La Comisión de Defensa del Senado escuchó este viernes a la Fuerza Aérea sobre sus necesidades de equipamiento. Hubo elogios, compromisos de palabra y horizonte a 30 años. No se informó un solo monto, una sola cantidad ni el sucesor del F-5, justo cuando Buenos Aires acelera sus F-16 y su base de Ushuaia.

Lo que ocurrió en Iquique

El viernes 23 de octubre, la Comisión de Defensa Nacional del Senado sesionó en la base aérea Los Cóndores, en Iquique. Expuso el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Hugo Rodríguez. Estuvieron el presidente de la comisión, Francisco Huenchumilla, los senadores Pedro Araya y Cristián Vial, y el ministro de Defensa, Fernando Barros.

Según lo informado, la FACh presentó sus necesidades de equipamiento y el desarrollo de sus capacidades con un horizonte de planificación de 20 a 30 años. Se habló de transformación digital, de nuevas tecnologías, de la formación de las próximas generaciones de oficiales y suboficiales, y del papel de la institución en la protección de los intereses nacionales y en el apoyo a la comunidad.

Las declaraciones fueron las esperables. Barros calificó la reunión como «muy positiva» y puso el acento en los desafíos de presupuesto y en la buena administración de los recursos. Huenchumilla dijo haber quedado «muy bien impresionado por el alto profesionalismo» de la institución. Araya fue el más explícito: «es muy importante que como país nos comprometamos como política de Estado», y pidió garantizar recursos para las Fuerzas Armadas. Vial agregó que se llevaban «varias tareas, varias reflexiones» y ofreció apoyo desde el Congreso.

Hasta ahí, una sesión cordial. El problema es lo que no apareció.

Lo que no se dijo

La información pública de la sesión no entrega ninguna cifra. No hay un monto de inversión, no hay una cantidad de aeronaves, no hay un cronograma. Tampoco se informó qué pasará con el reemplazo de los cazas F-5, el tema que más pesa en la capacidad aérea del país. No se mencionaron transporte, helicópteros ni radares. La única aeronave que acompañó la nota fue un F-16 en una fotografía de archivo.

Eso importa porque el reemplazo del F-5 no es un asunto abstracto. Esos aviones entraron en servicio en Chile en 1976 y este año cumplieron medio siglo. En septiembre la FACh los celebró en El Bosque con un sobrevuelo, mientras la propia institución ya había iniciado su retiro progresivo y evaluaba venderlos a mercados internacionales en lugar de enviarlos a museos. El 24 de septiembre el ministro Barros anunció el proceso de reemplazo. Todavía no hay avión elegido. Las especulaciones sobre cuál será el sucesor circulan desde junio, pero ninguna se ha convertido en decisión.

Un país que retira un caza sin haber definido el siguiente tiene una ventana de vulnerabilidad. Puede ser breve o puede ser larga, y eso depende de decisiones que hoy no se explican a los ciudadanos. Una sesión del Senado con la jefatura de la FACh era la ocasión natural para darle al público una fecha y un orden de magnitud. No ocurrió.

El telón de fondo: el sur no está tranquilo

La sesión se hizo en el extremo norte del país, y el contexto que la rodea está en el extremo sur. En las últimas semanas la relación con Argentina acumuló episodios que ningún ministro puede tratar como ruido.

El 24 de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Valverde, afirmó en un programa que la zona de Magallanes forma parte del territorio argentino y defendió mantener presencia militar por su valor estratégico bioceánico. La Moneda rechazó los dichos «categóricamente» y la Cancillería anunció una nota de protesta formal. Parlamentarios de distintos sectores pidieron una respuesta diplomática inmediata.

El 3 de septiembre, seis excomandantes en jefe de la Armada firmaron una carta pública, «Relación con Argentina, un continuo que no acaba». Cuestionan que sigan vigentes el Decreto 457 de 2021, que menciona el control conjunto del Estrecho de Magallanes y del Paso Drake, y el Decreto 256 de 2010, que según los firmantes choca con la Convención sobre el Derecho del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Piden evaluar si la cooperación militar bilateral, en particular la Patrulla Antártica Naval Combinada, debe mantenerse en los mismos términos mientras esos decretos sigan en pie. Su cierre fue medido: «La historia aconseja prudencia, pero también firmeza».

Este 23 de octubre, un exgeneral argentino afirmó que su país «tiene la herramienta» para eliminar Puerto Williams cortando el gas, y el alcalde de Cabo de Hornos le respondió que el gas de la isla es chileno y llega desde Punta Arenas. Son dichos de un militar retirado, no una política del gobierno argentino. Pero llegan en la misma semana en que el Senado discute cómo equipar a las Fuerzas Armadas.

Y a mediados de noviembre debería zarpar el carguero Danstar, de bandera chilena, con destino a las islas Falklands. Es una operación privada, el Gobierno descartó escoltarlo, y el canciller argentino dijo que su país no lo interceptará. Aun así, la inteligencia chilena habría advertido de un posible «evento crítico», y un dirigente de una liga naval argentina ya planteó detenerlo. El mejor escenario es que no pase nada. Un Estado serio no planifica solo para el mejor escenario.

Argentina se equipa, aunque con lentitud

Del otro lado de la cordillera, el cuadro es más ruidoso que contundente, y conviene decirlo con exactitud.

