El Ministerio del Deporte presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el cierre y liquidación de la Corporación Santiago 2023, organizadora de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Los antecedentes, recopilados desde el inicio de la administración Kast junto al IND y la Auditoría Total al Estado, incluyen rendiciones de cuentas rechazadas por $23.727 millones, 236 demandas laborales por $6.345 millones, y una corporación que continuó operando durante todo 2025 —con 72 personas contratadas y un presupuesto de $5.100 millones— pese a que su prórroga estatutaria nunca fue inscrita legalmente.

Una corporación que operó fuera de plazo, sin inscripción legal

Según los antecedentes entregados por el Gobierno, los estatutos de la Corporación Santiago 2023, redactados en 2018, establecían que la entidad debía existir solo hasta 12 meses después de finalizados los juegos —es decir, hasta el 26 de noviembre de 2024—, con una prórroga máxima de un año adicional. Sin embargo, en septiembre de 2024, bajo la dirección ejecutiva de Harold Mayne-Nicholls, la asamblea de socios decidió extender la vigencia hasta noviembre de 2025, pero esa extensión nunca se formalizó como exigían los propios estatutos: sin notario público ni inscripción legal.

El resultado: la Corporación continuó funcionando durante todo 2025 con una dotación de 72 personas contratadas y un presupuesto estimado de $5.100 millones, operando en los hechos sin respaldo jurídico válido. Recién en noviembre de 2025 la asamblea acordó terminar su vigencia e iniciar la liquidación, pero según el Ministerio, tampoco esa decisión fue inscrita legalmente.

La advertencia que quedó sin respuesta: el oficio de Natalia Duco

El 12 de agosto, un día antes de ser destituida de su cargo, la entonces ministra del Deporte, Natalia Duco, ofició directamente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar una fiscalización integral de la Corporación, señalando que "se han identificado materias relacionadas con su vigencia, modificaciones estatutarias, actos celebrados con posterioridad al vencimiento de su plazo de duración y disposiciones patrimoniales efectuadas durante dicho período, incluyendo donaciones". Ese oficio, hasta la fecha de esta publicación, no ha tenido respuesta desde Justicia. Contactado por Ex-Ante, Mayne-Nicholls declinó referirse al tema.

$23.727 millones en rendiciones rechazadas por el IND

El núcleo financiero de la denuncia corresponde a una serie de gastos ejecutados con fondos públicos desde 2022, cuyas rendiciones fueron rechazadas directamente por el Instituto Nacional de Deportes (IND), y que totalizan $23.727 millones. Entre los rubros objetados figuran pagos previsionales de 2023 y 2024 por cerca de $1.100 millones, una compra masiva de dólares por aproximadamente $790 millones, y pagos de honorarios a extrabajadores. A esto se suma que el Servicio de Impuestos Internos rechazó pagos de IVA y de otros tributos, incluyendo el impuesto a las donaciones y el impuesto adicional.

236 demandas laborales y tres juicios millonarios con proveedores

Entre agosto de 2023 y junio de 2026, la Corporación acumuló 236 demandas en juicios laborales por un total de $6.345 millones: 138 presentadas por trabajadores directos y 48 por demandas solidarias, la mayoría provenientes de personas que prestaron servicios a honorarios. De una dotación total de 1.952 personas desde 2023, 1.804 trabajaban precisamente bajo esa modalidad. Fuentes de Gobierno confirman que la Corporación ya ha pagado alrededor de $1.614 millones de ese total, dejando pendiente la gran mayoría.

En paralelo, existen tres juicios civiles abiertos con empresas proveedoras por un monto total cercano a los US$6,5 millones. El más relevante, por US$2,7 millones, involucra a la empresa brasileña Fast, encargada de instalar graderías, tarimas, generadores de respaldo e iluminación para el evento, que cuestiona retención indebida de pagos y errores fiscales por parte de la propia Corporación.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que este caso confirma, con cifras concretas y documentadas, un patrón que hemos denunciado sistemáticamente respecto a la gestión de organismos y corporaciones vinculadas al Estado durante el gobierno de Gabriel Boric: falta de rigor administrativo, decisiones financieras cuestionables y una fiscalización tardía o derechamente ausente durante años. Que una corporación pública-privada como Santiago 2023 haya continuado operando durante todo un año adicional —con decenas de trabajadores contratados y miles de millones de pesos de presupuesto— sin que su propia prórroga estuviera legalmente inscrita, es exactamente el tipo de irresponsabilidad institucional que termina costándole al Estado, a los proveedores y a los propios trabajadores contratados a honorarios.

Es especialmente grave que la advertencia formal de la propia exministra Duco, presentada apenas un día antes de su salida del cargo, permanezca sin respuesta desde el Ministerio de Justicia hasta el día de hoy. Eso sugiere que la fiscalización de este caso no ha tenido la prioridad que su magnitud —$23.727 millones en rendiciones rechazadas, 236 demandas laborales, tres juicios millonarios con proveedores— claramente amerita.

Valoramos que el actual Gobierno, a través del Ministerio del Deporte y en conjunto con el equipo de Auditoría Total al Estado, haya decidido llevar estos antecedentes directamente a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, a cargo del fiscal Felipe Sepúlveda. Es exactamente el tipo de persecución de irregularidades administrativas que hemos exigido reiteradamente en nuestras coberturas sobre el legado del gobierno anterior, desde el caso Codelco hasta la Beca Vocación de Profesor.

Con todo, y como corresponde siempre, subrayamos que hasta ahora se trata de una denuncia y no de una acusación formal ni de una condena: Harold Mayne-Nicholls y cualquier otra persona eventualmente vinculada a decisiones cuestionadas de la Corporación mantienen plena presunción de inocencia hasta que la Fiscalía determine responsabilidades penales concretas, si las hubiera, conforme a derecho.

Lo que corresponde exigir

• Que el Ministerio de Justicia responda formalmente al oficio pendiente de la exministra Duco y active la fiscalización integral que solicitó.
• Que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente avance con celeridad en la investigación de los $23.727 millones en rendiciones rechazadas.
• Que se transparente públicamente quiénes tomaron la decisión de extender la vigencia de la Corporación sin la formalización legal correspondiente.
• Que se prioricen los pagos pendientes a trabajadores con demandas laborales aún no resueltas, dado que la mayoría de los $6.345 millones adeudados sigue sin cancelarse.
• Que se investigue si los juicios con proveedores, como el caso de la empresa Fast por US$2,7 millones, responden a errores administrativos sistemáticos de la propia Corporación.

Conclusión

La denuncia del Ministerio del Deporte contra la Corporación Santiago 2023 expone, con cifras duras, una gestión administrativa y financiera que se extendió irregularmente durante todo un año adicional, sin respaldo legal, acumulando miles de millones de pesos en rendiciones rechazadas, cientos de demandas laborales impagas y juicios millonarios con proveedores. VDI Global seguirá de cerca el desarrollo de esta investigación en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.