Este artículo no identifica a condenados ni a víctimas. Las personas beneficiadas fueron condenadas por sentencia judicial; la discusión es sobre la reducción del tiempo efectivo de privación de libertad.

La exministra y exvocera del gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, criticó con dureza al Gobierno de José Antonio Kast por haber firmado 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, y dijo que el Ejecutivo «debió haber mantenido una línea clara»: la que, según la Defensoría de la Niñez, mantuvieron los gobiernos de Piñera y de Boric, que rechazaron esas solicitudes y dejaron la decisión a los tribunales. Lo hizo con una frase que pesa en el oficialismo: «lo digo con dolor porque voté por este gobierno». Lamentablemente para quienes esperaban otra cosa de este Gobierno, tiene razón. Rabat se escuda en la jurisprudencia, pero la Corte Suprema ha fallado en ambos sentidos, y la presión sube desde todos los sectores, incluso desde su propia coalición.

Qué dijo Rubilar

En una entrevista radial, Rubilar fue directa. Dijo que esperaba del Gobierno de Kast, «por el cual yo voté», una línea clara: «no vamos a firmar ninguna rebaja de condena» para quienes abusaron sexualmente de niños. «La defensa de los niños y niñas no puede quedarse en un discurso», afirmó. Y añadió: «Hay mucho que aclarar, hay mucho que explicar».

Cuestionó el argumento central del ministro. «No basta con decir que existe jurisprudencia», sostuvo, y recordó que algunos fallos han rechazado esas reducciones. Reconoció que los tribunales pueden resolver distinto y que sus fallos deben cumplirse, pero argumentó que respetar al Poder Judicial no significa renunciar a una posición cuando la ley la permite.

Planteó, además, que el Ejecutivo puede rechazar las solicitudes, que la defensa de cada condenado puede apelar y que, si la justicia obliga al Gobierno a hacer algo que no comparte, eso no sería desacato sino una interpretación distinta a la que también ha tenido la Corte Suprema. Sobre el criterio, dijo que «en cada caso hay que evaluar y no juntar en un grupo», que cada caso es muy grave y que «no hay ningún espacio para generar ningún beneficio en esta materia».

Una nota de prensa resume su posición en el titular como un respaldo al criterio del gobierno de Boric y una crítica a Kast, que «debió haber mantenido la misma línea». Las notas que pudimos verificar recogen la crítica a Kast y la referencia a una línea previa de rechazo; la afirmación explícita sobre el gobierno de Boric proviene de ese titular.

Qué se firmó y cómo

Según la información conocida, el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena entre marzo y septiembre de este año: 27 por abuso sexual y 29 por violación, todos contra menores de edad. Solo una solicitud fue rechazada. Los datos provienen de una respuesta del Ministerio a una solicitud de transparencia. Las solicitudes pasaron por la Comisión de Reducción de Condenas, la Seremi y la División de Reinserción Social, y fueron autorizadas, según la nota, «por orden del presidente de la República».

El procedimiento importa: no se trata de una decisión judicial, sino de un acto administrativo del Ejecutivo. El propio ministro dijo que la sentencia se cumple «a través de un acto administrativo». Por eso la responsabilidad política de aplicarlo o no recae en el Gobierno.

Rabat defendió la decisión. Sostuvo que las rebajas son «cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema» y que su cartera solo aplicó una doctrina ya establecida. Dijo que, antes de 2022, estas solicitudes se rechazaban, pero que la Suprema «acogió recursos de amparo de todas esas personas», y habló de «decenas de recursos». Citó el artículo 19, número 3, de la Constitución y una «jurisprudencia bastante generalizada», y afirmó que cada resolución dejó constancia de la gravedad de estos delitos. Sin embargo, según los datos de la respuesta de transparencia, ninguno de los 56 casos se otorgó por un recurso de amparo u otra vía judicial.

Qué dice la jurisprudencia

La Corte Suprema no ha sido uniforme. En marzo de 2026 (rol 7527-2026) revocó un amparo y rechazó la rebaja a un condenado por delitos sexuales contra menores, con el argumento de que la ley que la regula «concede un beneficio y no establece un derecho» y que la norma de 2022 que excluye a esos condenados es imperativa para el Ministerio. Otros fallos del mismo año, según el registro de jurisprudencia, ordenaron conceder la reducción por considerar que aplicar la norma más gravosa de forma retroactiva vulnera la irretroactividad de la ley penal.

Es decir, existen dos líneas, y el Ministerio siguió la que favorecía a los condenados. Eso es lo que Rubilar discute cuando dice que no basta con invocar la jurisprudencia: hay jurisprudencia para ambos lados.

La línea de los gobiernos anteriores

Aquí está el dato que le da fuerza a la crítica de Rubilar. El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, rebatió el argumento del ministro. Recordó que un cambio legal de 2022 excluyó del beneficio a los condenados por delitos graves contra menores. Afirmó también que los gobiernos de Piñera y de Boric rechazaron estas rebajas y dejaron la decisión a los tribunales, y que los fallos no son unánimes: no en todos los casos se concedió el beneficio. El 21 de octubre, la Defensoría exigió al Ministerio explicar las 56 rebajas.