El Gobierno de Javier Milei anunció que desplegará cazas F-16 en la futura Base Naval Integrada de Ushuaia, a unos 700 kilómetros de las Falklands. Seis aviones comprados a Dinamarca, dos biplazas y cuatro monoplazas, llegarían a fines de septiembre en un vuelo de más de 13.000 kilómetros, y la Fuerza Aérea sumaría 24 unidades a más tardar en diciembre de 2027. Se negocia además la compra de hasta dos aviones cisterna. El vocero presidencial dijo que el objetivo es vigilar los recursos naturales y la soberanía.

La base de Ushuaia, sin embargo, está apenas 9,13% construida, se reasignaron unos 142 millones de dólares por decreto y se buscan los fondos restantes. El ministro de Defensa argentino dijo que las obras se reanudan el 2 de enero, una vez cerradas las licitaciones. Es decir, la capacidad aérea y naval argentina en el extremo sur es una promesa que se materializará en etapas y no un hecho consumado.

Esa distinción es útil para no caer en el alarmismo. Pero tampoco justifica la calma. Una promesa con fecha, presupuesto y compra firmada avanza. Un reemplazo sin avión, sin monto y sin plazo, no.

Chile tiene plan, pero le falta narrar el plan

El Gobierno presentó a fines de septiembre un plan de defensa para el extremo sur con horizonte a 2043. Incluye bases con personal permanente en la zona austral, el estudio de reemplazo de los F-5 en Chabunco, helicópteros UH-1H con reemplazo financiado, renovación de los C-130, capacidad de patrullaje marítimo de largo alcance para 2027, modernización de blindados en Magallanes y mejoras al puerto de Punta Arenas y a las pistas Teniente Marsh y Frei. Además, Defensa quedó fuera del recorte de 3% al gasto público.

Es un buen inventario. El problema no es la lista, sino que la lista carece de calendario y presupuesto públicos. Cada elemento se anuncia en una instancia distinta y ninguno se amarra a una fecha que el país pueda exigir. Cuando el Senado pide «política de Estado», dice en el fondo lo mismo: que el gasto de defensa no puede depender del ánimo de cada gobierno ni de cada ministro de Hacienda.

La experiencia chilena lo respalda. Las capacidades militares no se compran de un año para otro. Un caza se decide, se negocia, se financia, se entrega y se integra durante una década. Quien retrasa la decisión hoy, decide en los hechos que habrá un vacío mañana.

Qué significa realmente «política de Estado»

La expresión es de las que todos aplauden y pocos definen. En defensa, tiene al menos cuatro contenidos concretos.

Primero, un financiamiento plurianual que sobreviva a los cambios de gobierno, con montos y plazos publicados. Segundo, una doctrina pública sobre libertad de navegación y comercio austral, para que ningún funcionario improvise cuando un buque privado zarpe hacia las Falklands. Tercero, un protocolo interministerial para incidentes marítimos, con Cancillería, Defensa e inteligencia sentados a la misma mesa. Y cuarto, una conversación franca con el Congreso, no solo en sesiones cordiales sino con cifras sobre la mesa.

Nada de eso apareció en lo informado de Iquique. Los senadores hicieron lo correcto al pedir compromisos. Lo que falta es que el Ejecutivo responda con un documento y no con una impresión.

Lectura editorial

VDI Global no pide más gasto por reflejo. Pide claridad. Chile enfrenta un entorno austral en el que un brigadier general argentino cuestiona Magallanes, un exgeneral amenaza con cortar el gas a Puerto Williams, seis excomandantes de la Armada advierten sobre decretos vigentes y un carguero chileno se prepara para zarpar hacia territorio en disputa. En ese entorno, que la Fuerza Aérea comparezca ante el Senado y se retire sin que el país sepa cuándo ni cómo se renovarán sus cazas es una señal débil.

No es una crítica a la institución, que por todo lo informado mostró profesionalismo. Es una crítica a la política: el liderazgo civil debe traducir las necesidades militares en decisiones con nombre, monto y fecha. La disuasión no se construye con elogios en una comisión. Se construye con capacidades creíbles y con un Estado que demuestra que sabe lo que quiere.

También hay que reconocer lo que sí funciona. La cooperación operativa con Argentina continúa en el terreno, el Gobierno ha sido prudente al no escoltar el Danstar, y la Cancillería ha respondido con firmeza a los dichos de Valverde. Esa mezcla de diálogo y firmeza es la correcta. Lo que debe acompañarla es un equipamiento coherente.

Qué vigilar

• Si el Gobierno informa el modelo y el calendario del reemplazo de los F-5 antes de fin de año.
• Si la discusión presupuestaria incluye un compromiso plurianual de defensa.
• La zarpada del Danstar y la postura final de Buenos Aires.
• La llegada efectiva de los F-16 argentinos y el avance de Ushuaia desde enero.
• Si Cancillería y Defensa publican un protocolo para incidentes marítimos australes.
• Si la Comisión de Defensa del Senado exige a Defensa una presentación con cifras.

Conclusión

La sesión de Iquique fue amable y vacía de datos. Un Senado que pide «política de Estado» y una Fuerza Aérea que mira 30 años adelante son buenas noticias, pero no reemplazan lo esencial: decir cuántos aviones, cuáles, cuándo y con qué dinero. Mientras Argentina anuncia, aunque lento, y el sur se llena de declaraciones, Chile necesita que su defensa deje de ser un discurso compartido y pase a ser un calendario público. La seguridad austral no se declama: se financia, se compra y se comunica.

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