Raúl Domínguez y las demás personas mencionadas gozan de presunción de inocencia: la Contraloría no determinó que se haya cometido un delito, solo remitió los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe si corresponde investigar.

La Contraloría remitió a la Fiscalía los antecedentes del viaje que hizo a Shanghái en 2023 Raúl Domínguez, entonces jefe de Fiscalización de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) durante el gobierno de Gabriel Boric, porque «se desconoce» quién lo financió y podría configurarse el delito de cohecho. Subtel dijo primero que lo pagó la GSMA, organizadora del congreso; la GSMA lo niega; y hoy Subtel afirma no tener antecedentes. El viaje es uno de los antecedentes del cable submarino con China Mobile. No hay acusados ni formalizados: hay un oficio que la Fiscalía debe evaluar.

Qué dijo la Contraloría

El oficio está fechado el 15 de octubre y se conoció este miércoles 21. En él, la Contraloría General de la República remite al Ministerio Público los antecedentes del viaje a China de Domínguez. Escribe que «se desconoce quién financió el traslado ida y vuelta desde Santiago de Chile a Shanghái» y que podría configurarse «el tipo penal de cohecho». Por eso considera procedente informar a la Fiscalía.

Conviene leer bien esa frase. La Contraloría no dice que hubo cohecho. Dice que podría haberlo si alguien pagó el viaje de un funcionario que fiscalizaba a las empresas del sector. Decidir si eso ocurrió, y si merece una investigación penal, es tarea del Ministerio Público. Hasta ahora no hay una respuesta de la Fiscalía ni declaraciones de Domínguez en las notas conocidas.

Tampoco se sabe quién pagó la estadía, la alimentación ni las razones del viaje. El oficio habla de tres vacíos, no de uno.

El viaje

Domínguez era entonces jefe de la División de Fiscalización de Subtel, en pleno gobierno de Gabriel Boric. Viajó a China en comisión de servicio entre el 26 de junio y el 5 de julio de 2023 para asistir al Mobile World Congress de Shanghái, organizado por la GSMA, la asociación mundial de operadores móviles. Al mismo evento fue el entonces subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, del Partido Comunista.

El congreso tuvo un protagonista que importa para esta historia. China Mobile, la empresa estatal china detrás del proyecto de cable submarino que después se tramitó en Chile, tuvo un espacio destacado en el evento, y su presidente pronunció el discurso inaugural, según los reportes. No se conoce con quién se reunieron los dos funcionarios chilenos en Shanghái.

Quién pagó: tres versiones que no calzan

La primera versión es la de Subtel. En un oficio de agosto de 2024, el servicio informó a la Contraloría que la invitación de la GSMA cubría pasajes aéreos, estadía y alimentación. Lo mismo aparece, según los reportes, en la plataforma de la Ley de Lobby y en respuestas de transparencia.

La segunda es la de la GSMA. Confirmó que invitó a Domínguez y a Araya como parte de sus actividades de divulgación, pero afirmó que no pagó ningún gasto del viaje: ni vuelo, ni hotel, ni comida. Según los reportes, las cartas de invitación tampoco mencionan que se cubrieran gastos.

La tercera es la de hoy. Subtel reconoció ante la Contraloría que no tiene antecedentes sobre el financiamiento. Es decir, el servicio que primero atribuyó el pago a la GSMA ahora dice que no sabe quién pagó.

Las tres no pueden ser ciertas a la vez. Y la pregunta de fondo sigue abierta: si no pagó el Estado, ni la GSMA, alguien más cubrió los gastos de un funcionario cuya tarea era fiscalizar a las empresas móviles.

Lo que había resuelto la Contraloría en 2025

Este no es el primer pronunciamiento. En julio de 2025, la Contraloría descartó un conflicto de intereses en el viaje de Domínguez y de Araya, tras una denuncia de dirigentes de la asociación de funcionarios de Subtel, Anfutel. Argumentó que la GSMA es una entidad internacional dedicada a la estandarización técnica y que no se confunde con las empresas locales reguladas.

Ese razonamiento descansaba en la información que Subtel había entregado: que la GSMA había cubierto los gastos. También tenía un matiz que los denunciantes ya habían planteado. La GSMA agrupa a las cuatro empresas que operan servicios móviles en Chile, Claro, Entel, Telefónica y WOM, todas fiscalizadas por Subtel.

En agosto de 2025 se presentó una segunda denuncia. Alegaba información inexacta en documentos oficiales y un posible financiamiento irregular, y pedía determinar quién pagó. Con el nuevo oficio, la premisa del dictamen anterior queda en duda. Si la GSMA no pagó, el razonamiento sobre su carácter de entidad distinta de los regulados ya no alcanza.

El viaje y el cable submarino

El viaje figura entre los antecedentes del proyecto Chile-China Express, el cable submarino de China Mobile International entre Hong Kong y Concón. Según los reportes, la solicitud se presentó en noviembre y se tramitó en 63 días, frente a los cerca de 400 que suelen demorar proyectos similares. El 27 de enero, el entonces ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que permitía operar el cable por 30 años. El 29 de enero la concesión se congeló y dos días después se revocó.

