La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la petición del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, imputado en el caso Farmacias Populares, para viajar a São Paulo, Brasil, por un tratamiento médico. Confirmó así la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que el 15 de octubre había advertido un peligro de fuga: de ser condenado, Jadue enfrentaría una pena de cárcel efectiva, y el tratamiento, dijo la jueza, también está disponible en Chile. La audiencia de preparación del juicio oral está fijada para el 29 de octubre, y la Fiscalía pide penas que las notas cifran entre 17 y 18 años de cárcel. Jadue mantiene un arresto domiciliario nocturno y un arraigo nacional que le impiden salir del país sin autorización judicial.

Qué pidió Jadue

Según los antecedentes de la causa, Jadue pidió levantar entre el 21 y el 23 de octubre su arraigo nacional y su arresto domiciliario nocturno, con salida el 20 y regreso el 24, para viajar a São Paulo. El motivo, según la solicitud, era que su esposa, de nacionalidad brasileña, tenía un tratamiento médico programado el 21 de octubre en esa ciudad y que él necesitaba participar. Las notas no especifican el tipo de tratamiento. Una de ellas es ambigua sobre si el tratamiento lo requería él o su esposa.

La defensa, a cargo de una defensora pública, apeló cuando la jueza rechazó el permiso. Las notas disponibles no recogen declaraciones públicas de Jadue ni de su defensa después de la decisión de la Corte.

Lo que resolvió la jueza

El 15 de octubre, la jueza Lilian Sáez, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, negó la salida. Su razonamiento tiene tres partes. Primero, dijo que «en el evento de autorizarse la salida del país, efectivamente hay peligro de fuga». Segundo, vinculó ese riesgo a la pena que Jadue enfrenta si es condenado, que probablemente sería de cárcel efectiva; según una nota, habló de «penas altísimas». Tercero, sostuvo que el tratamiento está disponible en Chile y que el imputado podría recibirlo «en este país o en otro», de modo que la restricción apunta a la salida del país y no al tratamiento en sí.

Señaló además que la medida busca impedir la salida de quienes están próximos a enfrentar un juicio oral con penas altas.

La Corte de Apelaciones confirma

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Jaime Balmaceda, Karola Silva y Rodrigo Carrasco, confirmó la decisión y respaldó el razonamiento de la jueza. La resolución es de este jueves, según una de las notas, aunque otra la sitúa un día antes; es un detalle de fecha que no cambia lo central.

Las notas no informan si cabe algún otro recurso contra esta decisión. La ventana de fechas que pedía la defensa, del 20 al 24 de octubre, ya se cerró o está por cerrarse.

El caso Farmacias Populares

La Fiscalía Centro Norte acusa a Jadue por su gestión al frente de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, Achifarp, en hechos que habrían ocurrido entre 2017 y 2022. Los delitos imputados son fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal, es decir, figuras de corrupción y de insolvencia.

Según una de las notas, la Fiscalía pide 12 años de cárcel por el fraude al fisco, 3 años por la estafa, 820 días por el cohecho y 541 días por el delito concursal. Las notas no coinciden en el total: una habla de 17 años y otras de 18. La acusación sostiene que Jadue y un antiguo colaborador causaron un perjuicio económico. Jadue ha sostenido su inocencia.

La audiencia de preparación del juicio oral está fijada para el 29 de octubre. En esa etapa, previa al juicio, un tribunal define qué pruebas se podrán presentar y qué hechos se darán por acreditados, y fija el calendario del juicio. Es el paso final antes de que el caso llegue al tribunal oral, que es el que decide si hay condena.

Las medidas cautelares

Jadue está sometido a un arraigo nacional y un arresto domiciliario nocturno desde el 27 de febrero de este año. Antes pasó 91 días en el anexo Capitán Yáber y estuvo con arresto domiciliario total desde el 2 de septiembre de 2024. En julio, según una nota, un tribunal rechazó levantarle el arresto nocturno, aunque revocó la prohibición de acercarse a funcionarios.

