El pleno de la Corte Suprema debía votar este lunes 19 de octubre, desde las dos de la tarde, si remueve al juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La causa son viajes al extranjero con licencia médica. Se requieren once votos. Urrutia necesita convencer o sembrar dudas en al menos siete de los diecisiete ministros. Su caso es uno de cinco que quedaron pendientes.

Qué se decide

La Corte Suprema debe resolver si aplica la sanción más grave a un juez: la remoción. El pleno actúa conforme al artículo 80 de la Constitución, que exige a los jueces «buen comportamiento». Urrutia es uno de los cincuenta y seis funcionarios judiciales a los que la Suprema abrió cuadernos de remoción el 16 de junio, tras detectarse viajes al extranjero con licencia médica. La votación se aplazó porque algunos jueces recurrieron al Tribunal Constitucional, que suspendió el proceso.

En la misma sesión el pleno debía votar la remoción de otros cuatro magistrados.

Los dos viajes

El caso de Urrutia se centra en dos episodios, no en sus polémicas públicas.

El primero es un viaje a Costa Rica durante una citación vinculada a su caso contra Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El segundo es un viaje a Tena, Ecuador, durante una licencia médica que coincidió con sus vacaciones. Tenía un diagnóstico de estrés severo persistente. Según su propia versión ante el fiscal, viajó a una comunidad terapéutica «por un tratamiento alópata» y estaba bajo estrés por varias investigaciones en su contra.

El pleno, sin embargo, debe evaluar su conducta en conjunto, no solo esos dos hechos.

Un historial largo, sin sanciones mayores

Urrutia es conocido por sus declaraciones frontales y sus fallos controvertidos. Ha chocado con sus superiores, lo que ha derivado en querellas cruzadas.

Entre los episodios que se le atribuyen: en febrero de 2024 autorizó videollamadas a cuatro internos de la cárcel de alta seguridad Repas. Traspasó la preparación de un juicio contra un exsargento de Carabineros cuando la defensa pidió su inhabilitación por falta de imparcialidad. Y en 2022 publicó varias veces en X a favor del «Apruebo» en el plebiscito, lo que llevó a la Corte de Apelaciones a abrir una investigación por posible infracción a la neutralidad política.

En mayo de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago lo absolvió, en una decisión dividida, de sanciones por dos viajes al extranjero con licencia entre enero de 2020 y octubre de 2022. En una votación relacionada, el tribunal mantuvo una sanción contra él por un solo voto.

Tiene varios procesos disciplinarios previos, pero ninguna sanción mayor.

Quiénes votan

Son diecisiete ministros. La conformación sigue la audiencia de septiembre:

• Titulares: Gloria Ana Chevesich (presidenta), Andrea Muñoz, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo, Jessica González, Ricardo Blanco, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Mauricio Silva, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz y Jorge Zepeda.
• Suplentes que integraron en septiembre: Eliana Quezada, Hernán Crisosto y Carolina Catepillán.
• Excluidos: Roberto Contreras, de vacaciones. Los ministros María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, Mireya López y Dinko Franulic están presentes, pero no estuvieron en la audiencia y por eso no participan.

El detalle importa. Cuando el pleno suspendió la causa, cuatro titulares estaban de vacaciones y fueron reemplazados por suplentes. Al reanudarse, esos titulares volvieron. Se discutieron tres opciones: que los titulares decidan solos, que se anule la audiencia o que continúe la conformación original. Esta última ganó apoyo, con el argumento de que quienes asistieron a la audiencia deben participar en el fallo.

Los números

La Constitución exige once votos para remover. Con menos ministros, alcanzar esa cifra es más difícil, algo que favorece a Urrutia.

Según la información publicada, Silva y Llanos lo apoyarían y Zepeda podría sumarse. Eso dejaría cuatro votos más por conseguir, algo que se considera difícil.

También hay antecedentes. En los últimos cinco años, la Suprema no ha removido a un juez por salir del país con licencia médica. Pero esta vez el contexto es otro: en septiembre aprobó la remoción de once de treinta y siete cuadernos, y en octubre removió a otros cuatro. Con ellos, suman quince. Tres casos no alcanzaron los once votos y en un cuarto la mayoría decidió no remover.

La defensa de Urrutia, a cargo del abogado Carlos Quezada, dijo en junio que su cliente «acata la decisión del pleno» y que se defenderá en el procedimiento. Se espera que recurra a nuevas maniobras procesales.

Lectura editorial

El caso Urrutia no es solo un caso de licencias. Es la prueba de si la Suprema aplica el mismo estándar a todos o si el nombre del acusado cambia el resultado.

Hay un dato que incomoda. Urrutia es uno más entre decenas de jueces investigados por el mismo tipo de infracción. Si la Suprema lo remueve y no lo hizo con otros casos parecidos, se dirá que se castigó su historial y no sus viajes. Si no lo remueve, se dirá que el sistema protege a los suyos. Ninguna de las dos lecturas favorece al Poder Judicial.

También pesa la forma. Que la composición del pleno sea motivo de debate, que haya recursos ante el Tribunal Constitucional y que una votación se aplace semanas deja la imagen de un tribunal que discute sus propias reglas mientras decide la carrera de un colega.

Y hay una pregunta que las fuentes no responden con claridad: cuánto de esta votación es sobre dos viajes y cuánto es sobre un juez que incomoda. El pleno debe mirar su conducta en conjunto, y esa amplitud es justamente lo que alimenta la sospecha.

Conclusión

La Corte Suprema decide hoy el futuro de un juez que divide al Poder Judicial. Con once votos se necesitan, y con apoyos que parecen insuficientes para una remoción, el resultado no es evidente. Sea cual sea, dejará un precedente sobre cómo se castiga a los jueces.