La Corte Suprema publicó la tabla que pone en pauta del pleno 57 cuadernos de remoción contra jueces investigados por faltas graves a la probidad, vinculadas al uso de licencias médicas para viajar al extranjero. Las causas comenzarán a verse a partir de este miércoles, en jornadas maratónicas. Al menos 18 de los magistrados cuestionados habían intentado frenar el proceso recurriendo al Tribunal Constitucional, pero hasta ahora casi todos han fracasado: de seis casos resueltos, solo uno logró suspender su proceso.

El plan de la Suprema: jornadas maratónicas desde el miércoles

Según consigna La Tercera, el máximo tribunal decidió que sus salas sesionarán solo poco más de una hora en las mañanas, para luego proceder en plenos extraordinarios a revisar, cuaderno por cuaderno, la eventual remoción de casi 60 magistrados. Es la confirmación de que, tras semanas de expectación —VDI Global cubrió en detalle el inicio de este proceso a comienzos de septiembre—, la Corte Suprema decidió no ceder ante las maniobras dilatorias de los propios jueces investigados.

El fracaso sistemático en el Tribunal Constitucional

De los 18 jueces que intentaron recurrir al Tribunal Constitucional buscando declarar inconstitucionales algunas normas del auto acordado del Acta 108 o del Código Orgánico de Tribunales, solo seis casos han sido resueltos hasta ahora, y prácticamente todos cayeron en las etapas iniciales del proceso, sin llegar siquiera a discutirse el fondo.

El caso más emblemático es el del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, notificado la semana pasada de que su requerimiento fue declarado no admitido a trámite por la Primera Sala del TC, integrada por las ministras Nancy Yáñez y Alejandra Precht y los ministros Miguel Ángel Fernández y Héctor Mery. La resolución fue lapidaria: el requerimiento "sólo alude en términos generales a las resoluciones de la Corte Suprema... sin explicar los hechos específicos que motivaron la investigación en su contra". Urrutia llegó a esta situación por haber viajado dos veces con licencia médica —a Costa Rica, coincidiendo con una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que él mismo había demandado y ganado, y a Ecuador, para participar de un tratamiento de "medicina alternativa y ancestral" en una comunidad indígena—, hechos que la Corte de Apelaciones de Santiago calificó como grave falta a la probidad.

El mismo destino tuvieron el juez Gustavo Benavente, la jueza María Verónica Arancibia, el juez Carlos Jeria y el oficial Luis Oyarzún, todos con requerimientos no admitidos a trámite. A la jueza Juana Álvarez y al juez José Delgado directamente les fue declarada la inadmisibilidad de sus recursos.

El único que logró frenar el proceso, por ahora

De todos los magistrados investigados, solo uno ha tenido éxito parcial: el juez Jorge Saavedra, primero en recurrir al TC, logró que se admitiera a trámite su requerimiento y que se suspendiera su cuaderno de remoción, aunque únicamente respecto de un artículo específico del auto acordado. Esto significa que la Corte Suprema no podrá resolver su situación hasta que el propio TC levante esa suspensión. El resto de los jueces —entre ellos Lía Chepe, María José Salas, Kathyuzka Drpic, Paola Rivas, Rodrigo Chávez, Erna Fuentes, Macarena Bobadilla y Eduardo Fritz— permanece a la espera de resolución, sin que sus procesos hayan logrado detenerse.

Lectura editorial

Desde VDI Global valoramos con firmeza que la Corte Suprema haya decidido no permitir que el uso reiterado y coordinado de recursos ante el Tribunal Constitucional se convierta en una vía de dilación indefinida para jueces que, según las propias investigaciones internas del Poder Judicial, incurrieron en faltas graves a la probidad al usar licencias médicas para viajar al extranjero. Que 18 magistrados hayan recurrido casi en bloque al TC, y que la inmensa mayoría de esos recursos haya fracasado en sus etapas más básicas —admisión a trámite o admisibilidad—, confirma que se trataba, en gran medida, de una estrategia para ganar tiempo antes que de argumentos jurídicos sólidos.

Este episodio se conecta directamente con la crisis de confianza que documentamos hace días a partir de la encuesta Cadem: 75% de evaluación negativa hacia el Poder Judicial, 82% de la ciudadanía sin confianza en que la institución asegure igualdad ante la ley. Que la propia Corte Suprema avance con decisión, pese a la resistencia activa de los propios jueces cuestionados, es exactamente el tipo de gesto institucional que puede empezar a revertir esa desconfianza, siempre que el proceso concluya con sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas comprobadas.

Como corresponde, cada uno de los 57 magistrados mantiene presunción de inocencia hasta que el pleno de la Corte Suprema resuelva definitivamente su situación. Será esa instancia, y no la opinión pública ni la premura mediática, la que determine si corresponde o no la remoción en cada caso individual.

Lo que corresponde exigir

• Que la Corte Suprema mantenga el calendario anunciado sin nuevas dilaciones, dado que los propios intentos de bloqueo judicial ya fracasaron en su gran mayoría.
• Que se transparente públicamente, caso por caso, el resultado final de cada uno de los 57 cuadernos de remoción una vez resueltos.
• Que se revise si corresponde algún tipo de sanción adicional para los magistrados cuyos recursos ante el TC sean calificados como manifiestamente dilatorios o carentes de fundamento.
• Que este proceso siente un precedente real de que la probidad judicial no admite excepciones, sin importar la jerarquía o antigüedad del magistrado involucrado.

Conclusión

Con 57 cuadernos de remoción en tabla y la inmensa mayoría de los intentos de bloqueo ante el Tribunal Constitucional ya fracasados, la Corte Suprema confirma que este proceso, largamente esperado, finalmente avanza sin las dilaciones que algunos de los propios jueces investigados intentaron imponer. VDI Global seguirá de cerca las jornadas maratónicas que comienzan este miércoles y sus resultados finales.