Sergio Yáber, conservador de bienes raíces de Puente Alto suspendido e imputado en la trama bielorrusa, declaró ante la Fiscalía que en 2022 hizo transferencias por $10 millones al senador Matías Walker, en dos operaciones de $6 millones y $4 millones. A eso se suman los $1,6 millones de 2024 que el senador ya reconoció. Yáber sostiene que fue una ayuda por la grave enfermedad de un hijo del parlamentario. Walker declinó referirse otra vez al tema. La justicia dirá si hay delito; la política ya tiene preguntas.

Lo que Yáber declaró

Según lo informado, Yáber habló ante la Fiscalía en la arista de la causa conocida como «agencia de nombramientos», que investiga presuntas irregularidades en la compra y venta de cargos judiciales. Allí afirmó haber transferido $10 millones al senador Walker, de Demócratas, en 2022: una operación de $6 millones y otra de $4 millones.

El motivo que da es una ayuda económica por las dificultades financieras de la familia del parlamentario, derivadas de la grave enfermedad de uno de sus hijos. Yáber habló de una amistad de más de una década, surgida cuando ambos ejercían funciones en la Región de Coquimbo.

Walker, consultado, declinó hablar de nuevo. Dijo que ya había entregado sus declaraciones y que no tenía nuevos antecedentes que agregar. No hay una cita textual suya en esta publicación.

De qué trata la trama bielorrusa

Yáber es el titular suspendido del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, y un imputado clave de la llamada trama bielorrusa. Es una investigación por presuntas coimas que habría recibido la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco del consorcio Belaz Movitec, y por el supuesto blanqueo de esos fondos. En términos simples, es una causa de corrupción en el corazón del sistema judicial.

A Yáber se le atribuye un rol en el lavado. Hasta donde consta, está imputado, y en la última publicación no se detallan cargos formalizados. Un titular de julio de 2026 indica que debía pagar $150 millones de fianza para viajar a Argentina, lo que sugiere medidas cautelares, pero esa información no se ha desarrollado aquí.

La arista de los nombramientos, donde declaró, investiga la compra y venta de cargos. Yáber ha dado a entender que su relación con políticos fue de amistad y ayuda personal.

Lo que ya se sabía de Walker

Esta no es la primera vez que el nombre del senador aparece en la causa.

En noviembre de 2025 se reveló que Yáber había depositado $1,6 millones en una cuenta de Walker en 2024. El senador reconoció el pago y explicó que fue un apoyo para una pasantía estudiantil de uno de sus hijos en el extranjero: un curso de verano de derecho en Canadá. La transferencia figuraba con el comentario «regalo pasaje ahijado». Walker dijo conocer a Yáber desde hace unos quince años y que la amistad comenzó cuando ambos eran diputados por Coquimbo. Negó que la relación haya influido en sus decisiones públicas, y citó como ejemplo sus votos a favor de las acusaciones constitucionales contra Vivanco y contra el exministro Ulloa.

Pocos días después se supo de un segundo vínculo económico: Walker arrendó, durante casi tres años, un departamento de Yáber en Coquimbo, entre 2017 y 2019, cuando era diputado. Los comprobantes muestran 21 transferencias, 13 por arriendo y 8 por gastos comunes, por un total de $7,5 millones, de unos $550.000 mensuales, hechas por una asesora. Walker dijo que los pagó con su dieta y que no hubo contrato escrito, porque el arriendo «no es solemne, es consensual».

Es decir, antes de esta declaración ya había un pago de 2024 y un arriendo de 2017 a 2019. Ahora se suman, según Yáber, dos transferencias de 2022 por un monto más de seis veces mayor al conocido.

Un senador alineado con la causa palestina

Walker es, además, un parlamentario que ha tomado partido en el debate sobre Medio Oriente. En mayo, el Senado aprobó el proyecto que declara el 7 de enero como Día de la Amistad y Solidaridad Chileno-Palestina, en conmemoración del reconocimiento de Chile al Estado de Palestina en 2011. Walker intervino en la discusión destacando los vínculos entre Chile y Palestina.

Para ser precisos con el contexto, el proyecto se aprobó por unanimidad en particular, es decir, con el voto de todos los sectores. La iniciativa, además, reafirma el compromiso del país con los derechos humanos del pueblo palestino. El texto debe ahora ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esa intervención ubica a Walker del lado de quienes impulsan un respaldo explícito de Chile a la causa palestina. Es una posición legítima y es también una posición que VDI Global no comparte, porque en estos debates el Senado suele hablar de solidaridad con un pueblo y callar sobre el terrorismo de Hamas y la responsabilidad del liderazgo palestino. La lectura editorial es nuestra, y se distingue de los hechos que ordenan el resto de esta nota.

