La frase volvió en las últimas semanas: “cerrar la llave”. Esta vez no viene de un invierno frío. Viene de diputados opositores y de un general retirado argentinos, molestos por la ruta comercial entre Punta Arenas y las Malvinas. El Departamento de Investigación y Análisis de VDI Global cruzó datos de la CNE, Aduanas, ENAP, Enargas, el INDEC y el Boletín Oficial argentino para responder dos preguntas: cuánto depende realmente Chile de Argentina y quién pagaría más si la amenaza se cumpliera.

La dependencia existe, y está en el gas

Los números de la Comisión Nacional de Energía no dejan espacio para el optimismo fácil. Entre octubre de 2025 y abril de 2026, Argentina aportó entre el 39% y el 43% del crudo que importa Chile. En gas natural el peso es mayor: entre el 67% y el 81% de las importaciones. Si se mira el consumo total, el gas argentino cubre cerca de la mitad.

El crudo llega por el Oleoducto Trasandino, que se reactivó en 2023 después de 17 años parado. En diciembre de 2025, ENAP firmó el mayor contrato de su historia: unos 70.000 barriles diarios de Vaca Muerta hasta junio de 2033, por cerca de US$ 12.000 millones.

En diésel y gasolinas el panorama es otro (más del 80% del diésel importado viene de Estados Unidos). Un corte argentino casi no tocaría las bencineras por esa vía.

Lo que costaría un corte total

En el peor escenario, con crudo, gas y GLP cortados, Chile tendría que pagar del orden de US$ 0,8 a 1,9 mil millones más al año, según estimación propia. Casi todo ese costo viene del gas: reemplazarlo con GNL cuesta varias veces más. El gas argentino llega a Magallanes con precios mínimos de US$ 2,81 por millón de BTU en verano y US$ 4,28 en invierno. En 2026, con la guerra en Medio Oriente, el GNL en el mercado al contado rondó los US$ 20.

El crudo es otra historia. Puede reemplazarse con importaciones por mar desde Brasil o Ecuador, con más logística y un costo adicional. ENAP atribuye al oleoducto un ahorro cercano a US$ 1 por barril. Con esa referencia, el costo logístico extra sería del orden de US$ 70 millones al año, aunque eso no equivale al costo total de reemplazar el crudo argentino.

Para Argentina la cuenta es más pesada de lo que admiten quienes amenazan. Chile compró cerca de US$ 2.800 millones al complejo petrolero argentino en 2025, según el INDEC. Un corte total pondría en riesgo exportaciones energéticas a Chile del orden de US$ 2.300 millones anuales. La pérdida efectiva dependería del precio de los contratos de gas, del volumen interrumpido y de si Argentina logra vender ese crudo en otros mercados.

El punto débil se llama Magallanes

Si hay una región que debería preocupar a La Moneda, es Magallanes. Recibe gas y GLP argentinos por ducto, no tiene conexión con las terminales de GNL de Quintero y Mejillones, y es la sede de Methanex, que importa unos 3 millones de m³ diarios desde Argentina.

El general en retiro Edgar Calandín, excomandante antártico argentino, dijo que su país podía “eliminar” Puerto Williams cortándole el gas. El dato es falso. El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, le recordó que Puerto Williams se abastece con GLP chileno que llega por mar desde Punta Arenas. Que la amenaza fuera errónea no hace menos real la exposición de la región.

Quién amenaza, y con qué

Conviene poner nombres. El diputado Nicolás Trotta escribió que Argentina debía estar dispuesta a suspender exportaciones si Chile hace negocios con los isleños. El diputado Guillermo Michel, de Unión por la Patria, presentó el 10 de octubre un proyecto para denunciar el tratado de inversiones y el convenio de doble tributación con Chile. El presidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, sugirió detener el buque chileno Danstar.

El Gobierno de Javier Milei ha ido por otro carril. El canciller Pablo Quirno dijo que “no tenemos intención de atacar” y acusó a otros actores de querer dañar la relación. En septiembre, Kast y Milei firmaron un comunicado conjunto que reafirma la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. En ese mismo texto, Chile respaldó los derechos argentinos sobre las islas.

La ley argentina juega en contra del corte

Aquí está el dato que los promotores de “cerrar la llave” prefieren omitir. Desde la Ley Bases, la exportación de hidrocarburos en Argentina es libre. El Decreto 1057/2024 garantiza que una exportación no objetada “no podrá ser interrumpida” mientras dure el programa de entregas. La Secretaría de Energía solo puede objetar por seguridad de suministro, no por razones políticas.

A eso se suma el contrato de ENAP. Se rige por ley de Nueva York, incluye multas y, según la empresa, la “fuerza mayor política” figura como causal de incumplimiento. Y la Constitución argentina pone los tratados por encima de las leyes, lo que protege el acuerdo comercial bilateral y el protocolo gasífero de 1995.

El punto que sí hay que vigilar es la nueva ley de Malvinas. El proyecto del Gobierno crea un Consejo de Seguridad Nacional que, ante una “amenaza grave e inminente”, podría restringir importaciones y exportaciones. Según lo publicado, apunta a quienes exploten recursos de las islas sin autorización. Todo depende de cómo se defina esa “amenaza grave” en el texto final. El plenario de comisiones que debe sacar el dictamen se reúne este martes 27 de octubre.

Lectura editorial

El Gobierno de José Antonio Kast ha manejado bien lo esencial. Defendió el comercio de privados chilenos con la voz del biministro Daniel Mas, dejó clara la soberanía sobre el Estrecho y no cayó en la provocación. La asociación estratégica que el canciller Francisco Pérez Mackenna lanzó con Londres el 19 de octubre amplía el margen de Chile sin romper con Buenos Aires.

Hay dos tareas pendientes. La primera es Magallanes: la región más expuesta no tiene un plan de respaldo de gas a la altura de su dependencia, y eso no se resuelve con declaraciones. La segunda es el Decreto 457/2021, que Argentina prometió modificar y que sigue sin firma. La Moneda no lo ha exigido en público, y en política exterior la paciencia también se lee.

Del lado argentino, quienes agitan la amenaza deberían hacer la cuenta completa. Cortar el suministro a un vecino que no es parte de la disputa con Londres reforzaría justo el argumento británico de “coerción económica”. También le costaría a Argentina un cliente clave y la credibilidad de Vaca Muerta frente a los compradores que hoy busca. En términos del análisis político, no hay casus belli: un corte energético es coerción económica y no equivale a un uso de la fuerza según la Carta de Naciones Unidas. Que no sea una guerra no lo vuelve gratis.

Lo que viene

El 10 y 11 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar escuchará el reclamo argentino contra el petróleo de las islas. Entre noviembre y diciembre está previsto el primer viaje del Danstar. En diciembre debería empezar a exportar el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que le dará a Argentina una salida por el Atlántico y, de paso, le restará peso a Chile como cliente indispensable.

El informe completo de 21 páginas está disponible en el documento adjunto. Incluye cuadros con la dependencia de Chile producto por producto, los cuatro escenarios de corte con sus costos estimados, el mapa de tratados y normas en juego, la cronología de la tensión por Malvinas y un anexo que indica la fuente y el nivel de certeza de cada cifra.