Una auditoría interna del gobierno, realizada en el marco del Plan Inspección Total, detectó una serie de irregularidades en la construcción y habilitación de las nuevas oficinas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ubicadas en Agustinas 1269, con un sobrecosto de 146% respecto del presupuesto original. Esta columna, que ya documentó extensamente la red de coimas en Junaeb bajo el título "suman y siguen los fraudes", confirma con este nuevo episodio que ese patrón acumulativo de irregularidades en el uso de recursos públicos no se limita a un organismo específico, sino que atraviesa transversalmente distintas reparticiones del Estado heredadas del gobierno anterior. Tiraron las manos en todos los sitios, y esta auditoría lo confirma con cifras exactas.

De $1.100 millones a $2.831 millones: el sobrecosto exacto

Esta columna reproduce, con la precisión numérica que exige este expediente, la magnitud real de este descalabro presupuestario. La iniciativa contemplaba originalmente una inversión de $1.100 millones y un plazo estimado de ejecución de un año y medio, buscando generar ahorro para el Estado al dejar de pagar el arriendo de las antiguas dependencias en Catedral 1401, trasladando al Ministerio a un inmueble fiscal que anteriormente albergó al diario La Nación. El proyecto, iniciado en 2023, terminó costando $2.831.336.713 —un aumento de 146% respecto de lo presupuestado inicialmente—, y su plazo de ejecución se extendió a cerca de tres años y medio, prácticamente el doble de lo proyectado.

El ahorro que nunca existió: $120 millones adicionales por la multa del arriendo

Esta columna considera revelador que el propio objetivo declarado del proyecto —generar ahorro fiscal— haya terminado convirtiéndose en un costo adicional: a los gastos de construcción se sumaron $120 millones que el Estado debió desembolsar por el término anticipado del contrato de arriendo de las antiguas instalaciones, además de $494 millones adicionales que se proyectan para habilitar y reparar el nuevo edificio, montos que no estaban incluidos en el costo inicialmente informado del proyecto.

Las licitaciones armadas: la esposa del contratista, declarada inadmisible cuatro veces

Esta columna considera que el hallazgo más grave de toda esta auditoría es el patrón de licitaciones que la propia revisión identificó, y que confirma que aquí no hubo simplemente descontrol administrativo, sino un diseño deliberado para simular competencia donde no la había. El contratista Alberto Felipe Olave Hernández concentró el 88% del gasto asociado al proyecto. La auditoría detectó que ALSA SpA, empresa de propiedad de su esposa, participó en cuatro de las cinco licitaciones, y en todas fue declarada inadmisible por no presentar la totalidad de los antecedentes requeridos. Otro participante recurrente, ELECSAN SpA, presentó ofertas económicas siempre superiores a las de Olave, aunque por diferencias acotadas.

Esta columna reproduce, con la literalidad que exige esta conclusión técnica, el hallazgo central de la propia auditoría: "la participación de ambas empresas habría permitido mantener el número mínimo de oferentes requerido para que los procesos no fueran declarados desiertos, pero sin constituir una competencia real por la adjudicación". Es decir, según confirma el propio informe gubernamental, existiría un mecanismo de simulación de pluralidad de oferentes diseñado específicamente para blindar administrativamente la adjudicación a un contratista predeterminado, mientras se aparentaba cumplir con los requisitos formales de competencia pública. Esta columna considera que este patrón, además, se habría repetido en procesos de otros organismos públicos, según reconoce la propia auditoría, lo que sugiere que este no es un hecho aislado dentro del propio Ministerio de la Mujer, sino una práctica que exige revisión en otras reparticiones del Estado.

El oferente serio que perdió pese a ofrecer menos y tener más experiencia

Esta columna considera que el episodio más elocuente de todo este expediente es lo ocurrido en la Etapa 3 del proceso, cuando participó Massardo y Principios Patrimonio Chile Limitada, una empresa que no había competido en las etapas anteriores, presentó una oferta económica menor a la de Olave, y contaba además con experiencia comprobable en la construcción de obras patrimoniales en Chile. Pese a esas ventajas objetivas, recibió un puntaje inferior en la evaluación y terminó perdiendo la licitación. Esta columna considera que este resultado específico —el oferente más barato y más idóneo técnicamente, derrotado en la evaluación final— es, por sí solo, evidencia suficiente para justificar la remisión de estos antecedentes al Ministerio Público, tal como ya hizo el propio gobierno.