Las notas no mencionan prisión preventiva actual. Es decir, se trata de un imputado con restricciones, no de un preso.

El antecedente del viaje a Venezuela

Una de las notas recuerda que, antes de ser formalizado en 2024, Jadue intentó viajar a Venezuela para presentar un programa municipal en un evento organizado por el Ministerio de las Comunas de ese país. Según la nota, los fiscales advirtieron a su abogado que, si insistía, pedirían una medida cautelar personal.

Ese antecedente no figura en la resolución que se conoce de la jueza, y no debe leerse como un argumento del tribunal. Pero ayuda a entender el contexto: ya había intentado salir del país antes de ser formalizado, aunque por un motivo distinto.

Lo que no se sabe

No se sabe qué tratamiento médico requería la esposa de Jadue o el propio Jadue, ni si el tratamiento se realizó finalmente en Chile. Tampoco hay informes médicos públicos que respalden la urgencia del viaje, ni una declaración de la defensa sobre si recurrirá a otra instancia. Las notas no precisan por qué la solicitud pedía ir a São Paulo y no hacerlo en Chile, más allá del vínculo de la esposa con Brasil.

Lectura editorial

Creemos que la Corte hizo lo que correspondía. Decimos esto sin dar por culpable a nadie: Jadue es inocente mientras no haya una sentencia firme, y VDI defiende esa presunción para todos. Pero una medida cautelar no es un juicio de culpabilidad, es una herramienta para asegurar que el imputado esté presente cuando el juicio llegue. Y los hechos de este caso la justifican.

Primero, la pena. La Fiscalía pide entre 17 y 18 años de cárcel. Con una expectativa de pena así de alta, el incentivo para no volver es objetivo, con independencia del carácter o de la voluntad de la persona. Es lo que dijo la jueza, y lo dijo con precisión: no cuestiona a Jadue, cuestiona el riesgo que genera la combinación de una pena alta y una salida del país.

Segundo, el momento. Una audiencia de preparación del juicio oral el 29 de octubre, con el viaje pedido entre el 20 y el 24, es el peor momento posible para dejar el país. Si hay un día en que el imputado debe estar a disposición de la justicia, es la semana previa.

Tercero, el tratamiento. La jueza dijo que está disponible en Chile. Si es así, la salida no era necesaria, y la defensa no entregó, según las notas, información que mostrara lo contrario. Un permiso humanitario se concede cuando la urgencia es demostrable; aquí no lo fue, y quien lo pide tiene la carga de probarlo.

Cuarto, el trato igualitario. Un imputado que pide salir del país por razones médicas debe enfrentar las mismas exigencias, sea quien sea. Una figura nacional, como un exalcalde, no debe recibir un trato más favorable por su fama, y tampoco uno más duro. La decisión de la Corte lo trata como a cualquier otro imputado con una pena alta en perspectiva.

Quinto, y para ser justos: Jadue ha cumplido las medidas durante meses, según las notas disponibles, y nadie ha dicho que haya incumplido el arresto nocturno ni el arraigo. Eso cuenta, y la defensa puede volver a presentar su solicitud con antecedentes médicos más sólidos. El sistema permite pedir de nuevo; lo que no permite es que se conceda sin pruebas.

Qué vigilar

Hay cinco cosas. Lo que ocurra en la audiencia de preparación del juicio oral del 29 de octubre, incluida la prueba que se admita. Si la defensa presenta una nueva solicitud con informes médicos. Si Jadue o su defensa hacen declaraciones sobre la decisión. La fecha del juicio oral y su duración prevista. Y cómo se resuelve la discrepancia entre las penas pedidas, que las notas cifran entre 17 y 18 años.

Conclusión

Jadue quería viajar a Brasil por un tratamiento médico y la Corte le dijo que no, por peligro de fuga, con un juicio a la vista en el que la Fiscalía pide hasta 18 años de cárcel. La decisión no lo declara culpable ni le impide tratarse en Chile. Mientras no haya una sentencia, es inocente; mientras haya un riesgo, la justicia debe asegurar que esté presente. Eso es lo que decidió la Corte.

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