El Tribunal Constitucional suspendió este jueves, por segunda vez, el cuaderno de remoción del juez Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras admitir a trámite un nuevo requerimiento presentado por su defensa. La decisión llegó exactamente el mismo día en que la Corte Suprema inició finalmente las votaciones sobre los más de 50 magistrados investigados por mal uso de licencias médicas, elevando a siete el número total de casos suspendidos por el TC desde que comenzó este histórico proceso.

El segundo intento que sí funcionó

Según confirmó Emol, se trata del segundo requerimiento de Urrutia ante el Tribunal Constitucional. El primero, presentado en agosto, no fue admitido a trámite. Esta vez, sin embargo, el TC decidió lo contrario: admitió el nuevo requerimiento y, con ello, suspendió el proceso de remoción en su contra, justo cuando la Corte Suprema comenzaba esta misma jornada a deliberar sobre los 58 jueces investigados por viajar al extranjero estando con licencia médica.

La cifra de casos suspendidos por el TC subió así de seis a siete. Para remover a un magistrado se requiere una mayoría de 11 votos de 21 disponibles en el Pleno, y las decisiones solo se comunicarán una vez concluidas todas las votaciones, proceso que podría extenderse hasta el próximo lunes.

Un patrón que ya no puede llamarse coincidencia

El caso de Urrutia no es un hecho aislado dentro de este proceso: es, más bien, el ejemplo más elocuente de una estrategia que hemos documentado en cada una de nuestras coberturas recientes sobre esta materia. Se trata del mismo juez que viajó con licencia médica a Costa Rica —coincidiendo con una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que él mismo había impulsado— y a Ecuador, para participar de un tratamiento de "medicina alternativa y ancestral". Es también el mismo magistrado cuya defensa presentó, según reportamos hace días, una recusación "amistosa" contra tres ministros supremos específicos —Arturo Prado, Jean Pierre Matus y María Cristina Gajardo—, antes de que ellos pudieran pronunciarse sobre su caso.

Ahora, con este segundo intento exitoso ante el TC, Urrutia suma un tercer mecanismo procesal utilizado para evitar que la Corte Suprema resuelva su situación de fondo: primero la recusación de ministros específicos, después un primer requerimiento rechazado, y ahora un segundo requerimiento que sí logró paralizar su proceso, justo en el momento exacto en que el Pleno comenzaba a votar.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que este episodio confirma, con nombre y fecha precisos, exactamente el temor que hemos expresado reiteradamente sobre este proceso: la existencia de una batería de recursos procesales que, utilizados de manera sistemática y coordinada, terminan funcionando como un mecanismo de protección corporativa disfrazado de garantías individuales legítimas. Que un mismo magistrado logre, en cuestión de semanas, recusar a tres ministros específicos, ver rechazado un primer requerimiento y lograr después uno segundo que paraliza su caso justo cuando la votación comienza, no es casualidad procesal: es la demostración de que existen jueces y abogados con la capacidad y los recursos para hacer exactamente eso que el titular de este artículo denuncia con dureza: protegerse entre pares del propio sistema al que pertenecen.

El titular que utilizamos —"corruptos protegiendo a corruptos"— refleja, con la fuerza que la ciudadanía exige, la indignación legítima frente a un patrón que se repite una y otra vez: siete casos ya suspendidos de 58, todos mediante mecanismos legales en su forma individual, pero cuya acumulación empieza a configurar algo que trasciende el ejercicio legítimo de defensa. Es imprescindible, sin embargo, que esa indignación no se convierta en una condena anticipada: hasta ahora no existe sentencia firme contra Urrutia ni contra ninguno de los siete magistrados cuyos casos permanecen suspendidos por el TC, y todos ellos mantienen plena presunción de inocencia mientras sus procesos se resuelven conforme a derecho.

Lo que sí corresponde exigir, con la máxima firmeza, es que el propio Tribunal Constitucional explique con claridad por qué un primer requerimiento fue rechazado y un segundo, presentado por el mismo magistrado sobre la misma materia de fondo, fue admitido. Esa inconsistencia procesal, si no se explica con rigor jurídico, alimentará exactamente la percepción de "corporativismo protegido" que ya documentó la propia encuesta Cadem hace semanas, cuando reveló que 75% de los chilenos evalúa negativamente al Poder Judicial.

Lo que corresponde exigir

• Que el Tribunal Constitucional transparente públicamente los fundamentos jurídicos específicos que llevaron a admitir el segundo requerimiento de Urrutia, tras haber rechazado el primero por la misma materia.
• Que la Corte Suprema mantenga el calendario de votaciones anunciado, sin que las suspensiones sucesivas del TC terminen paralizando indefinidamente el proceso completo.
• Que se evalúe, hacia el futuro, un límite razonable a la cantidad de requerimientos sucesivos que un mismo magistrado puede presentar ante el TC sobre un mismo proceso de remoción.
• Que, una vez resuelto el fondo del caso Urrutia por el TC, la Corte Suprema retome de inmediato la deliberación pendiente sobre su cuaderno de remoción, sin nuevas dilaciones.

Conclusión

El segundo triunfo procesal de Daniel Urrutia ante el Tribunal Constitucional, logrado exactamente el día en que la Corte Suprema comenzaba a votar los primeros casos de este histórico proceso de remoción, confirma que la batalla real por la probidad judicial en Chile no se está librando únicamente en el terreno de los hechos, sino en el de la ingeniería procesal. VDI Global seguirá de cerca si este patrón de suspensiones sucesivas termina diluyendo, caso por caso, una ofensiva de fiscalización que la ciudadanía espera que llegue a buen puerto.