Durante dos días, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, escuchó una de las disputas más sensibles del Atlántico Sur. Argentina pidió medidas provisionales para paralizar Sea Lion, el proyecto petrolero que se desarrolla en aguas de las Islas Falklands, el archipiélago que Buenos Aires reclama y denomina Malvinas. El Reino Unido respondió que el tribunal no tiene competencia, porque detrás de cada argumento argentino está la cuestión de la soberanía, y defendió el derecho de los isleños a explotar sus recursos. La decisión podría conocerse este viernes 13 de noviembre. Para Chile, el caso no es ajeno: una jueza chilena integra el tribunal, y la disputa coincide con la tensión por el buque Danstar, que se prepara para reabrir la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas. VDI Global analiza los argumentos y lo que está en juego.

Qué pide Argentina

Argentina presentó ante el tribunal una solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar Sea Lion, un proyecto operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El yacimiento está ubicado a unas 107 millas náuticas, alrededor de 198 kilómetros, al norte de las islas, en un bloque de 541 kilómetros cuadrados. El proyecto prevé 23 pozos y una fase de producción de 35 años, con el inicio de las perforaciones previsto para 2027.

Buenos Aires sostiene que la explotación de hidrocarburos en un área bajo disputa viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que debe paralizarse mientras el fondo del caso se resuelve ante un tribunal arbitral.

Las delegaciones

La delegación argentina estuvo encabezada por su agente, Oyarzábal, junto a la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y la embajadora en Alemania, Bettina Pasquali de Fonseca. La asesoraron juristas de primer nivel, como el neerlandés Nico Schrijver, autoridad mundial en soberanía sobre recursos naturales, y Marcelo Kohen, exsecretario general del Instituto de Derecho Internacional.

La delegación británica fue encabezada por la fiscal general, Ellie Reeves, con los abogados Sally Langrish, Paul McKell y Michael Wood, y funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos su fiscal general, Simon Young. En la sala estuvieron también los máximos ejecutivos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Falklands.

Como gesto simbólico, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, llegó a las islas el 9 de noviembre, un día antes del inicio de las audiencias.

Los cinco puntos de choque

1. La competencia del tribunal. Argentina sostiene que el caso no trata de la soberanía, sino de obligaciones específicas de la Convención del Mar. El Reino Unido responde que, detrás de cada argumento argentino, subyace la pregunta de quién es soberano sobre las islas, materia que queda fuera del alcance de la Convención y del tribunal. Kohen intentó sortear el problema con una fórmula clásica del derecho internacional: «La tierra domina al mar». Es decir, para proteger sus derechos sobre la plataforma continental, Argentina necesita mostrar que su reclamo territorial es plausible.

2. La explotación unilateral. Argentina invoca la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, de 1976, que instó a las partes a abstenerse de decisiones unilaterales mientras la disputa siga abierta. El Reino Unido replica que Sea Lion es una actividad lícita, regulada por la legislación de las islas, que otorgan licencias de exploración desde hace más de dos décadas sin que Argentina recurriera antes a un tribunal internacional. Uno de sus abogados se preguntó por qué, 28 años después de las primeras perforaciones, el asunto se volvió urgente.

3. Autodeterminación o soberanía sobre los recursos. El Reino Unido invoca el derecho de los isleños a la autodeterminación, ratificado en el referéndum de 2013, en el que el 99,8 % votó por seguir siendo territorio británico. Argentina reconoce los intereses de los habitantes, pero sostiene que eso no les da derecho a apropiarse de los recursos de una plataforma continental en disputa, que según su agente pertenecen al pueblo argentino.

4. La urgencia. Argentina afirma que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que la plataforma de perforación Noble Endeavour está contratada para operar en Sudamérica desde enero de 2027. El Reino Unido precisó que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción no se producirá antes de 2028, cuando el tribunal arbitral que resolverá el fondo ya estará constituido.

5. El riesgo ambiental. Argentina advierte que un derrame podría alcanzar sus aguas en 30 días y que el área está en su zona de búsqueda y salvamento. El Reino Unido responde que la evaluación de impacto ambiental del proyecto calificó los riesgos como muy bajos a bajos, y que Argentina no presentó pruebas de un daño inminente.