Otros nombres en la causa

La declaración de Yáber menciona a más personas.

• Antonio Ulloa, exministro, aparece como receptor de pagos y beneficios atribuidos a Yáber, sin detalle de montos ni motivos.
• Sergio Gahona, senador de la UDI. Yáber lo acusó de haberle pedido $1 millón para su campaña de 2023, en la elección de consejeros constitucionales. Gahona lo negó categóricamente a través de su equipo de prensa. Además, se informó que Yáber contrató a la hija del senador en su oficina entre abril de 2022 y abril de 2023.
• Cristián Araya, diputado republicano. Se investiga un supuesto traspaso de $1,7 millones de Yáber, mencionado en una conversación captada por el OS7. Araya lo negó.
• María José Montesino, titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, declaró que era habitual que candidatos pidieran aportes económicos durante las campañas. Según Yáber, él se negó a entregar dinero a otros candidatos.

El cuadro es transversal. Aparecen nombres de partidos distintos, lo que sugiere que Yáber tejió una red de relaciones con parlamentarios de varios sectores. Pero que alguien aparezca mencionado no implica responsabilidad, y varios de los citados lo niegan.

Lo que se sabe, lo que se alega y lo que no está probado

Conviene ordenar los niveles de certeza, porque aquí se mezclan.

Lo que consta: Yáber está imputado en la trama bielorrusa. Walker reconoció la transferencia de $1,6 millones de 2024 y el arriendo del departamento. El Ministerio Público investigará las transacciones entre ambos.

Lo que se alega: que Yáber transfirió $10 millones a Walker en 2022, en dos operaciones. Es la declaración de un imputado, en una causa en la que también es parte interesada. Su versión de que fue ayuda por una enfermedad no ha sido verificada de forma independiente.

Lo que no está probado: que esos pagos hayan sido una contraprestación, que hayan influido en alguna decisión pública del senador o que constituyan delito. No hay cargos formalizados contra Walker. Esa determinación le corresponde a la justicia.

Tampoco se conoce, en lo consultado, una explicación pública del senador específica sobre las transferencias de 2022. Las explicaciones públicas que existen se refieren al pago de 2024 y al arriendo.

Lectura editorial

No estamos imputando delitos. Eso lo hace la justicia, y la trama bielorrusa es, justamente, un caso de corrupción que la justicia investiga. Lo que corresponde a un medio es poner los hechos sobre la mesa y exigir explicaciones.

Los hechos son estos. Un imputado clave de una causa de coimas y lavado dice haber transferido $10 millones a un senador. El senador ya había reconocido otro pago de ese mismo imputado y había arrendado un departamento suyo durante casi tres años. Y ante la nueva revelación, su respuesta es que ya habló.

Eso no basta. Un parlamentario que recibe sumas relevantes de alguien que luego aparece en una trama de corrupción debe explicar, con detalle y documentos, qué recibió, cuándo, por qué y si lo declaró. Si fue una ayuda por la enfermedad de un hijo, como sostiene Yáber, es una explicación humana, pero necesita respaldo: ¿por qué no se mencionó cuando se explicaron los pagos de 2024? ¿Se registró en la declaración de intereses y patrimonio? ¿Hubo alguna decisión pública en la que el senador debió abstenerse?

Walker sostiene que la amistad no influyó en sus decisiones y cita sus votos contra Vivanco y Ulloa. Es un argumento que merece ser contrastado, no descartado. Pero la política no se juzga solo por el resultado de los votos, también por las apariencias y los conflictos de interés. En una causa que nació del tráfico de influencias en el sistema judicial, las relaciones económicas entre un parlamentario y un conservador investigado importan.

Y queda la pregunta más amplia. La trama bielorrusa nunca fue solo un caso de jueces. Con cada declaración aparece más claro que Yáber estableció vínculos económicos con políticos de distintos sectores, y que el sistema de nombramientos, notarías y conservadores está lleno de zonas grises. La respuesta no puede ser el silencio corporativo ni la sospecha generalizada. Es la investigación seria, con plazos razonables, y la transparencia de quienes tienen que dar explicaciones.

Conclusión

Un imputado clave dice haber transferido $10 millones a un senador. El senador no quiere hablar más del tema. La Fiscalía investigará. Esas son las tres cosas que hoy se pueden afirmar.

Lo que viene es medir cada afirmación con evidencia: movimientos bancarios, fechas, declaraciones de patrimonio. Mientras tanto, Walker no está acusado, pero tiene un problema político real. Y cuanto más tarde en explicarlo con detalle, más crecerá.