El juez Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, ingresó este miércoles un nuevo informe en derecho ante el Tribunal Constitucional, en su segundo intento por evitar que la Corte Suprema retome la revisión de su cuaderno de remoción, suspendida desde el 9 de septiembre. El documento, de 26 páginas, lleva la firma de Álvaro Fuentealba, profesor de derecho de la Universidad de Chile, militante del Partido Socialista desde hace más de veinte años, y la misma persona que dirigió la tesis de grado del diputado frenteamplista Gonzalo Winter.

La maniobra que ya logró lo que ningún otro cuaderno consiguió

Urrutia es, hasta ahora, uno de los casos más emblemáticos de la resistencia judicial al proceso de remoción impulsado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. De los 58 cuadernos originales, el máximo tribunal terminó removiendo a 11 jueces este mes —apenas un tercio de los 35 que la propia Chevesich había propuesto destituir—. Urrutia logró, con este segundo intento ante el TC, algo que muchos de sus colegas no consiguieron: suspender indefinidamente la revisión de su propio caso, dejándolo fuera del lote ya resuelto.

Los hechos que originaron su cuestionamiento no son menores: dos viajes realizados mientras estaba con licencia médica, uno a una audiencia en San José de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otro a la localidad amazónica de Tena, en Ecuador, para recibir terapias alternativas. Todo esto en medio de controversias previas, incluido su llamado público a "refundar" el Poder Judicial.

El argumento: "ya fui juzgado, no pueden juzgarme de nuevo"

El núcleo del informe presentado por Fuentealba es una invocación del principio de non bis in idem: sostiene que, al haber sido ya sancionado disciplinariamente por la Corte de Apelaciones de Santiago —que lo absolvió en un procedimiento previo, al considerar uno de los hechos prescrito y el otro insuficiente para justificar destitución—, no correspondería que la Corte Suprema vuelva a examinar los mismos hechos bajo el artículo 80 de la Constitución.

Es exactamente el mismo argumento que hemos documentado reiteradamente en esta cobertura, y que la columna de Álvaro Ferrer en El Líbero ya desmontó con rigor filosófico semanas atrás: confundir una sanción disciplinaria menor por hechos puntuales con la evaluación constitucional de "buen comportamiento" sostenido en el tiempo, que es precisamente el estándar que exige el artículo 80. Aceptar sin matices esa lógica convertiría cualquier sanción disciplinaria previa, por leve que sea, en un escudo permanente contra la remoción constitucional.

Quién firma el informe: una red de conexiones que no puede ignorarse

El perfil de Álvaro Fuentealba merece ser expuesto con el detalle que Ex-Ante ya reveló. Profesor de la cátedra de Introducción al Derecho en la Universidad de Chile, exdirector de su Escuela de Derecho, militante socialista de larga data y amigo personal de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Fue además el profesor guía de la tesis de grado del diputado Gonzalo Winter, y preside actualmente el directorio de la ONG Fima, la organización favorita del Frente Amplio que litiga en representación de pueblos originarios y municipios, y que —según reveló la propia investigación de Ex-Ante en 2025— recibió cerca de 526 millones de pesos en contratos del entonces oficialismo y la DC durante el gobierno de Boric, aprobados en gran parte por autoridades vinculadas al propio FA.

En 2018, el expresidente Piñera intentó proponerlo como ministro suplente del Tribunal Constitucional, postulación que naufragó en el Senado por una disputa entre el PS y la DC. Que sea precisamente esta figura, con esta red de vínculos políticos e institucionales, quien redacte el informe jurídico que ha logrado paralizar la revisión de uno de los casos más cuestionados del escándalo de licencias médicas, no es un dato menor.

Lectura editorial

Este episodio confirma, una vez más, el patrón que hemos denunciado desde el inicio de esta cobertura: Daniel Urrutia ha desplegado, en apenas semanas, al menos tres mecanismos procesales distintos para evitar que su caso llegue a votación —una recusación "amistosa" contra tres ministros supremos específicos, un primer requerimiento ante el TC, y ahora este segundo informe, redactado por un abogado con una red de conexiones políticas y personales directamente vinculada al mismo sector que ha defendido públicamente a Urrutia en su cruzada por "refundar" el Poder Judicial.

Llamamos a esto lo que es: el colmo de la cara de raja. Un juez que viajó al extranjero mientras cobraba licencia médica, que llamó públicamente a refundar la institución a la que pertenece, y que ya fue absuelto en un procedimiento disciplinario menor por hechos parcialmente prescritos, recurre ahora a un abogado con militancia activa en el partido de la presidenta del Senado y vínculo académico directo con uno de los diputados más visibles del Frente Amplio, para argumentar que no puede volver a ser evaluado. Es exactamente el tipo de corporativismo cruzado entre política y judicatura que erosiona, día tras día, la confianza ciudadana en el Poder Judicial, confianza que la propia encuesta Cadem ya situó en niveles de desaprobación cercanos al 75%.

No cuestionamos el derecho legítimo de Urrutia a una defensa técnica rigurosa. Cuestionamos que, tras dos intentos fallidos y una absolución previa por hechos prescritos, el argumento central de su defensa siga siendo, esencialmente, el mismo: que ya fue sancionado, aunque sea levemente, y que eso basta para blindarlo de por vida frente a la facultad constitucional de remoción. Si ese argumento prevalece de manera sistemática, la ofensiva de probidad que Chevesich intentó liderar quedará, en la práctica, vaciada de contenido.

Conclusión

El nuevo informe de Daniel Urrutia ante el Tribunal Constitucional, redactado por un abogado con una red de vínculos políticos difícil de ignorar, confirma que el caso más emblemático del escándalo de licencias médicas sigue esquivando, maniobra tras maniobra, una resolución de fondo. VDI Global seguirá de cerca si el Tribunal Constitucional finalmente pone fin a esta seguidilla de recursos y permite que la Corte Suprema resuelva, de una vez, si Daniel Urrutia mantiene o no el "buen comportamiento" que exige la Constitución.