Chile fue durante años el destino de cientos de miles de venezolanos: el censo de 2024 contó unos 670.000 nacidos en Venezuela, más de ocho veces la cifra de 2017. En 2026 el escenario cambió. Entre enero y comienzos de octubre, según el Gobierno, 8.243 venezolanos salieron del país de forma «voluntaria», pero las expulsiones forzosas a Venezuela siguen bloqueadas por la falta de relaciones diplomáticas efectivas.

De destino a salida

La llegada masiva de venezolanos a Chile fue uno de los fenómenos demográficos más rápidos de la región. El censo de 2024 registró unos 670.000 nacidos en Venezuela, según una entrevista con medios internacionales citada por Bloomberg. Es la mayor comunidad extranjera del país.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast, que asumió el 11 de marzo, hizo del control migratorio uno de sus ejes. Prometió ubicar y expulsar a quienes ingresaron de forma irregular, lo que incluye una cifra de 300.000 personas que luego, en mayo, el propio Kast llamó una «hipérbole». El Instituto Nacional de Estadísticas estima que más de 330.000 extranjeros están en situación irregular en Chile. Los datos oficiales indican que alrededor de 75% de los indocumentados son venezolanos, según un reporte de mayo.

Las cifras de 2026

Según el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entre el 3 de enero y el 4 de octubre salieron de Chile de forma voluntaria 10.345 extranjeros, de los cuales 8.243 eran venezolanos, es decir, cerca de ocho de cada diez. En el mismo período fueron expulsados 1.874. Sumadas, las salidas llegan a 12.219.

Entre enero y julio, según Bloomberg, 7.501 migrantes salieron de forma voluntaria por pasos fronterizos autorizados, y los venezolanos fueron 78% del total. La diferencia entre las dos series refleja los distintos cortes de fechas y no necesariamente un conflicto de datos.

En el plano de las expulsiones, el Gobierno informó esta semana que unos 2.000 extranjeros han sido expulsados en 2026, de los cuales 1.704 bajo la actual administración. Casi 90% fueron expulsiones administrativas. El jueves salió desde Iquique el undécimo vuelo chárter desde marzo, con 75 personas: 50 colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos. Ningún venezolano iba a bordo.

Para comparar, en 2025, último año completo del Gobierno anterior, se expulsó a 1.117 extranjeros, según Pavez. Las notas no entregan otros años.

Lo que significa «voluntario»

Las salidas «voluntarias» son la mayor parte del movimiento y conviene entender qué son. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó en mayo ante el Senado que la figura legal usada en muchos casos no es la expulsión: la persona paga su propio pasaje y Venezuela la recibe como un retorno de un ciudadano. Según esa sesión, solo 73 venezolanos habían pagado su pasaje en los primeros meses.

El contexto de presión es explícito. En esa época, Kast dijo a los migrantes irregulares que «les quedan días para que salgan voluntariamente de Chile». Las notas no permiten medir cuánto de la salida se debe a esa presión, cuánto a falta de empleo o de residencia, y cuánto a la mejora de la situación en Venezuela. Pero la combinación de controles más duros, un horizonte de expulsión y una zanja en la frontera norte forma un entorno que se parece poco al de hace unos años.

El cuello de botella: Venezuela

La razón por la que no hay vuelos de expulsión a Venezuela es diplomática. Las notas coinciden en que Chile y Venezuela no tienen relaciones efectivas desde la crisis posterior a las elecciones venezolanas de 2024. Un reporte de mayo habla de relaciones suspendidas desde el 7 de enero de 2025, tras el cierre de actividades en los dos consulados chilenos en Venezuela. Las notas difieren en la fecha exacta y conviene tratarlo como «desde 2024 o comienzos de 2025».

El prefecto de la PDI a cargo de Migraciones, Ernesto León, dijo al Senado que sin comunicación oficial es imposible identificar a las personas o conseguir la autorización de Caracas para recibirlas. Habló de «imposibilidad» y de un «cuello de botella». Los vuelos de expulsión a Venezuela están suspendidos desde junio de 2025, y el último conocido fue un chárter en 2023 con 16 venezolanos expulsados por delitos.

A mediados de 2026 hubo un cambio. Según Bloomberg Línea, el 30 de julio Chile y Venezuela anunciaron en un comunicado conjunto que restablecerían las relaciones consulares como primer paso hacia una normalización gradual. Kast dijo que «a partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa». El contexto venezolano es distinto: según la misma fuente, Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos en enero y la presidenta interina es Delcy Rodríguez, con respaldo estadounidense.

Pero los hechos posteriores no muestran avance. Un reporte de octubre señala que no hay progresos reportados en la restauración de los vínculos consulares ni en las devoluciones, pese al anuncio y a una reunión en septiembre en la ONU. Hay entonces dos versiones: un acuerdo anunciado y una implementación que no se ve. Quedan más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes, y cerca de la mitad corresponde a venezolanos.

