El Servicio Nacional de Migraciones informó que seis de los más de cien detenidos en el centro de Santiago durante el aniversario del estallido social son extranjeros: tres peruanos, dos haitianos y un venezolano. Cinco tienen residencia en Chile; el venezolano está en situación irregular. El presidente José Antonio Kast ordenó expulsarlos. Migraciones inició el proceso de retiro de las residencias y de expulsión.

La cifra que faltaba

Hasta ahora, el gobierno había anunciado que expulsaría a «los extranjeros que participaron en los desmanes», sin decir cuántos eran. La respuesta llegó el martes 20 de octubre: seis, de más de cien detenidos.

El domingo 18, las manifestaciones no estaban autorizadas por la Delegación Presidencial. Carabineros dispersó muchas. Algunas terminaron en violencia, con daños a la propiedad, barricadas, enfrentamientos con la policía y robos a locales comerciales.

Quiénes son los seis

Según Migraciones, que entregó los datos a la prensa:

• Tres peruanos, los tres con residencia definitiva. Uno tiene antecedentes policiales de 2022, otro de 2024 y el tercero una detención por faltar el respeto a la autoridad.
• Dos haitianos, ambos con residencia definitiva. Uno fue detenido por portar un arma blanca; el otro tiene una orden de arresto vigente. Uno había solicitado la nacionalidad chilena, que no se le concedió.
• Un venezolano, en situación irregular. Habría ingresado por un paso no habilitado. Fue detenido por infringir la ley de drogas.

No incluimos los nombres, aunque Migraciones los entregó a la prensa. Son personas detenidas, no condenadas, y de al menos una se informa solo una detención por falta de respeto a la autoridad.

Cómo sería la expulsión

Kast instruyó a Migraciones expulsar a los seis. El organismo inició el proceso de retiro de las cinco residencias, paso previo a la expulsión. La del venezolano también está en trámite.

La nota no da plazos, trámites judiciales ni destino.

El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo: «No se permitirá que extranjeros alteren el orden público». Afirmó que quienes lo hagan serán expulsados de manera rápida y efectiva, y citó expulsiones anteriores tras las protestas de marzo y la marcha del 1 de mayo. Kast había dicho: «No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile».

El Ministerio del Interior y la Policía de Investigaciones no entregaron declaraciones en la nota.

Un proyecto en el Senado

La instrucción coincide con el proyecto que facilita ejecutar órdenes de expulsión firmes, que la Cámara aprobó por 128 votos a 11 y que sigue en el Senado. Reduce a cinco días el plazo para reclamar y quita el efecto suspensivo del recurso.

Lectura editorial

La cifra cambia el relato. Cuando el Presidente anunció que expulsaría a «los extranjeros que participaron en los desmanes», la frase sonaba a un grupo numeroso. Seis personas, entre más de cien detenidos, son menos del seis por ciento. El problema que el gobierno describe existe, pero su dimensión es pequeña.

Hay además una diferencia entre los seis. Cinco tienen residencia definitiva. Quitarle la residencia a una persona que la tiene exige un procedimiento más exigente que expulsar a quien está irregular. Y uno de los cinco figura en la nota por una detención por faltar el respeto a una autoridad, algo muy distinto de un delito grave. Si la expulsión se basa en una sola detención sin condena, el estándar es un tema de debate legal.

Hay un dato que sí respalda al gobierno: al menos dos de los seis tienen antecedentes más serios, una orden de arresto vigente y una detención por portar arma blanca. Y el venezolano, en situación irregular, enfrenta una expulsión de otro tipo. Cada caso es distinto, y el gobierno haría bien en explicarlos por separado.

También importa lo que no se dice. No sabemos cuántos de los más de cien detenidos son chilenos con antecedentes, ni cuántos fueron liberados. Si el foco está en los seis extranjeros, el 94% restante queda fuera de la conversación.

Por último, el contexto político. El gobierno enfrenta una aprobación de 28 a 30%, y la migración es uno de los temas en los que Kast tiene mayor respaldo. La señal es coherente con su agenda, y el número, pequeño, la hace más simbólica que operativa.

Conclusión

Seis extranjeros, entre más de cien detenidos, serán sometidos a expulsión. Cinco tienen residencia, una no. Ninguno ha sido condenado. El debate no es si el Estado puede expulsar a quienes cometen delitos, sino con qué prueba, en qué plazo y con qué garantías. El Senado discute justamente eso.