El pleno de la Corte Suprema inició este miércoles la revisión de los cuadernos de remoción por mal uso de licencias médicas, pero no fueron los 58 casos originalmente denunciados por Contraloría: el Tribunal Constitucional suspendió la tramitación de cinco de ellos, reduciendo a 53 los que efectivamente se conocerán en esta ronda. En paralelo, la defensa del juez Daniel Urrutia —uno de los casos más resonantes, tras viajar con licencia médica a Costa Rica y Ecuador— presentó una recusación contra tres ministros supremos, en lo que ya se perfila como una estrategia sistemática para intervenir la composición del tribunal que decidirá su suerte. Todo esto, además, se desarrolla en audiencias de carácter reservado.

El primer salvavidas: cinco jueces logran escapar, por ahora, del proceso

El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, confirmó la maniobra que redujo el universo de casos bajo revisión inmediata: "en total se abrieron 58 cuadernos de remoción, el Tribunal Constitucional ha tomado la decisión y nos ha comunicado la suspensión de la tramitación de 5 cuadernos de remoción, por lo tanto, son 53 casos los que va a conocer el pleno, hasta que el TC resuelva de los otros". Es decir: cinco magistrados, cuyos nombres no han sido transparentados en esta primera comunicación, consiguieron exactamente lo que buscaban al recurrir al TC —ganar tiempo y quedar fuera, al menos por ahora, del proceso que sus 53 colegas sí deberán enfrentar esta semana.

Daniel Urrutia y la recusación "amistosa": sacando del camino a los jueces incómodos

El caso que mejor ilustra la estrategia defensiva desplegada por los magistrados investigados es el del propio Daniel Urrutia, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien viajó con licencia médica a Costa Rica y Ecuador y cuyo requerimiento ante el Tribunal Constitucional ya fue rechazado, por lo que su caso sí será visto por el pleno.

Pero antes de que eso ocurra, el abogado de Urrutia, Carlos Quezada, presentó lo que el propio reporte de Emol denomina una "recusación amistosa" contra tres ministros supremos específicos: Arturo Prado, Jean Pierre Matus y María Cristina Gajardo, invocando el artículo 19 número 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a "un tribunal imparcial". En otras palabras: cuando la defensa de Urrutia consideró que determinados ministros podrían fallar en su contra, la estrategia no fue esperar el resultado, sino intentar removerlos de la sala antes de que voten. Es un mecanismo legal legítimo en su forma, pero que, aplicado de manera sistemática por múltiples defensas —como ya documentamos respecto a los más de 14 casos que recurrieron al TC antes de esta audiencia—, empieza a configurar un patrón de resistencia corporativa antes que una defensa jurídica de fondo.

El hermetismo: audiencias reservadas, sin plazo para conocer resultados

El propio proceso está diseñado con un nivel de opacidad que merece atención. Sáez confirmó que las audiencias "son de carácter reservado", y que "no va a haber decisión hasta que se vean todos los casos que están planificados", proceso que podría extenderse hasta la próxima semana. Cada cuaderno de remoción demanda entre 40 minutos y una hora de audiencia, con 30 minutos de alegato para cada parte, más una relación de entre 10 y 15 minutos por causa. Y las partes conservan, además, el derecho a solicitar la suspensión de su propia causa, trasladándola al final de la tabla —el mismo mecanismo dilatorio que ya generó más de una decena de postergaciones en la previa de este proceso.

Lectura editorial

Desde VDI Global consideramos que la combinación de estos tres elementos —la suspensión vía Tribunal Constitucional de cinco casos, la recusación selectiva presentada por Daniel Urrutia contra ministros considerados desfavorables, y el hermetismo de audiencias reservadas sin plazo cierto de resolución— configura un patrón que va mucho más allá de la legítima defensa jurídica individual a la que todo investigado tiene derecho. Se trata, en los hechos, de una estrategia corporativa coordinada para intervenir en la composición del tribunal que debe juzgarlos, ganar tiempo mediante suspensiones sucesivas, y sustraer el proceso completo del escrutinio público mediante el carácter reservado de las audiencias.

Es especialmente revelador que sea justamente Urrutia —tras fracasar en su intento de frenar el proceso completo ante el Tribunal Constitucional— quien haya cambiado de táctica hacia algo mucho más específico: no cuestionar el proceso en su totalidad, sino apuntar directamente a tres ministros puntuales cuya imparcialidad se pone en duda sin que, hasta ahora, se conozcan antecedentes concretos que sustenten esa recusación más allá de la mera conveniencia procesal. Si este tipo de recusaciones selectivas se normaliza como herramienta de defensa, el riesgo es que cada magistrado investigado termine, en la práctica, eligiendo a la carta quiénes de sus 18 pares supremos tienen permitido juzgarlo.

Con todo, y como corresponde siempre, reiteramos que tanto Urrutia como cada uno de los 53 —y eventualmente 58— jueces investigados mantienen plena presunción de inocencia hasta que el pleno de la Corte Suprema resuelva definitivamente su situación. El derecho a recusar, a suspender audiencias y a recurrir al TC es legítimo en su forma; lo que corresponde exigir es que su ejercicio sistemático y coordinado no termine, en la práctica, diluyendo un proceso de fiscalización que la propia ciudadanía —75% con evaluación negativa del Poder Judicial, según Cadem— espera que se resuelva con rigor y sin dilaciones artificiales.

Lo que corresponde exigir

• Que se transparenten los nombres de los cinco jueces cuyos cuadernos fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional, y el fundamento específico de esa suspensión.
• Que la Corte Suprema resuelva con celeridad la recusación presentada por la defensa de Urrutia contra los ministros Prado, Matus y Gajardo, evitando que este mecanismo se convierta en la nueva vía dilatoria estándar del proceso.
• Que se evalúe, hacia el futuro, un límite razonable a la cantidad de suspensiones y recusaciones que una misma defensa puede solicitar dentro de un mismo proceso de remoción.
• Que, pese al carácter reservado de las audiencias, se transparente públicamente el resultado final de cada uno de los 58 casos una vez concluido el proceso completo.

Conclusión

El inicio de las audiencias de remoción confirma que, más allá del fondo de las faltas a la probidad ya documentadas por Contraloría, el verdadero campo de batalla de este proceso se está librando en el terreno procesal: quién suspende, quién recusa —como Daniel Urrutia—, y quién logra, por ahora, escapar del banquillo. VDI Global seguirá de cerca si esta batería de maniobras defensivas logra diluir el proceso, o si la Corte Suprema finalmente impone el rigor que la ciudadanía exige.