Estados Unidos advirtió sobre los riesgos del proyecto. Según los reportes, aplicó sanciones a autoridades chilenas por el cable, entre ellas el exministro Muñoz, y revocó la visa a Araya. En diciembre de 2024, de acuerdo con la información que se conoció esta semana, Domínguez habría sostenido además una reunión de lobby con un representante de China Mobile en Chile.

Es importante separar los hechos. Que el viaje y el cable aparezcan en la misma historia no demuestra que uno haya causado el otro. Los propios reportes admiten que esa relación no está verificada. Lo que sí está documentado es la secuencia: un viaje de dos funcionarios clave a un congreso donde la empresa china era figura central, y años después un permiso tramitado con una rapidez inusual.

Quién es Raúl Domínguez

Domínguez es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Santiago, con estudios de especialización en telecomunicaciones. Antes de llegar a Subtel trabajó en Alemania, en Hytera Mobilfunk y en Motorola Solutions, según su perfil profesional. Creció en Punta Arenas y fue compañero de colegio del expresidente Gabriel Boric, con quien mantuvo la amistad. Trabajaba en Subtel desde marzo de 2022.

Dejó Subtel en mayo de 2025, aún bajo el gobierno de Boric, por otro motivo: una publicación reveló que había viajado a Europa mientras tenía una licencia médica. Según registros de la PDI divulgados por la prensa, pidió licencia los días 6, 7 y 8 de julio de 2023, después tomó feriado legal y regresó a Chile el 16 de julio. La Contraloría había determinado en diciembre de 2024 que el uso de esa licencia fue irregular y pidió iniciar un procedimiento disciplinario.

La amistad con Boric es un dato biográfico. No prueba nada sobre el viaje ni sobre quién lo pagó.

Lo que las fuentes no dicen

No hay declaración de Domínguez ni de Araya sobre el viaje. Tampoco de China Mobile, de la GSMA sobre el nuevo oficio ni de Subtel más allá de que no tiene antecedentes. No se sabe si la Fiscalía abrirá una investigación ni en qué plazo. No hay montos de pasajes, hotel ni alimentación. No hay claridad sobre las motivaciones del viaje, que el propio oficio señala como desconocidas.

Los datos sobre el cable submarino, las sanciones de Estados Unidos y la reunión de lobby de 2024 provienen de pocos reportes y no están contrastados en todas las fuentes consultadas.

Lectura editorial

Hay una pregunta simple que nadie ha respondido: quién pagó. Es una pregunta menor en apariencia, que cualquier servicio público debería poder responder con un papel. Que Subtel diga hoy que no tiene antecedentes sobre el financiamiento de una comisión de servicio de uno de sus jefes de división es, por sí solo, un problema de control interno, haya o no delito.

Lo segundo es cómo cambió el expediente. En 2025 la Contraloría descartó un conflicto de intereses porque Subtel le dijo que había pagado la GSMA. Hoy esa afirmación no se sostiene. La Contraloría actuó con prudencia en las dos ocasiones, pero la segunda vez tuvo información que la primera no tenía. Esa corrección es parte de cómo debería funcionar un órgano de control, y también muestra cuánto dependió la primera decisión de lo que informó el propio servicio investigado.

Lo tercero es el contexto. Un funcionario que fiscaliza a las empresas móviles asiste a un congreso organizado por la asociación que las agrupa, y los gastos no se declaran con claridad. Mientras tanto, otra empresa de ese mundo, esta vez estatal y extranjera, obtiene en tiempo récord un permiso para un cable submarino de interés estratégico. No hay prueba de que una cosa se relacione con la otra. Pero un país que cuida su infraestructura crítica tiene derecho a preguntarse si las decisiones sobre ella se tomaron con todas las precauciones. VDI no acusa, se pregunta.

Cuarto, hay que cuidar la presunción de inocencia. La Contraloría dijo que «podría configurarse» cohecho, no que se haya configurado. Remitir antecedentes no es formalizar. Y la cercanía de Domínguez con el expresidente Boric no es un argumento. El caso se defiende, y se juzga, por los hechos: quién pagó, qué recibió, qué decidió después.

Por último, hay una consecuencia política. El caso reaparece cuando siete de cada diez chilenos perciben mucha corrupción en el país, según el último estudio de Ipsos y Chile Transparente. Cada nueva historia sin respuestas empeora la desconfianza. Por eso la rapidez y la transparencia de la Fiscalía y de Subtel importan tanto como el fondo.

Qué vigilar

Hay cuatro cosas. Si la Fiscalía abre una investigación y bajo qué figura. Si la GSMA, Subtel o los funcionarios entregan documentos que aclaren quién pagó pasajes, hotel y alimentación. Qué resuelve la Contraloría sobre la segunda denuncia, la de agosto de 2025, que sigue pidiendo determinar responsabilidades administrativas. Y si el Congreso cita a las autoridades de Subtel para explicar por qué hoy no hay registro del financiamiento.

Conclusión

La Contraloría pasó a la Fiscalía un viaje a China del que no se sabe quién pagó los pasajes, el hotel ni la comida, y cuya explicación oficial no resistió el paso del tiempo. Nadie está acusado y nada está probado. Pero una pregunta tan básica sin respuesta, en una historia que termina en un cable submarino con una empresa estatal china, merece una investigación seria. La Fiscalía tiene ahora la palabra.

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