Este miércoles, la Corte Suprema comenzó finalmente a resolver los primeros cuadernos de remoción contra jueces cuestionados por viajar al extranjero durante licencias médicas, tras semanas de alegatos que hemos seguido de cerca. Pero el proceso, lejos de avanzar en línea recta hacia un desenlace claro, enfrenta tres frentes paralelos que podrían diluir sus efectos: cuatro defensas aún pendientes de alegar, requerimientos ante el Tribunal Constitucional que ya lograron suspender casos específicos, y una tutela laboral del propio gremio de magistrados que cuestiona la legitimidad misma del proceso.

Decisiones en sesiones reservadas, caso por caso

Según confirmó BioBioChile, la revisión de cada cuaderno se realiza de manera individual y en sesiones reservadas del Pleno, sin que exista un criterio uniforme aplicable a todos los casos. Es, precisamente, uno de los argumentos centrales que han esgrimido las defensas de los jueces investigados: evitar que sus situaciones particulares sean evaluadas bajo un mismo estándar genérico, exigiendo que cada cuaderno se analice según sus propios antecedentes.

El argumento de la "doble sanción": el caso de José Delgado

Uno de los ejemplos más claros de esta estrategia de defensa es el planteado por el abogado Juan Carlos Manríquez, quien representa, entre otros, al ministro de la Corte de Apelaciones de Arica, José Delgado. Según el defensor, su representado ya fue absuelto en un procedimiento administrativo previo por los mismos hechos, decisión que además fue ratificada de manera unánime por el propio Pleno de la Corte Suprema. Manríquez fue enfático: "hemos presentado pruebas abundantes y también los exámenes médicos. Se trata de una licencia extendida a última hora por una complicación; no la usó para viajar".

Es el mismo tipo de argumento que, según documentamos en informes anteriores, ya había sido invocado en el precedente del caso Ulloa de 2025, donde ese razonamiento —"ya fue sancionado, no corresponde revisarlo de nuevo"— terminó siendo determinante para salvar a un magistrado de la destitución en un empate de votos.

El artículo 80: una herramienta excepcional, con reglas en disputa

El debate jurídico de fondo gira en torno al artículo 80 de la Constitución, que establece la inamovilidad de los jueces mientras mantengan "buen comportamiento", y que faculta a la Corte Suprema para declarar su remoción cuando existan motivos fundados para considerar que ese estándar no se cumple. El académico de la Universidad Diego Portales, Leonardo Ortiz, ha explicado que se trata de una herramienta excepcional, vinculada directamente a la independencia judicial, regulada por el auto acordado que fija las reglas del procedimiento.

El TC como segundo tablero: el riesgo de decisiones incompatibles

En paralelo a las resoluciones de la Suprema, el Tribunal Constitucional continúa evaluando los requerimientos presentados por magistrados que buscan cuestionar las propias reglas del proceso, algunos de los cuales ya derivaron en la suspensión de casos específicos. El académico de la Universidad Central, Claudio Pimentel, advirtió sobre el riesgo real de que ambos tribunales terminen chocando: una suspensión del TC beneficia, en principio, solo al magistrado que la solicitó, "salvo que el Tribunal Constitucional suspenda también esos casos, o bien dicte una sentencia con efectos generales que alteren la norma aplicable". Es decir, existe la posibilidad concreta de que el TC termine alterando, con efectos amplios, las reglas bajo las cuales la Suprema ya está resolviendo casos específicos.

El tercer frente: la tutela laboral que cuestiona la legitimidad del proceso completo

El frente más ambicioso, sin embargo, es la tutela laboral que mantiene activa la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, cuyo abogado, Ariel Rossel, sostiene que la discusión trasciende los casos individuales y compromete principios como el debido proceso y la certeza jurídica. Su planteamiento es categórico: "no es posible reabrir causas que ya están debidamente finiquitadas. Eso pone en peligro la estabilidad democrática; pone en peligro el sistema judicial, lo debilita profundamente".

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que la coincidencia de estos tres frentes —defensas individuales invocando doble sanción, requerimientos ante el TC con capacidad de alterar las reglas del juego, y una tutela laboral que impugna la legitimidad misma del proceso— confirma exactamente el riesgo que hemos advertido en nuestras coberturas anteriores: el proceso de remoción corre el peligro real de diluirse no por falta de fundamento en los hechos, sino por la acumulación de mecanismos procesales legítimos en su forma individual, pero que en conjunto amenazan con vaciar de contenido una ofensiva de probidad que la ciudadanía —75% con evaluación negativa del Poder Judicial, según la propia encuesta Cadem— espera que llegue a buen puerto.

El argumento de Ariel Rossel, aunque legítimo en su formulación jurídica sobre debido proceso y certeza jurídica, merece una lectura crítica: sostener que "no es posible reabrir causas ya finiquitadas" equivaldría, en la práctica, a que cualquier sanción disciplinaria menor previa —por leve que haya sido— funcione como un escudo permanente contra la facultad constitucional de remoción por falta de buen comportamiento, precisamente el argumento que la columna de Álvaro Ferrer en El Líbero, que comentamos en un informe reciente, ya desmontó con rigor filosófico y jurídico: la Constitución no evalúa faltas puntuales aisladas, sino un estándar de comportamiento sostenido en el tiempo.

Coincidimos con la advertencia de Claudio Pimentel sobre el riesgo de decisiones incompatibles entre la Suprema y el TC. Es exactamente el tipo de fragmentación institucional que puede convertir un proceso de fiscalización necesario en un laberinto procesal sin resolución clara, beneficiando en los hechos a quienes tienen mayor capacidad de desplegar recursos jurídicos sofisticados, no necesariamente a quienes tienen mejores argumentos de fondo sobre su comportamiento como magistrados.

Lo que corresponde exigir

• Que la Corte Suprema resuelva con celeridad los casos ya alegados, sin esperar indefinidamente a que se agoten las cuatro defensas pendientes ni los frentes paralelos ante el TC.
• Que el Tribunal Constitucional defina con claridad los límites de sus suspensiones, evitando que se conviertan en un mecanismo de facto para paralizar la totalidad del proceso.
• Que se resuelva pronto la tutela laboral de la Asociación de Magistrados, dado que su resultado podría condicionar la validez jurídica de todo el proceso en curso.
• Que se transparente, una vez resueltos los primeros casos, el criterio efectivamente aplicado por la Suprema en cada decisión, para que la ciudadanía pueda evaluar la consistencia del estándar utilizado.

Conclusión

La Corte Suprema finalmente empezó a resolver, pero lo hace rodeada de tres frentes paralelos —defensas pendientes, un Tribunal Constitucional con capacidad de alterar las reglas del juego, y una tutela laboral que cuestiona la legitimidad de fondo del proceso— que podrían terminar determinando, más que las propias decisiones del Pleno, hasta dónde llega realmente esta inédita ofensiva disciplinaria. VDI Global seguirá de cerca cada uno de estos frentes hasta conocer el resultado final.