Esa afirmación coincide con lo que han sostenido el exministro Jaime Gajardo y la exministra Camila Vallejo, que dicen que su gobierno rechazó las solicitudes. No coincide, sin embargo, con una cifra que circula en otras notas, según la cual el gobierno anterior habría tenido 276 casos con rebaja de condena por delitos sexuales. Esa cifra no distingue si todos los casos involucraban a menores, y nadie ha entregado el desglose. Mientras no se aclare, la discusión sobre qué hizo cada gobierno sigue abierta, y el mejor camino para cerrarla es que el Ministerio publique los datos.

La presión desde todos los sectores

Rubilar no está sola. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, pidió información al Ministerio y prepara su propio proyecto. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, el senador de RN Andrés Longton y los senadores de oposición Iván Flores (DC), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD) respaldan un proyecto para asegurar la exclusión del beneficio. La diputada Sara Concha, del Partido Cristiano, anunció otra iniciativa.

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dijo que Piñera habría frenado la medida de haberla conocido. El senador Rojo Edwards pidió que el Ministerio la revierta, retire la firma del Presidente y sugirió que una interpelación podría ser una herramienta razonable.

En la oposición, el jefe de la bancada de la DC, Jorge Díaz, dijo que conversará con las bancadas opositoras y con el PDG para evaluar una acusación constitucional contra Rabat. El diputado Héctor Barría, también DC, habló de una situación «impresentable» y dijo que su partido evalúa todas las opciones, desde la acusación hasta leyes que impidan futuras rebajas. Los diputados citan además rebajas a reos de Punta Peuco. Hasta ahora, no se ha presentado ninguna acusación ni se ha fijado fecha de votación.

Lectura editorial

Creemos que, lamentablemente, la izquierda de Chile Vamos tiene razón. Decimos «lamentablemente» porque quienes apostamos por un Gobierno que cumpliera su promesa de mano dura con los delitos contra niños esperábamos no tener que escribir esta frase. Y decimos «la izquierda de Chile Vamos» porque Rubilar, figura histórica del piñerismo que votó por Kast, termina sosteniendo lo mismo que, según la Defensoría, sostuvo el gobierno de Boric: que se podía y se debía decir que no.

Tiene razón por un motivo sencillo. El Ministerio no estaba obligado a firmar. La propia Corte Suprema ha fallado en ambos sentidos: en marzo validó la exclusión de 2022 como imperativa para el Ministerio, y esa discrepancia es la que le dejaba al Ejecutivo espacio para decidir. Según la Defensoría, los gobiernos de Piñera y de Boric rechazaron estas solicitudes y dejaron que los tribunales resolvieran. Y los datos de transparencia indican que ninguno de los 56 casos vino de un amparo, lo que debilita la idea de que el Gobierno estuviera cumpliendo una orden judicial. Como dijo Rubilar, aunque la justicia termine obligando al Ejecutivo, eso no sería desacato sino una interpretación distinta. El Gobierno eligió otorgar 56 rebajas, entre marzo y septiembre, en la materia donde el costo de equivocarse es máximo.

Tiene razón, también, en el argumento político. «La defensa de los niños y niñas no puede quedarse en un discurso» es una frase que le cabe a toda la derecha que hizo campaña con mano dura. Si el discurso no se traduce en un «no vamos a firmar ninguna rebaja», el discurso queda vacío. Rubilar lo entendió así y por eso su crítica pesa más que la de la oposición: viene de quien votó por este gobierno.

No está sola, y eso es lo relevante. Núñez, Longton, Squella y Edwards cuestionan la decisión, y Matthei dijo que Piñera la habría frenado. Cuando la crítica atraviesa a la derecha, a la DC y al PPD, el problema no es de color político: es de criterio.

Hay un límite a lo que sabemos, y hay que decirlo. La cifra de 276 rebajas por delitos sexuales bajo el gobierno anterior sigue sin desglose, y nadie ha aclarado cuántas involucraban a menores. Si la oposición quiere el crédito de la coherencia, debe mostrar los datos. Pero ese pendiente no cambia lo central: lo que haya hecho el gobierno anterior no es una defensa para el que firmó.

Rabat tiene entonces dos salidas. Revertir las rebajas, si el derecho lo permite, y explicar con transparencia qué ocurrió con cada solicitud. O mantenerlas y asumir el costo, incluida una eventual acusación constitucional. Lo que no puede hacer es seguir diciendo que no había alternativa.

Qué vigilar

Hay cinco cosas. Si la oposición presenta efectivamente la acusación constitucional contra Rabat y con qué apoyos. Si el Gobierno revierte las rebajas o las defiende. El avance de los proyectos de Núñez, Squella y Longton para blindar la exclusión del beneficio. La respuesta del Ministerio a la Defensoría de la Niñez, incluida la explicación de por qué, según los datos, ninguno de los 56 casos provino de un amparo. Y si se publica el desglose de las rebajas de los gobiernos anteriores por delito y por edad de las víctimas.

Conclusión

Karla Rubilar votó por Kast y dice que lo hace con dolor: el Gobierno debió mantener la línea de rechazo que, según la Defensoría, tuvieron Piñera y Boric. Lamentablemente, tiene razón. No era una obligación firmar, era una decisión, y fue la equivocada. Con aliados, exministros y la oposición pidiendo explicaciones, Rabat y el Presidente tienen una pregunta que responder: por qué otorgaron lo que no estaban obligados a otorgar.

Si quieres recibir el análisis de VDI Global sobre justicia y política directo en tu correo, únete gratis a nuestro newsletter: https://informes.vdiglobal.org/#/portal/signup