El costo y la nueva ley

El costo de cada expulsión, según un reporte, ronda los tres millones de pesos chilenos, entre pasaje, escolta policial y logística. El Ministerio del Interior entregó al Servicio de Migraciones unos 1.760 millones de pesos, cerca de 1,7 millones de dólares, para financiar expulsiones hasta fin de año. Según Sauerbaum, ese aumento se había gastado por completo en agosto. El Gobierno planea expulsiones diarias en vuelos comerciales, financiadas con ese presupuesto.

Esta semana el Congreso aprobó una ley para acelerar las expulsiones que permite a la policía entrar a domicilios para detener a personas con orden de salida, según el reporte. Hay además un proyecto en el Congreso para tipificar como delito el ingreso clandestino. Un corredor humanitario terrestre con Perú, propuesto para los retornos, no se ha concretado y necesita cooperación regional.

Lo que dice Kast

En una entrevista con Bloomberg Television el 24 de septiembre, la primera con un medio extranjero desde que asumió, Kast afirmó: «Hemos logrado un control casi total de la inmigración irregular». Sobre los venezolanos, dijo: «Esperamos que a Venezuela le empiece a ir bien económicamente, porque eso va a hacer que muchos quieran volver». Reconoció que no se puede deportar a Venezuela antes de tener relaciones consulares, que son «esenciales» para los retornos voluntarios, y que para quienes tengan causas penales se necesitaría otro enfoque, «siempre en acuerdo con Venezuela».

La entrevista subraya una idea central del Gobierno: que el retorno es, en buena parte, un asunto de condiciones en el país de origen. Es una lectura plausible, aunque las notas no aportan datos sobre la economía venezolana.

Lo que se sabe y lo que no

Se sabe que las salidas voluntarias de venezolanos superan las 8.000 en 2026 según el Gobierno, que las expulsiones son más que el año anterior, que no hay vuelos a Venezuela y que la restauración de relaciones se anunció pero no muestra avances reportados.

No hay verificación independiente de las cifras del Gobierno. Los reportes tampoco coinciden en el número de órdenes de expulsión pendientes: mencionan 37.000, 46.000 y más de 75.000 en distintos momentos, y en la proporción de venezolanos entre ellas. No se sabe cuántos de los que salieron de forma «voluntaria» lo hicieron por decisión propia. No se sabe qué pasa con quienes no salen ni son expulsados. Y no se conocen datos sobre la situación laboral o de vivienda de la comunidad venezolana que den cuenta del «derrumbe» que el título sugiere.

Lectura editorial

VDI Global sostiene tres cosas.

Primero, un Estado tiene derecho a controlar su frontera y a aplicar sus leyes migratorias, y la ciudadanía chilena votó por un Gobierno que lo prometió. Esa legitimidad no se discute. Lo que sí se debe exigir es que se cumpla con el debido proceso y que las salidas «voluntarias» no sean una forma de presión que evite los controles de una expulsión.

Segundo, la política tiene un problema de diseño: la mayor parte de las órdenes pendientes corresponde a una nacionalidad a la que no se puede expulsar. Prometer expulsiones masivas sin relación diplomática con el país de destino es prometer algo que depende de un tercero. El Gobierno parece saberlo: busca el acuerdo con Caracas. Pero mientras no se concrete, las cifras de expulsión seguirán lejos de las expectativas que se crearon en campaña.

Tercero, conviene distinguir. No es lo mismo un migrante con antecedentes penales que una familia que trabaja. Las prioridades de expulsión deben ir primero a quienes han cometido delitos, y la política migratoria debe tener una vía clara y ordenada para el resto. De lo contrario, el efecto es que miles de personas viven con una orden pendiente que nadie puede ejecutar, en un limbo que no sirve a Chile ni a ellas.

Qué vigilar

• Si Chile y Venezuela concretan la apertura consular y se reanudan los vuelos de expulsión a Caracas.
• Las cifras mensuales de salidas voluntarias y de expulsiones.
• La aplicación de la nueva ley que permite entrar a domicilios con órdenes de salida.
• El avance del proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino.
• Si el Gobierno concreta un corredor humanitario con Perú.
• Cuántas órdenes de expulsión hay realmente pendientes y de qué nacionalidades.
• La evolución económica de Venezuela y su efecto en los retornos.

Conclusión

Chile cerró en un año una de las mayores olas migratorias de su historia reciente. El Gobierno exhibe cifras de salidas y expulsiones, y la oposición y las organizaciones de migrantes cuestionan los métodos. Lo que ambas partes comparten es una realidad: la salida masiva de venezolanos no se explica solo por la fuerza del Estado, sino también por una relación diplomática rota que impide cerrar el círculo. Mientras no haya vuelos a Venezuela, la política migratoria chilena seguirá siendo más promesa que ejecución.

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