Fernando Cerimedo fue detenido por un delito que, según las notas disponibles, es femicidio frustrado. Es una imputación y no una condena: rige la presunción de inocencia. Este artículo no trata ese proceso, sino la comisión de la Cámara y la decisión de Matthei.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei, quinta en la última elección, descartó asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga el caso Cerimedo y el uso de bots en redes. Lo hizo tres días después de que se informara que entregaría su testimonio. Dice que no piensa «prestarse para el show de los republicanos», que «lo que ya pasó, pasó» y que ella no tiene que dar pruebas. Pero fue ella quien denunció públicamente el acoso de bots durante su campaña. La pregunta de fondo es hasta cuándo se puede acusar sin tener que responder.

Lo que dijo Matthei

En una entrevista radial, Matthei fue directa. «El presidente es un republicano, ¿usted cree que yo me voy a prestar para ir a hacer el show de los republicanos allá?», dijo, en alusión al diputado José Carlos Meza, que preside la instancia.

Luego cuestionó para qué serviría. «O sea, ¿usted cree que efectivamente va a salir algo de ahí? Mire, lo que ya pasó, pasó. Hoy día la gente lo está pasando mal con la lluvia, con el tiempo, con el desempleo, con el crimen. Por favor, dediquémonos a eso», afirmó.

Y dejó una petición concreta al Congreso: «Lo que sí yo les pediría es que efectivamente legislen, para que esto no vuelva a poder pasar en 3 años más, cuando volvamos a tener elecciones, incluso en 2 años más».

Consultada por quienes le piden pruebas de lo ocurrido con los bots durante su campaña, respondió que «los chilenos y las chilenas ya se hicieron la idea de eso hace bastante tiempo». Añadió: «No soy yo la que tenga que dar pruebas. Todo el mundo sabe quiénes son los que dijeron que yo tenía Alzheimer, así que que se vayan un poquitito a la punta del cerro».

El giro: de aceptar a descartar

El 19 de octubre se informó que Matthei participaría en la comisión. Según el diputado Hotuiti Teao, lo haría mediante un «relato escrito» sobre cómo vivió el acoso de bots durante su candidatura. Respondería un cuestionario elaborado por él sobre los ataques y la manipulación de algoritmos que ella misma había denunciado públicamente. Teao calificó esas respuestas de insumo importante para la investigación.

Tres días después, la propia Matthei dice que no irá. Las notas disponibles no aclaran si descarta también el cuestionario escrito o solo la comparecencia presencial. Es un matiz relevante, porque su frase habla de «ir allá» y de «hacer el show», pero no dice expresamente que no enviará sus respuestas.

Qué es la comisión y qué investiga

La Cámara rechazó una primera propuesta el 1 de septiembre por solo dos votos: obtuvo 60 a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, y se necesitaban 62. Al día siguiente la aprobó. La comisión se constituyó el 30 de septiembre con 13 diputados: Patricio Briones, Luis Cuello, Jorge Díaz, Hans Marowski, Cristóbal Martínez, José Carlos Meza, José Montalva, Benjamín Moreno, Francisco Orrego, Javiera Rodríguez, Juan Santana, Hotuiti Teao y Gonzalo Winter.

Su mandato es indagar cómo actuaron los organismos del Estado ante el uso de bots, cuentas automatizadas, redes coordinadas, desinformación e inteligencia artificial en procesos políticos y electorales en Chile desde 2020. Debe reunir información sobre conocimiento, prevención, detección y fiscalización de esas prácticas.

Entre los organismos en la mira están el Ministerio del Interior, la Presidencia, Segpres, Segegob, Cancillería, el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI, el Ministerio de Ciencia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero. Tiene un plazo inicial de dos meses, prorrogable.

En sus primeras sesiones acordó escuchar a autoridades, especialistas, periodistas y representantes de Google, Meta y X. El diputado Montalva, impulsor de la comisión, prometió una fiscalización «implacable» y dijo que no debe quedar ningún antecedente sin investigar.

El caso Cerimedo

Fernando Cerimedo es un consultor político argentino que ha reconocido actividades en Chile. Fue detenido por un delito que las notas describen como femicidio frustrado contra su expareja. En los allanamientos a su domicilio se encontró lo que la prensa llamó una «mini granja de bots».

Eso encendió las alarmas en Chile por posibles operaciones digitales y por sus eventuales vínculos con actores cercanos al entorno del presidente Kast. Una investigación periodística señaló que un equipo político cercano al ministro de Seguridad, Martín Arrau, habría tenido capacidad para instalar temas en tendencia durante la campaña de 2025. Arrau negó cualquier vínculo con Cerimedo.

Conviene separar tres cosas que se mezclan. Primero, que se hallara una infraestructura de bots en el domicilio de un consultor en otro país. Segundo, que ese consultor tuviera actividad en Chile. Tercero, que esa actividad haya afectado una campaña concreta o beneficiado a alguna candidatura. Las notas disponibles acreditan lo primero y reconocen lo segundo. De lo tercero, hasta ahora hay denuncias y una investigación periodística, no hallazgos judiciales ni de la comisión.

