El presidente José Antonio Kast y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ingresaron a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le quita la facultad de presentar querellas criminales y la reemplaza por la de presentar denuncias. También reduce el consejo de once a cinco integrantes y crea un director ejecutivo elegido por concurso. El oficialismo lo valora; la oposición reclama falta de diálogo.

Qué cambia

El proyecto ingresó como mensaje presidencial alrededor de las cinco de la tarde del lunes 19 de octubre. Lleva las firmas de Kast y de Rabat.

Sus puntos centrales:

• Querellas. El INDH deja de poder presentar querellas criminales. Conserva la facultad de presentar denuncias.
• Consejo. Pasa de once a cinco consejeros, con mandato limitado a cuatro años.
• Nombramientos. Serán mixtos, con participación de los poderes públicos y de la sociedad civil.
• Dirección. Se crea un director ejecutivo seleccionado por concurso de Alta Dirección Pública.
• Transparencia. El informe anual deberá incluir las actividades del instituto, sus recomendaciones a los órganos del Estado y la ejecución de su presupuesto.

La nota no entrega cifras del presupuesto del INDH.

La justificación del gobierno

Rabat dijo que los cambios se refieren sobre todo a la composición del consejo y a la dirección ejecutiva. Según él, el objetivo es que el INDH sea un órgano consultivo en materia de derechos humanos, lo que exige quitarle la querella pero mantener la denuncia.

Afirmó que el proyecto nace de un informe transversal elaborado en virtud de la Ley de Presupuestos de 2025. Y negó que complique la agenda de seguridad o el presupuesto de Justicia.

En una entrevista anterior en televisión, Rabat fue más directo. Dijo que el INDH «tiene absolutamente un tinte de izquierda, y eso hay que corregirlo». Argumentó que la sociedad civil está mal representada y que la facultad de querellarse «no tiene sentido». Citó que las querellas del instituto han aparecido en causas de crimen organizado y medioambientales, lo que a su juicio vuelve innecesaria esa facultad. Dijo también que el subsecretario Pablo Mira se ha reunido más de quinientas veces con organizaciones de la sociedad civil.

El oficialismo celebra, y pide más

El diputado republicano Enrique Bassaletti, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que el INDH está influido por una visión política de los hechos. Dijo que institutos similares en América Latina, por lo general, no pueden presentar querellas.

El diputado UDI Sergio Bobadilla valoró el proyecto, pero dijo que el INDH «no tiene solución» tal como está y pidió eliminarlo.

La oposición reclama

El diputado del PPD Carlos Cuadrado criticó la falta de diálogo en un tema que toca los derechos humanos. El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, dijo que el gobierno ignoró un proyecto existente de la diputada Ossandón, que la comisión ya estaba revisando.

El reclamo principal, según se informó, es que el gobierno presentó la iniciativa sin aviso y los tomó por sorpresa.

El diputado comunista Marcos Barraza intentó que el proyecto pasara a la Comisión de Constitución, de la que forma parte. La Cámara votó en contra, de modo que la iniciativa queda solo en la Comisión de Derechos Humanos. La nota no da más plazos ni conteos de votos.

La respuesta del INDH

La nota del lunes no incluye reacción del instituto ni de su director. Sin embargo, el director, Yerko Ljubetic, ya había respondido en agosto a las críticas del gobierno. Dijo entonces que atribuir un carácter partidista al INDH era un «problema» y un «error». Defendió que el consejo incluye representantes de distintas regiones y de organizaciones de la sociedad civil, y que por eso no es un organismo partidista.

Un titular del director del INDH en La Tercera, que no pude leer, acusa que el proyecto sobre expulsiones «daña la democracia». Es una crítica a otro proyecto del gobierno, no a este.

Lectura editorial

La reforma tiene una lógica clara y una consecuencia clara. La lógica: un órgano consultivo no necesita querellas. La consecuencia: el Estado deja de contar con una institución autónoma que pueda llevar casos a los tribunales cuando la Fiscalía no lo hace.

La querella es la herramienta que convierte al INDH de observador en actor. Con ella puede constituirse como parte en causas por tortura, desapariciones o violencia institucional. Con una denuncia, entrega información y sigue en manos del Ministerio Público. El argumento de Rabat, que las querellas del INDH aparecen en causas de crimen organizado y medioambientales, no explica por qué quitarlas. Lo que muestra, si acaso, es que el instituto las usa más allá de los casos que el gobierno considera su núcleo.

Hay un dato político que no se debe pasar por alto. Rabat dice que el INDH tiene «un tinte de izquierda». Eso es una evaluación sobre la composición del consejo. La reforma propone un consejo más pequeño, de nombramiento mixto, con un director elegido por concurso. Esa estructura puede ser más profesional o más controlable, según quién designe y cómo. Hoy el proyecto no despeja esa pregunta.

También importa el momento. El gobierno ingresa esto el mismo día en que cae su aprobación en las encuestas, en vísperas del debate sobre las expulsiones de extranjeros y en medio de la presión por los indultos a uniformados. Para el oficialismo, es consistente con su agenda. Para la oposición, es una señal de que el gobierno quiere reducir los controles justo cuando se discuten temas de derechos humanos.

El argumento comparado de Bassaletti, que otros institutos de la región no pueden querellarse, es verificable y conviene que alguien lo verifique. Que algunos no puedan no significa que ninguno deba poder.

Conclusión

El proyecto no elimina el INDH: lo reduce y lo reorienta. Quita su herramienta más fuerte, la querella, a cambio de un órgano más pequeño y con un director ejecutivo. El debate que viene no será técnico. Será sobre qué tipo de institución de derechos humanos quiere tener Chile y quién decide su composición.