El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, podría quedar fuera del Poder Judicial este miércoles. Según trascendió, 13 de los 18 ministros que conocieron su cuaderno de remoción votaron por destituirlo, dos más de los 11 que exige la ley, y solo cuatro se inclinarían por su permanencia. Falta el voto del ministro suplente Roberto Contreras. Ese voto no cambia el resultado, pero cierra el proceso.

Dos viajes y una licencia psiquiátrica

El caso es simple de contar. Urrutia salió del país dos veces mientras estaba con licencia médica psiquiátrica: a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en octubre de 2022. Según su defensa, el primer viaje tuvo relación con una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la demanda que él mismo presentó contra el Estado de Chile. Sus abogados sostienen además que los desplazamientos estaban vinculados a su tratamiento.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó ambos episodios en un sumario administrativo. El de Costa Rica lo dio por prescrito. El de Ecuador terminó en absolución, por un margen de 14 votos contra 13. Con eso, Urrutia creyó haber cerrado el asunto en mayo.

No fue así. En junio, la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en su contra, usando la facultad que le entrega el artículo 80 de la Constitución para evaluar si un juez mantiene el buen comportamiento exigido para seguir en el cargo. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, explicó entonces que se trata de un procedimiento distinto del disciplinario. Un sumario sanciona una falta. El cuaderno de remoción responde a otra pregunta: si esa persona puede seguir siendo juez.

No es un caso aislado

Urrutia no fue escogido al azar. Su expediente forma parte de la revisión masiva que siguió al informe de la Contraloría. Ese informe detectó más de 25 mil situaciones irregulares de funcionarios públicos que viajaron al extranjero estando con licencia. En el Poder Judicial, la cifra tocó a 104 integrantes, entre ministros de corte, jueces, relatores y secretarios.

La Suprema revisó esos 104 sumarios y abrió 56 cuadernos de remoción. Hasta el 6 de octubre ya había removido a 15 jueces: once en septiembre y cuatro en los primeros días de octubre. Urrutia sería el número 16.

Ese contexto importa. Quienes defienden al magistrado hablan de persecución, pero el tribunal ha aplicado el mismo criterio a jueces de todo el país, la mayoría de ellos desconocidos para la opinión pública. En este caso lo excepcional no es la sanción. Es el tiempo que tardó en llegar.

La estrategia de la demora

Desde que se abrió el cuaderno, la defensa de Urrutia, a cargo del abogado Carlos Quezada, ha usado prácticamente todas las vías disponibles. Presentó dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra el auto acordado que regula estas revisiones. El primero suspendió la tramitación durante semanas. El segundo fue declarado inadmisible el 2 de octubre, y con eso la Suprema pudo retomar el caso.

A mediados de octubre, Urrutia demandó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial por cerca de 77 millones de pesos, alegando vulneración de sus derechos fundamentales. Y esta semana su abogado pidió anular la votación del 19 de octubre. El argumento: el ministro suplente Contreras, que estaba de vacaciones, debía votar antes que los ministros más antiguos, según el orden que fija el Código Orgánico de Tribunales. La defensa también pidió investigar una supuesta filtración del resultado a la prensa. Según el escrito, esa filtración podría constituir falta administrativa e incluso delito.

Todo eso es legítimo. Un juez tiene el mismo derecho a defenderse que cualquier ciudadano, y nadie puede reprocharle que lo ejerza. Pero el patrón es elocuente. Un dato llamó la atención en junio: Urrutia estaba con licencia médica cuando fue notificado de la apertura del cuaderno.

El 19 de octubre y el voto que faltaba

El pleno se reunió ese lunes para resolver cinco cuadernos pendientes, entre ellos el de Urrutia. No pudo comunicar nada. Contreras es ministro titular de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integró el pleno como suplente y escuchó los alegatos, pero estaba haciendo uso de su feriado legal. Chevesich explicó que todos los ministros que conocieron la causa deben dejar constancia de su voto antes de formalizar el acuerdo.

La propia Suprema optó por esperar para no dejar flancos abiertos a una nulidad. Antes de esa sesión se hablaba de un pleno dividido, con proyecciones de 9 a 8 o 10 a 7. Lo que trascendió después fue distinto: ese mismo día se supo que ya existían los 11 votos necesarios, y este miércoles se conoció la nómina.

Según esa información, votaron por la remoción la presidenta Chevesich y los ministros Ricardo Blanco, Manuel Antonio Valderrama, Arturo Prado, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo, Soledad Melo, Jessica González, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz y Jorge Zepeda. A ellos se suman las suplentes Eliana Quezada y Carolina Catepillán. Trece en total. La decisión se conocería hoy, cuando Contreras emita su voto.

Lectura editorial

Urrutia lleva 26 años en el Poder Judicial y buena parte de ellos los pasó en el centro de la polémica. En 2005 fue sancionado por un trabajo académico crítico del rol de los tribunales durante el régimen militar, y por esa sanción ganó un caso ante la Corte Interamericana. En mayo, la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León lo acusó de copiar casi textual diez párrafos de la minuta de formalización de la Fiscalía. Antes de la votación, una declaración con unas 300 firmas salió a respaldarlo, invocando la independencia judicial y la libertad de expresión de los jueces.

Nada de eso está en juego ahora. Lo que se juzga son dos viajes al extranjero con licencia psiquiátrica. Por esa misma conducta ya salieron otros 15 jueces, sin firmas, sin cartas y sin cobertura.

La defensa tiene un punto que merece respuesta seria: un tribunal lo absolvió y otro, con una herramienta distinta, igual lo saca. Es una tensión real. La Suprema deberá fundamentar con cuidado por qué la remoción no equivale a juzgarlo dos veces. Pero la institución tiene una facultad constitucional expresa para hacer justamente esto, y la ha usado de manera pareja. Exigirle una excepción con el juez más mediático sería pedirle lo contrario de lo que se le pide a cualquier tribunal.

Hay algo más de fondo. Los jueces son los primeros llamados a decidir si un trabajador abusó de su licencia, si un funcionario debe devolver lo cobrado o si un empleador despidió con justa causa. Un Poder Judicial que no aplica ese estándar dentro de su propia casa pierde autoridad para aplicarlo afuera.

Lo que queda

Si se confirma la cifra, Urrutia podrá insistir en la nulidad y llevar el caso a instancias internacionales, como ya hizo antes. Es probable que lo intente.

Para la Corte Suprema, el desafío es otro. Le quedan cuatro cuadernos pendientes de la misma tanda y otros casos aún en análisis. La credibilidad del proceso depende de que el resultado de hoy no se lea como la caída de un juez incómodo, sino como uno más en la lista. Dieciséis jueces, una misma regla.