El 71% de los chilenos percibe mucha corrupción en el país y en el Estado, según el estudio Claves Ipsos N°55, elaborado junto a Chile Transparente. La cifra baja respecto de 76% en julio de 2023, pero sigue en niveles altos. Los partidos políticos (74%) y el Congreso (70%) son las instituciones más asociadas a la corrupción. Solo la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas salen con un balance favorable en probidad. La confianza en las instituciones que combaten la corrupción es de 22%.

Qué mide el estudio

Claves Ipsos es una encuesta que la consultora hace cada mes a 1.000 personas mayores de 18 años. El informe N°55, titulado «Transparencia y Probidad», se elaboró junto a Chile Transparente, con trabajo de terreno entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de 2026. Se publicó el 16 de octubre.

Los reportes consultados no informan el margen de error, el método de recolección ni quién encargó el estudio. Son datos de percepción: lo que la gente cree, no cuánta corrupción hay ni cuántas personas han vivido un caso. El informe, según las notas, no aborda el soborno ni las experiencias directas.

La cifra general: 71%

El 71% percibe mucha corrupción en el país y en el Estado. En julio de 2023 la cifra era 76%, de modo que hay una baja de cinco puntos, aunque el nivel sigue siendo alto.

La percepción cambia con la cercanía. Baja a 54% cuando se pregunta por la región de residencia, a 40% por la comuna y a 35% por las relaciones entre personas. En la empresa privada, 41% percibe un nivel alto. Es decir, cuanto más cerca está el problema, menos corrupción dice ver la gente. En septiembre de 2025, la percepción en la región era 64%, y en los municipios, 48%.

Las instituciones

El estudio evaluó 15 instituciones y pidió asociar cada una con corrupción o con probidad. Doce se asocian más con corrupción que con probidad. Las cifras de las peor evaluadas son estas, con el porcentaje que las asocia con corrupción y el que las asocia con probidad:

• Partidos políticos: 74% y 7%.
• Congreso Nacional: 70% y 10%.
• Tribunales de Justicia: 59% y 16%.
• Municipalidades: 55% y 16%.
• El Estado: 54% y 14%.

Tras ellas vienen los medios de comunicación (45% y 20%), las empresas estatales (44% y 20%), las iglesias (40% y 23%), los servicios públicos (39% y 23%), los sindicatos (36% y 22%), las empresas privadas (34% y 26%) y las fundaciones sociales (32% y 28%).

Solo tres instituciones tienen un balance favorable. La PDI, con 26% de asociación a corrupción y 37% a probidad; Carabineros, con 33% y 36%; y las Fuerzas Armadas, con 32% y 35%. En los dos últimos casos, la diferencia es de apenas tres puntos.

El informe menciona una serie de tres años en la que la asociación con corrupción tiende a bajar en casi todas las instituciones. Las excepciones son los tribunales de justicia y los medios de comunicación.

Quiénes se perciben como honrados

La pregunta también se hizo por grupos de personas. Los emprendedores y dueños de pequeños negocios lideran, con 69% de percepción de conducta honrada. Es el primer lugar por tercer año consecutivo: en 2024 eran 50% y en 2025, 58%.

Después vienen los dirigentes vecinales (35%), los directores o líderes de fundaciones (29%) y los líderes de empresas (23%). Cierran la lista los funcionarios públicos del Estado (18%), los funcionarios municipales (16%) y las autoridades de gobierno (14%).

Los municipios, en el centro

El informe dedica una sección a los municipios, y es donde el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, pone el acento: «la urgencia está en donde están los problemas de las personas, en los municipios».

Los datos son bajos. Solo el 19% cree que las municipalidades son transparentes en el uso de los recursos públicos. El 29% cree que tienen herramientas para prevenir la corrupción. El 46% piensa que alcaldes y concejales priorizan intereses personales por sobre los de la comunidad, y solo 21% cree que priorizan el interés comunitario.

Qué pide la ciudadanía

Ante esas cifras, las medidas más respaldadas son:

• Mayor fiscalización del uso de recursos públicos municipales: 56%.
• Investigación y sanción efectiva de las faltas a la probidad: 51%.
• Criterios claros para la entrega de beneficios comunitarios: 50%.
• Protección para quienes denuncian irregularidades: 44%.

El informe también consulta por la reforma al empleo público, que estudia una mesa de 12 expertos convocada por el Ejecutivo. Lo que la gente considera clave es transparentar los criterios de selección de funcionarios (61%), seleccionar por capacidades y experiencia (56%), contar con mecanismos de control anticorrupción (55%) y tener procedimientos claros para sancionar faltas a la probidad (53%).