El arquitecto que adjudicó: contratado y sindicado como responsable

Esta columna considera relevante el antecedente que confirma la existencia de un responsable técnico específico dentro de la propia estructura ministerial: el arquitecto Mario Neira Quiroga fue contratado como funcionario de la cartera, en calidad de "contrata", y es sindicado por la propia auditoría como el responsable de adjudicar la licitación.

Traslado sin condiciones mínimas de seguridad: desratización y teletrabajo forzoso

Esta columna considera que el segundo eje de esta auditoría, referido a las condiciones del propio inmueble, confirma que la irregularidad no se limitó al plano financiero, sino que comprometió directamente la seguridad de las propias funcionarias del ministerio. El traslado se realizó entre el 13 y el 20 de febrero de 2026, pese a que no se encontraban plenamente acreditadas las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad. Durante ese período se registraron accidentes en el edificio, y fue necesario decretar teletrabajo de excepción en seis oportunidades entre diciembre de 2025 y julio de 2026, una de ellas debido a la aplicación de productos químicos para trabajos de desratización dentro del mismo edificio ya ocupado por personal.

La subsecretaria Raphael: "no vamos a mirar para el lado"

Esta columna reproduce la declaración de la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael: "este caso demuestra por qué era necesario revisar de manera profunda el funcionamiento del Estado y el mandato que tuvo el Presidente con Inspección Total. La auditoría permitió detectar antecedentes serios que requieren ser investigados y nosotros no vamos a mirar para el lado. Nosotros como Gobierno nos estamos haciendo cargo de transparentar los antecedentes y ponerlos a disposición de los organismos pertinentes".

El gobierno remite todo a la justicia: Fiscalía, Contraloría y Consejo de Defensa del Estado

Esta columna considera relevante destacar la celeridad institucional con que el actual gobierno actuó tras conocer estos resultados: la Subsecretaría de la Mujer remitió los antecedentes al Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, además de instruir un sumario administrativo que actualmente se encuentra en curso. La propia Raphael fue explícita: "cuando una auditoría detecta antecedentes que pueden revestir gravedad, nuestro deber es entregarlos a quienes corresponde investigar (...) por eso vamos a investigar, transparentar y corregir lo que haya que corregir".

Los ocho ámbitos de observación de la auditoría

Esta columna reproduce, con la precisión técnica que exige este informe, la lista completa de los ocho ejes que la auditoría identificó como problemáticos: la subestimación inicial de costos y plazos; la división recurrente del proyecto en etapas y sus modificaciones; situaciones vinculadas a órdenes de compra, facturas y modificaciones contractuales; la ocupación de las dependencias sin acreditación plena de habitabilidad y seguridad; deficiencias estructurales y técnicas; falencias en la ejecución, control y supervisión; y discrepancias en los criterios utilizados para seleccionar a uno de los proveedores.

Lectura editorial: tiraron las manos, y el actual gobierno finalmente lo destapa

Esta columna considera que este expediente confirma, con precisión numérica y documental, exactamente el patrón que ya denunciamos en nuestra cobertura sobre "la red de privilegios del gobierno de Boric": un proyecto iniciado en 2023, bajo la administración anterior, terminó costando 146% más de lo presupuestado, con licitaciones aparentemente diseñadas para blindar la adjudicación a un contratista específico mediante la participación simulada de empresas vinculadas a su propia familia, mientras un oferente idóneo y más barato era descartado con un puntaje inferior injustificado. Esta columna considera que la frase "tiraron las manos" describe con precisión lo ocurrido en Agustinas 1269: no un simple error de planificación, sino un aparente esquema de captura del propio proceso de licitación pública en beneficio de intereses particulares.

Esta columna respalda plenamente la decisión del actual gobierno de transparentar estos hallazgos y remitirlos de inmediato a la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, en línea con el mismo estándar de rigor que ya exigimos frente al caso Junaeb: la revisión honesta de la gestión anterior, sin importar cuántos organismos distintos termine alcanzando, es exactamente el tipo de ejercicio de Inspección Total que Chile necesita para recuperar la confianza en el uso de sus recursos públicos.

Conclusión: un patrón que ya no puede llamarse coincidencia

Esta columna concluye que este nuevo episodio, sumado a la investigación en curso sobre Junaeb, confirma un patrón de irregularidades en licitaciones públicas y sobrecostos que atraviesa transversalmente distintas reparticiones del gobierno anterior, y que la propia auditoría advierte que "se habría repetido en procesos de otros organismos públicos". VDI Global seguirá de cerca el desarrollo de la investigación fiscal y del sumario administrativo abierto por este caso.