El presidente José Antonio Kast instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones usar todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del domingo, en el séptimo aniversario del estallido social. Dijo: «No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile». La orden coincide con el avance en el Senado de un proyecto que facilita ejecutar las expulsiones.

La instrucción del Presidente

Kast encargó a Interior y a Migraciones activar los mecanismos para concretar las salidas del país de los extranjeros que hayan participado en los incidentes. El mensaje lo publicó el lunes y lo recogió la prensa el martes 20 de octubre.

La nota no informa cuántos extranjeros fueron identificados, cuáles son sus nacionalidades ni cuántos serían expulsados. Tampoco precisa cuántos de los detenidos del domingo son extranjeros.

Qué pasó el 18-O

El balance oficial del domingo, difundido el lunes, registra 110 detenidos: 85 adultos y 25 menores, 94 hombres y 16 mujeres. Hubo 14 carabineros y cuatro civiles heridos. Las cifras fueron cambiando durante el día: primero se informaron 29 detenidos y seis carabineros lesionados, y luego 110 y nueve.

Hubo 43 eventos en total, un 45% menos que el año anterior: 23 manifestaciones o aglomeraciones con cortes de tránsito no autorizados, 11 barricadas, ocho desórdenes más violentos y un saqueo. Un bus del transporte público fue quemado y otro fue rociado con acelerante.

La marcha principal en el centro de Santiago reunió entre 2.500 y 2.800 personas. Se desplegaron 5.116 carabineros.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que los detenidos aumentaron 41% respecto del año anterior. Calificó los hechos de «delincuencia pura y dura, es anarquismo» y pidió una condena transversal. El director general de Carabineros, Marcelo Araya, dijo que los grupos se dedicaron a la destrucción y atentaron contra personas. Sobre la denuncia de que un funcionario sacó su arma de servicio frente a un civil, dijo que cada caso tiene circunstancias propias, que el uso del arma es parte de sus facultades y que el hecho será investigado.

El proyecto que facilita expulsar

Kast también valoró que la Cámara de Diputados aprobara, por 128 votos a favor y 11 en contra, el informe de la comisión mixta del proyecto. La iniciativa busca facilitar la ejecución de órdenes administrativas de expulsión que ya están firmes. Su tramitación continúa en el Senado.

Los principales cambios:

• Policía de Investigaciones. Podrá pedir a un juez de garantía autorización para entrar al domicilio donde se encuentre un extranjero requerido. El juez deberá resolver en veinticuatro horas.
• Servicio Nacional de Migraciones. Podrá pedir a particulares, empresas y funcionarios datos como nombre, domicilio y correo de extranjeros en situación irregular. No aplica a menores ni a establecimientos de salud o educacionales.
• Registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, notificaciones electrónicas y tácitas, y posibilidad de retener documentos de viaje.
• Reclamaciones. El plazo baja de diez a cinco días, y presentar el recurso ya no suspende automáticamente la ejecución de la medida.
• Nueva causal: «graves afectaciones al orden público».
• Reingreso. El mínimo de prohibición sube de tres a cinco años, y las órdenes de expulsión siguen vigentes hasta que se ejecuten.

Las críticas

En la misma página de La Tercera aparece un titular del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que acusa que el proyecto del gobierno «daña la democracia». El cuerpo de la nota no desarrolla esa crítica.

Lectura editorial

La instrucción presidencial tiene una base legal más débil de lo que sugiere el tono. Una expulsión no es una sanción automática por haber estado en una protesta. Requiere identificar a cada persona, acreditar su participación en hechos concretos y seguir un procedimiento administrativo con derecho a reclamar. El gobierno no ha dicho cuántos casos tiene. Mientras no lo diga, la frase de Kast es una señal política más que un hecho.

Pero es una señal coherente con su agenda. Kast prometió mano dura con la migración irregular y con el orden público, y el 18-O le da una oportunidad de unir ambos temas. El proyecto del Senado le entrega herramientas: menos plazo para reclamar, recursos que no suspenden la medida, ingreso a domicilios con autorización judicial.

Hay una pregunta que el gobierno no ha respondido: ¿cuántos de los 110 detenidos son extranjeros? Si la cifra es baja, el mensaje apunta a un problema menor que el que describe. Si es alta, debería decirlo. La opacidad favorece la sospecha en ambas direcciones.

También importa la proporción. Hubo 43 eventos y 110 detenidos, con 2.500 a 2.800 manifestantes en la marcha principal. Pero un bus quemado y otro rociado con acelerante, y 14 carabineros y cuatro civiles heridos, son hechos reales, y el gobierno tiene razón en que merecen sanción. La discusión es qué sanción corresponde a quién, y con qué prueba.

El debate de fondo es el equilibrio entre eficacia y garantías. Reducir de diez a cinco días el plazo para reclamar y quitar el efecto suspensivo del recurso acelera las expulsiones. También reduce el tiempo de defensa de quien dice haber sido expulsado por error. Esa tensión es la que plantea el INDH, y el Senado deberá resolverla.

Conclusión

Kast ordenó expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del 18-O y el Senado discute las nuevas reglas para hacerlo más rápido. Falta lo esencial: saber cuántos son, de dónde vienen y qué pruebas hay contra cada uno. Sin eso, la orden es una promesa. Con eso, será una prueba de si el nuevo sistema expulsa con rapidez y con garantías.