Una asesora del gabinete del ministro de Justicia, Fernando Rabat, titulada como abogada en abril, aparece en un documento interno como responsable de revisar las solicitudes de rebaja de condena. Es, además, amiga cercana de la hija del ministro. No consta que haya intervenido en los 56 decretos que beneficiaron a condenados por violación y abuso sexual de menores, pero la polémica pone bajo la lupa quién decide, con qué experiencia y con qué criterios.

Lo que se sabe de la asesora

Trinidad Zegers Domínguez es abogada, egresó de la Pontificia Universidad Católica y juró ante la Corte Suprema el 10 de abril de 2026. Ese mismo mes llegó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con un contrato a honorarios de 1.206.000 pesos. En mayo pasó a contrata como asesora del gabinete ministerial y, según el Portal de Transparencia, su remuneración bruta mensual fluctúa entre 2,1 y 3,6 millones de pesos con bonificaciones.

En agosto se conoció que el ministro le había encomendado coordinar las gestiones para reactivar la Reforma Procesal Civil, un proyecto ingresado al Congreso en 2012 que busca reemplazar el Código de Procedimiento Civil de 1903. La designación generó críticas por su corta trayectoria. El ministerio respondió entonces que ella cumpliría funciones administrativas y de coordinación, y que las definiciones jurídicas quedarían en manos de las autoridades y del equipo técnico.

Una investigación periodística publicada el 23 de octubre agregó un dato personal: la asesora es amiga cercana de la hija del ministro. Fueron compañeras de curso en el colegio, con egreso en 2017, se conocen desde hace más de doce años e interactúan en redes sociales, y fuentes cercanas confirmaron la amistad. Fuentes de la cartera defendieron la contratación diciendo que «se necesitaba alguien de confianza en el cargo».

La asesora declinó responder las consultas de los medios.

Qué revisa en el ministerio

La segunda parte de la historia es la que le da peso. Un documento interno del ministerio, revelado por un reportaje de televisión, la lista como «funcionaria responsable» de revisar las solicitudes de rebaja de condena que envía la División de Reinserción Social al gabinete del ministro. Según el Portal de Transparencia, sus funciones incluyen «revisar y visar la documentación que ingresa al Gabinete para firma de la autoridad».

Al momento del documento tenía cinco solicitudes pendientes, ingresadas entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. Corresponden a condenas por tráfico de drogas, maltrato a Carabineros, ocultamiento de identidad y amenazas. Ninguna es por delitos sexuales.

El ministerio explica que el proceso pasa por cuatro instancias: Gendarmería, las comisiones de reducción de condena, las secretarías regionales ministeriales y el propio ministerio. En la etapa del gabinete, tres asesoras revisan los antecedentes, incluida la abogada en cuestión, antes de que pasen a la jefa de gabinete y luego al ministro, que toma la decisión final y firma el decreto. Su postura es que el rol de las asesoras es de revisión formal y no de aprobación.

Las 56 rebajas que originan el debate

El trasfondo es más grave que la contratación. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia autorizó 56 reducciones de pena a condenados por delitos sexuales contra menores: 29 por violación y 27 por abuso sexual. Dos de los beneficiados entrevistados por un canal atribuyeron la rebaja a su conducta en prisión, y uno dijo que la decisión llegó «de la noche a la mañana» y que obtuvo nueve meses menos de condena.

En Valparaíso, el seremi de Justicia confirmó al menos dos casos de condenados por violación de menores que recuperaron la libertad en la región. Por resguardo de las víctimas, no corresponde difundir identidades ni datos que permitan reconocerlas, y VDI Global no lo hará.

El ministro defendió las resoluciones como aplicación de la legislación vigente y de criterios de la Corte Suprema. Tras la presión política, suspendió la tramitación de nuevos decretos mientras el Ejecutivo impulsa cambios legales para impedir nuevas rebajas por hechos anteriores a la reforma. La cartera atribuyó la suspensión a un vacío legal relacionado con delitos cometidos antes de 2022. Rabat anunció, además, suma urgencia para esos proyectos y dijo que ordenó paralizar internamente todo el trámite de rebajas.

Un reportaje vincula el cambio de enfoque con mayo, cuando la Corte Suprema revirtió seis rechazos que el ministro había firmado a solicitudes de condenados por delitos sexuales. Es la versión del medio y de sus fuentes, y el ministerio no la ha confirmado en los antecedentes revisados.

