró operaciones con hospitales y Servicios de Salud por $799.727.272, equivalentes al 81,76% de lo transado por la compañía ese año completo.

Es importante señalar que, ante la publicación original, Pharmatech Chile ejerció su derecho de rectificación conforme a la Ley 19.733, sosteniendo que Bernardo Martorell nunca tuvo participación accionaria, cargo directivo ni vinculación laboral con la empresa, que las órdenes de compra fueron emitidas por hospitales y Servicios de Salud —no por la Subsecretaría misma— a través de la plataforma Mercado Público, y que su relación comercial con el Estado es de larga data, siendo 2025 incluso su año de menor facturación en el período reportado.

Brodsky y la imprenta de la madre de su media hermana

Julieta Brodsky fue ministra de las Culturas entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Durante su gestión, Productora Gráfica Andros Limitada recibió cuatro órdenes de compra por un total de $21.628.250, incluyendo una licitación pública por $17,6 millones para un libro sobre patrimonio. Una de las socias de la imprenta, María Margarita Vera Giusti, es madre de Emilia Brodsky Vera, media hermana de la exministra. La empresa mantiene relación con el Estado desde 2012, bajo distintos gobiernos, e incluso trabajó en la campaña presidencial de Boric.

Vallejo: $1.209 millones facturados por la empresa de su suegra y cuñados

El caso más cuantioso corresponde a Camila Vallejo, ministra secretaria general de Gobierno durante todo el mandato de Boric. Una sociedad médica integrada por su suegra, dos cuñados y el cónyuge de esta última facturó $1.209.142.236 al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán durante los cuatro años del gobierno, cerca del 56% de todo lo facturado por esa sociedad al hospital desde 2011.

El esposo de Vallejo formó parte de esa misma sociedad —llegando a tener el 71%— pero salió de ella en 2018, cuatro años antes de que ella asumiera cualquier cargo de gobierno. La Ley 20.880 obliga a declarar a suegros y cuñados como parientes por afinidad, pero la declaración de intereses de Vallejo no incluía a su suegra ni a la totalidad de sus cuñados hasta que fue advertida por la investigación periodística, corrección que realizó posteriormente.

Crispi: la fundación familiar con financiamiento ininterrumpido desde 2012

Miguel Crispi fue subsecretario de Desarrollo Regional y luego jefe del equipo de asesores del presidente Boric hasta marzo de 2025. Está vinculado a la Fundación CrispiLago, que administra un jardín infantil en Romeral y que ha recibido 170 transferencias de la Junji entre 2012 y 2026, de forma ininterrumpida a través de cinco gobiernos distintos —incluidos los de Piñera, Bachelet y ahora Kast—. Crispi fue fundador y vicepresidente de su directorio entre 2008 y 2013, vínculo que él mismo declaró formalmente al asumir su cargo en 2022.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que esta investigación confirma, con nombre, apellido y cifras verificables en plataformas públicas, un patrón que hemos denunciado reiteradamente sobre la gestión del gobierno de Gabriel Boric: la existencia de una red de cercanía familiar y profesional que se tradujo, sistemáticamente, en acceso a recursos del Estado durante su administración. No se trata de una acusación aislada ni de un caso puntual, sino de ocho exautoridades distintas, en carteras tan diversas como Cultura, Energía, Defensa, Salud y la propia vocería de Gobierno, con patrones que se repiten: fondos concursables, tratos directos, licitaciones y subvenciones que terminaron beneficiando a hermanas, exparejas, suegras, cuñados, sobrinos y fundaciones familiares.

Es necesario, sin embargo, aplicar el mismo rigor a cada caso individual. No todos los casos documentados tienen la misma gravedad ni el mismo nivel de evidencia de irregularidad: algunos corresponden a relaciones comerciales que preceden largamente al gobierno de Boric y que se mantuvieron bajo distintas administraciones de todos los colores políticos, como ocurre con Araucaria Cine, la imprenta Andros o la Fundación CrispiLago. Otros, en cambio, presentan patrones más problemáticos, como contrataciones por trato directo iniciadas apenas días después de que la autoridad respectiva asumiera su cargo, o declaraciones de intereses incompletas que debieron corregirse tras ser advertidas por la prensa, como ocurrió con Camila Vallejo.

Destacamos también, con el mismo rigor que exigimos siempre, que Pharmatech Chile ejerció su legítimo derecho de rectificación, negando cualquier participación de Bernardo Martorell en las decisiones comerciales de la empresa. Este antecedente debe considerarse como parte íntegra del caso, y corresponde a los organismos fiscalizadores determinar, con toda la evidencia disponible, si hubo o no irregularidad efectiva en cada situación particular.

Con todo, la acumulación de casos de esta naturaleza en un mismo gobierno amerita una revisión seria por parte de Contraloría y, cuando corresponda, de la Fiscalía, para determinar si además de la cercanía familiar existió algún grado de influencia indebida en la asignación de estos recursos. La ciudadanía tiene derecho a saber si el criterio técnico primó sobre la cercanía personal en cada una de estas decisiones.

Lo que corresponde exigir

• Que Contraloría revise sistemáticamente los ocho casos documentados, determinando si en alguno de ellos existió conflicto de interés no declarado o influencia indebida en la asignación de recursos.
• Que se fortalezcan los mecanismos de declaración obligatoria de parientes por afinidad, incluyendo suegros y cuñados, para evitar omisiones como la detectada en el caso Vallejo.
• Que los organismos públicos transparenten con mayor detalle los criterios utilizados para autorizar tratos directos con empresas o entidades vinculadas al entorno cercano de autoridades de turno.
• Que se investigue, caso por caso, si los fondos concursables involucrados fueron adjudicados con estricto apego a criterios técnicos y no a la cercanía personal con la autoridad de turno.
• Que Pharmatech Chile y cualquier otra empresa mencionada en la investigación tengan pleno derecho a presentar la evidencia que sustente su descargo ante los organismos fiscalizadores correspondientes.

Conclusión

La investigación revela un patrón extendido de cercanía familiar y profesional entre exautoridades del gobierno de Gabriel Boric y beneficiarios de recursos públicos durante su administración, que suman más de $2.500 millones de pesos repartidos entre ocho casos distintos. Si bien no todos los casos tienen el mismo nivel de gravedad ni de evidencia, la acumulación de situaciones similares en un mismo gobierno exige una revisión rigurosa por parte de los organismos fiscalizadores. VDI Global seguirá esta historia de cerca, con el mismo estándar de exigencia que aplicamos a cualquier autoridad, sin importar su sector político.