Qué debe decidir el tribunal

Para dictar medidas provisionales, el tribunal debe verificar tres condiciones: que el tribunal arbitral que resolverá el fondo tendría, a primera vista, competencia sobre la controversia; que existe una urgencia real; y que los derechos que Argentina busca proteger son plausibles.

Según los plazos del tribunal, la decisión debería conocerse alrededor del viernes 13 de noviembre, aunque podría extenderse al lunes siguiente.

El gobierno argentino analiza tres escenarios: que el tribunal acoja totalmente su pedido y ordene paralizar Sea Lion; que lo acoja parcialmente, con medidas distintas a las solicitadas; o que lo rechace por considerar que el tribunal arbitral no tendría competencia. Fuentes cercanas a la Cancillería argentina se muestran optimistas, y recuerdan que el tribunal ha dictado medidas en todos los casos en que se le han pedido, aunque no siempre las solicitadas.

La mirada política

Para Buenos Aires, el caso tiene un objetivo político además del jurídico. Un funcionario de la Cancillería argentina explicó que un fallo favorable debilitaría la posición británica de que no existe controversia sobre la soberanía de las islas. El Presidente Javier Milei siguió las audiencias de cerca y, según Infobae, se jactó ante su gabinete de que su gobierno ha trabajado el tema como ninguno en la historia.

Para Londres, en cambio, el caso es una prueba del respeto a la voluntad de los isleños, que han expresado de forma abrumadora su deseo de seguir siendo británicos.

El ángulo chileno

El caso interesa a Chile por tres razones.

La jueza chilena. María Teresa Infante, destacada jurista chilena en derecho internacional, integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y participa en la deliberación. La argentina Frida Armas Pfirter es vicepresidenta del tribunal.

El Danstar. El buque de la naviera chilena Easter Island Logistics se prepara en Punta Arenas para zarpar en diciembre rumbo a las islas, reabriendo una ruta comercial interrumpida desde 2011. En Argentina avanza un proyecto que busca interceptar a los buques que abastezcan al archipiélago. Un fallo que refuerce la posición argentina podría alimentar esa presión. Uno que la debilite, la desactivaría.

El precedente. Chile tiene sus propios intereses en el Atlántico Sur y en la Antártica, donde su reclamo territorial se superpone con los de Argentina y el Reino Unido. La forma en que el tribunal interprete la relación entre soberanía territorial y derechos sobre la plataforma continental puede tener implicancias para toda la región.

Lectura editorial

VDI Global usa el nombre Islas Falklands porque reconoce la realidad del archipiélago: un territorio habitado por una comunidad que, en ejercicio de su derecho a la autodeterminación, ha decidido por abrumadora mayoría mantener su vínculo con el Reino Unido. Ese derecho, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, no puede subordinarse a un reclamo territorial, por histórico que sea.

El caso de Hamburgo muestra la debilidad de fondo de la estrategia argentina. Buenos Aires dice que no discute la soberanía, pero su argumento depende enteramente de ella. Como admitió el propio Kohen, todo se reduce a que la tierra domina al mar. Si el tribunal acepta ese razonamiento, estaría pronunciándose indirectamente sobre una cuestión que la Convención del Mar no le encargó resolver.

La urgencia también parece débil. Las perforaciones en aguas de las islas se realizan desde 1998, y Argentina esperó casi tres décadas para recurrir a un tribunal internacional. Y el Reino Unido ha precisado que la extracción no comenzará antes de 2028.

Eso no significa que el tribunal vaya a rechazar el pedido. Su historial muestra que suele dictar alguna medida, aunque sea de cooperación o información entre las partes. Pero sería un error presentar una eventual medida parcial como un triunfo sobre la soberanía.

Para Chile, la lección es clara: el derecho del mar está de su lado en el caso del Danstar, y debe mantener una posición firme y serena, basada en los tratados y en la Convención, sin dejarse arrastrar a una disputa ajena.

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Lo que viene

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar deliberará y dará a conocer su decisión, previsiblemente el viernes 13 de noviembre o el lunes siguiente. El caso de fondo será resuelto por un tribunal arbitral que aún debe constituirse. El Danstar zarpará en diciembre desde Punta Arenas. Y en Argentina sigue la discusión del proyecto para interceptar los buques que abastezcan a las islas.