Las reacciones

La crítica llegó por ambos flancos. Desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC) y el senador Diego Ibáñez (FA) cuestionaron los beneficios, dijeron que ponen en riesgo a las víctimas y pidieron la renuncia del ministro. Desde el oficialismo, el diputado Luis Pardo (RN) rechazó las rebajas y consideró un error haberlas autorizado. La Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales cuestionó los criterios de asignación de responsabilidades y pidió mayor transparencia.

Los titulares relacionados mencionan una posible interpelación del ministro, pero las notas revisadas no la detallan.

Amistad no es nepotismo, pero es una pregunta

Conviene separar planos. La amistad con la hija del ministro no constituye, por sí sola, una infracción: las normas de probidad administrativa prohíben contratar parientes, no amigos. Tampoco hay, en los antecedentes revisados, un pronunciamiento de la Contraloría ni de algún parlamentario que acuse una infracción legal concreta. Y el propio ministerio sostiene que la asesora cumple labores de revisión formal.

Pero la pregunta de fondo no es jurídica. Es de criterio. Una cartera que pasó por una polémica por 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, y que ahora descubre que el filtro previo a la firma incluye a una abogada con pocos meses de ejercicio, debe explicar por qué esa era la persona adecuada. «Alguien de confianza» no es una respuesta suficiente cuando lo que está en juego es la libertad anticipada de personas condenadas por delitos de esta gravedad.

También es legítima la pregunta sobre la secuencia: una asesora que llega en abril sin experiencia, es nombrada coordinadora de una reforma procesal de largo aliento, y meses después aparece revisando rebajas de condena. El ministerio dice que no tiene poder de decisión. Entonces corresponde mostrar, con documentos, quién decidió, con qué antecedentes y bajo qué criterio.

Lectura editorial

VDI Global aplica el mismo estándar a cualquier gobierno. Hoy el cuestionado es un ministro del Gobierno de Kast, y la vara no cambia: transparencia, responsabilidad política y respeto a las víctimas.

El centro del caso no es la asesora. Ella es un funcionario público de rango bajo, sin decisión final, y el foco debe estar en la autoridad que firma. El centro del caso son las 56 rebajas a condenados por violación y abuso sexual de menores, y la autoridad que las firmó: el ministro. Rabat tiene derecho a defender que aplicó la ley y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero un ministro que dice hacer lo que la ley manda también debe explicar por qué, ante un catálogo de beneficios sensibles, no estableció un filtro más exigente, más transparente y más visible políticamente.

Hay una segunda lección. Cuando una cartera pone a cargo de una tarea delicada a alguien de su círculo cercano, lo que gana en confianza lo pierde en legitimidad. Los gobiernos de todo signo han tropezado con esto. La solución no es prohibir la confianza, sino acompañarla de perfiles técnicos probados, mecanismos de control y reglas públicas.

Finalmente, corresponde un sentido de proporción. No hay prueba de que la asesora haya intervenido en las 56 rebajas, y vincularla con ellas sería injusto. Hay, en cambio, motivos para pedirle al ministro respuestas claras sobre quién revisa, con qué experiencia, y por qué se permitió que la polémica creciera hasta tener que suspender el proceso.

Qué vigilar

• Si la Cámara avanza con una interpelación al ministro y cuándo.
• Si la Contraloría recibe requerimientos sobre la contratación o sobre el proceso de rebajas.
• Si el ministerio publica el detalle de las 56 rebajas: criterios, plazos y quién revisó cada caso.
• La tramitación de los proyectos con suma urgencia que buscan impedir nuevas rebajas por hechos anteriores a la reforma.
• Si el ministerio modifica el equipo de gabinete o la asignación de tareas de la asesora.
• Si hay nuevos casos de personas beneficiadas y liberadas en otras regiones.

Conclusión

Una abogada con meses de ejercicio y una amistad cercana con la hija del ministro aparece como responsable de revisar rebajas de condena en un ministerio que acaba de conceder 56 a condenados por delitos sexuales contra menores. No hay prueba de que haya intervenido en ellas, ni de que su contratación infrinja la ley. Pero la combinación de falta de experiencia, círculo de confianza y decisiones de enorme sensibilidad obliga al ministro a dar explicaciones. La primera es sobre las víctimas. La segunda, sobre quién filtra lo que firma.

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