La confianza en quienes deben combatir la corrupción

El 22% confía en las instituciones encargadas de combatir la corrupción y el 44% desconfía. En septiembre de 2025, la confianza era de 18%, por lo que hay una leve recuperación.

La directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda, habló de «una importante erosión de la confianza en el correcto funcionamiento de la democracia». Figueroa dijo que «el deterioro institucional que estamos viviendo nos pone la urgencia de tomar medidas decisivas».

Un dato aparte: la protección de datos personales

El estudio incluye un módulo sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales. La mitad de las personas dice haber oído hablar de ella, y de ese grupo solo el 33% entiende sus alcances, es decir, cerca de 16,5% de la población. El 80% se declara muy preocupado por cómo empresas e instituciones manejan su información.

Las instituciones que generan más confianza en el manejo de datos son el Registro Civil (58%), el Registro Social de Hogares (50%) y el Servicio de Impuestos Internos (48%). Las que generan más inseguridad son las redes sociales (72%), las empresas de delivery (59%) y las telecomunicaciones (57%).

Lo que el estudio no dice

Hay límites que conviene tener claros. No hay margen de error publicado en las notas consultadas. No hay datos sobre experiencias directas de corrupción, como soborno o tráfico de influencias. La serie histórica solo se resume en términos generales y sin cifras de todos los años. Y hay comparaciones con fechas distintas: julio de 2023 para el 71% y septiembre de 2025 para la región y los municipios.

Lectura editorial

El 71% es una cifra de percepción, y conviene leerla como tal. Que baje cinco puntos desde 2023 es una buena señal, y que la confianza en las instituciones anticorrupción suba de 18% a 22% también. Pero un país donde siete de cada diez creen que hay mucha corrupción tiene un problema, aunque no sepamos cuánto de esa creencia proviene de experiencias directas.

El dato más interesante es la brecha con la cercanía. Solo 35% percibe mucha corrupción en las relaciones entre personas, pero 71% la ve en el país. La desconfianza apunta al sistema, no al vecino. Esa distancia sugiere que la percepción se forma más por lo que se ve en las noticias y la política que por lo que se vive. No la invalida: las noticias existen. En estas semanas la discusión pública ha pasado por la formalización de dos personas en el caso ProCultura, por la suspensión del veredicto de la Corte Suprema sobre el juez Urrutia y por los escándalos de licencias que ya costaron la remoción de jueces. Es difícil que esa agenda mejore la percepción.

Hay una paradoja que merece atención. Las instituciones peor evaluadas, los partidos y el Congreso, son las que deben aprobar las reformas que la ciudadanía pide. Con 7% de asociación a probidad para los partidos y 10% para el Congreso, cualquier ley de transparencia o de empleo público parte con la sospecha de que sus autores son los menos creíbles. Eso no es un argumento contra la ley, pero sí contra confiar solo en ella.

Los tribunales merecen una mención aparte. El 59% los asocia con corrupción, y el estudio señala que son una de las dos excepciones donde la tendencia no mejora. El mismo poder del Estado al que se pide sancionar la corrupción es percibido como parte del problema. De ahí que los casos que hoy se discuten en la Suprema tengan un peso que va más allá de las personas involucradas.

Un contraste final. Carabineros y las Fuerzas Armadas tienen un balance favorable, aunque estrecho, y las policías aparecen por encima de casi todo el aparato público. Es una lectura posible: la ciudadanía parece premiar a las instituciones que percibe cercanas y que asocia con orden. El dato de la PDI, con el mejor balance, es el más claro.

Tenemos tres reparos de método. Primero, el estudio mide percepción y no experiencia, y haría falta una medición que pregunte directamente por soborno o por tratos irregulares. Segundo, faltan el margen de error y el detalle del muestreo. Tercero, la serie histórica es útil, pero sin cifras completas es difícil saber qué tan significativa es la baja.

Desde el punto de vista de las políticas, el estudio es claro en lo que la gente quiere: más fiscalización en los municipios, sanciones efectivas, criterios claros para entregar beneficios y protección a quienes denuncian. Que el 44% pida proteger a los denunciantes sugiere que el miedo a las represalias es una barrera real. Esa medida cuesta poco y se puede aprobar rápido.

Conclusión

Siete de cada diez chilenos perciben mucha corrupción, y la desconfianza apunta con más fuerza a los partidos y al Congreso. La cifra baja, pero lo hace desde un nivel alto, y el país sigue sin tener datos de experiencias directas. Mejorar la percepción exige resultados visibles: sanciones, fiscalización municipal y protección a los denunciantes. Las encuestas medirán después si los chilenos lo notan.

Si quieres recibir el análisis de VDI Global sobre política chilena directo en tu correo, únete gratis a nuestro newsletter: https://informes.vdiglobal.org/#/portal/signup