¿Hasta cuándo tiene licencia?

La pregunta del titular es política, no médica. Matthei quedó quinta en la última elección presidencial. Desde entonces ha ocupado espacio público para denunciar que fue víctima de bots, de manipulación de algoritmos y de una campaña de desinformación, incluida la que dijo que tenía Alzheimer. Es una acusación grave, que involucra a su entorno político y, según ella, a gente que «todo el mundo sabe quién es».

Cuando el Congreso crea un espacio formal para investigarla, con plataformas, organismos del Estado y periodistas citados, la respuesta es que no irá, que es un «show», que «lo que ya pasó, pasó» y que ella no tiene que dar pruebas. Esa es la licencia a la que se refiere el titular: el permiso implícito que a veces se le concede a quien acusa para no someter su acusación a ninguna verificación.

Cualquier otro actor político que hiciera lo mismo, denunciar con fuerza y negarse a explicar, recibiría el mismo reproche. Es una vara pareja. Quien denuncia tiene derecho a desconfiar de la instancia, pero no a que su palabra valga más por haber sido la afectada. Y los chilenos tienen derecho a saber si sus dichos resisten un contraste.

Por qué importa que Matthei no vaya

Matthei es una testigo relevante: no porque sus dichos prueben por sí solos la autoría de los ataques, sino porque puede describir qué recibió, cuándo, cómo y a través de qué cuentas. Su negativa tiene un costo para la comisión, que queda sin uno de sus testimonios más mediáticos justo cuando se discute si sirve para algo.

Tiene también un costo para ella. Al decir que «no soy yo la que tenga que dar pruebas», traslada la carga a otros, pero se queda sin el espacio donde esas pruebas podrían ordenarse y exigirse a quienes tienen los datos: Google, Meta, X y los organismos del Estado.

La lógica de Matthei y sus límites

Hay un argumento razonable en lo que dice. Una comisión investigadora no es un tribunal, no tiene poder de sanción penal y sus conclusiones dependen de la mayoría que las vote. Su presidente pertenece al partido del Presidente de la República, cuyo entorno aparece mencionado en la discusión sobre bots. Para una excandidata que perdió esa elección, ir a esa mesa tiene un riesgo evidente de verse como instrumento de otros.

Pero la lógica tiene un límite. La comisión tiene trece integrantes de distintos sectores y fue impulsada, entre otros, por el diputado Montalva. Y un testimonio por escrito, como el que se informó hace tres días, no habría exigido ningún «show» ni exposición pública. Que haya aceptado esa fórmula y luego la haya descartado sin explicar el cambio es lo que deja la duda.

Lectura editorial

Creemos que esta decisión dice más de la política chilena que del caso en sí. Matthei tiene derecho a no ir y es plausible que su desconfianza sea genuina. Pero hay un costo en el mensaje: «lo que ya pasó, pasó» es una frase difícil de conciliar con exigirle al Congreso que legisle para que no se repita. Para legislar bien hay que saber qué pasó, cómo y quién lo hizo.

Tampoco es serio que quien denunció una campaña de bots diga que «todo el mundo sabe» quiénes fueron y a la vez rehúse ponerlo en un espacio formal. Si todo el mundo lo sabe, es fácil escribirlo. Y si no hay pruebas, la acusación debe decirse con ese nombre, no como evidencia popular. La licencia para acusar sin responder no existe en una democracia, ni para el oficialismo ni para quien perdió.

La otra mitad también tiene deberes. Si la mayoría de la comisión quiere que sea algo más que un escenario, debe dar garantías de procedimiento, citar a las plataformas y a los organismos que tenían la información, y entregar conclusiones que se sostengan. Un presidente republicano no invalida la comisión, pero obliga a que la conducción sea especialmente cuidadosa con la imparcialidad.

Y el Gobierno tiene su propia pregunta pendiente. Si un equipo cercano al ministro Arrau tenía capacidad de instalar temas en tendencia, y el ministro lo niega, lo más sano es que el propio Ejecutivo colabore en transparentar qué hacía y con quién trabajaba. La negativa es una declaración, no una prueba.

Qué vigilar

Cinco cosas. Si Matthei envía o no el cuestionario escrito, que es el dato que aclara su postura real. Qué plataformas, entre Google, Meta y X, aceptan comparecer y qué datos entregan. Si la comisión logra citar a Arrau y a otros actores de campaña. Si se prorroga el plazo de dos meses. Y si el Congreso, como pide Matthei, avanza en una ley contra bots y manipulación electoral, que es lo único que evitaría una repetición en 2028.

Conclusión

Matthei aceptó, y tres días después se retiró. Su frase sobre el «show de los republicanos» resume una desconfianza política real, pero la comisión sigue adelante y la pregunta de fondo sigue sin responder: quién operó bots en la elección y a favor de quién. La otra pregunta, la del titular, es para ella: hasta cuándo se puede acusar sin responder. Mientras no haya datos de las plataformas, nombres y fechas, ni los acusadores ni los acusados tienen una base sólida. Y quien dice que todos saben lo que pasó debería ayudar a que quede escrito.

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