Este artículo no identifica a condenados ni a víctimas. Las personas beneficiadas fueron condenadas por sentencia judicial; la discusión es sobre la reducción del tiempo efectivo de privación de libertad, no sobre su culpabilidad.

Al tercer día del caso por las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores, el Gobierno pasó de la defensa jurídica al blindaje político del ministro de Justicia, Fernando Rabat. El Presidente Kast se reunió con los presidentes de los partidos oficialistas y levantó el pulgar ante las cámaras. La oposición exige la salida del ministro y evalúa una acusación constitucional hasta el miércoles. El resultado depende de 14 diputados del PDG.

El blindaje

El viernes 23 de octubre, el Presidente José Antonio Kast se reunió en La Moneda con los presidentes de los partidos de gobierno, que habían guardado silencio hasta el jueves. El mismo día, durante una visita a un hospital en San Bernardo, fue consultado por la prensa sobre si seguía respaldando a Rabat. No respondió con palabras: levantó el pulgar dos veces.

El vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, fue más explícito: «El ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente de la República». Dijo también que el Presidente está convencido de que se respetó la Constitución y la ley, y que sugerir que el Gobierno busca favorecer a delincuentes es «una manipulación política de un tema humano muy grave». Recordó que el beneficio de reducción de condena nació de la ley 19.856, de 2003, promulgada en un gobierno de la Concertación.

El ministerio, por su parte, suspendió temporalmente la tramitación de los decretos de rebaja que todavía pueden detenerse. Citó un vacío legal en la aplicación de las restricciones a condenados anteriores a 2022. Los decretos ya ejecutoriados no se ven afectados. El Gobierno comprometió discusión inmediata para las mociones parlamentarias sobre la materia y prepara un proyecto propio sobre el beneficio por conducta intachable. Rabat habló además con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, para impulsar la agenda legislativa.

Los partidos oficialistas

Los presidentes de partido salieron a respaldar al ministro, aunque con matices. Arturo Squella, del Partido Republicano, calificó de «absurdo» acusar a un ministro por cumplir la ley y sostuvo que quien diga que Rabat quiso conceder un beneficio tergiversa los hechos. También atribuyó la decisión a inexperiencia: en su visión, un político con trayectoria habría evitado firmar los decretos, enviando el asunto a los tribunales.

Guillermo Ramírez, de la UDI, ubicó la primera responsabilidad en la ley, que «no fue lo suficientemente clara», y la segunda en los tribunales, que han interpretado la norma como no aplicable hacia atrás. Pidió discusión inmediata para el proyecto que prohíbe estos beneficios a quienes cometan delitos sexuales contra menores. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), dijo que «quien explica se complica». El senador Ignacio Urrutia, en cambio, había calificado antes la decisión de «inaceptable».

El argumento central del oficialismo es que Rabat estaba obligado por la ley y por la jurisprudencia. Ramírez además acusa al gobierno anterior de haber derivado el asunto a los tribunales y de haber dejado que la situación continuara.

La ofensiva de la oposición

Las bancadas de diputados del PS, PC, PPD, FA, PL y DC exigieron la salida de Rabat y anunciaron que preparan una acusación constitucional. Piden al Presidente que lo remueva. Es la mayor ofensiva de la oposición contra un ministro de este Gobierno; hasta ahora, el instrumento más duro había sido una interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna. La definición se conocerá el miércoles 28 de octubre, en una sesión especial de la Cámara en la que Rabat deberá explicar el cambio de criterio.

Los números son estrechos. La centroizquierda suma 65 diputados. Necesita los 14 votos del PDG, y con ellos llegaría a 79. El oficialismo, junto al Partido Nacional Libertario, suma 75 votos y se opone. Al menos seis diputados del PDG rechazan la idea de acusar al ministro, y esa cifra podría crecer. Las notas no indican el quórum exigido, y conviene verificarlo antes de dar por cerrado el cálculo.

El PDG se reunirá el lunes por la tarde. Lo más probable es que deje a sus diputados en libertad de acción. El sector contrario a la acusación no quiere aparecer como satélite de la izquierda y prioriza los proyectos para excluir de la rebaja a los condenados por delitos sexuales. La diputada Pamela Jiles elogió a Rabat y pidió retrotraer los 56 decretos para frenar la acusación. Dijo que, por impopular que suene, saldrá de esto «el mejor ministro de este gobierno».

La doctrina que no es tan doctrina

El flanco débil de la defensa está en la Corte Suprema. Rabat ha sostenido que aplicó una jurisprudencia «bastante generalizada» del máximo tribunal. Pero la presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, no avaló la existencia de una doctrina asentada. Un fallo de febrero de 2026 validó, además, que el ministerio negara el beneficio a un condenado de 2014.

El exministro de Justicia Hernán Larraín, que sirvió bajo Sebastián Piñera, ofreció otra mirada. Dijo que en 2018 rechazó una solicitud de rebaja para un condenado por la violación de una menor de 14 años, pero que un tribunal le ordenó concederla. Según su versión, la jurisprudencia de la Corte Suprema indicaba entonces que, si el condenado cumplía los requisitos de la ley 19.856, el ministro debía otorgar el beneficio. Larraín presentó en noviembre de 2019 un proyecto para excluir de la rebaja a quienes cometieran delitos sexuales contra niños, que se promulgó el 28 de enero de 2022 como ley 21.421. Afirma que el beneficio no es un derecho adquirido y que la Suprema cambió de criterio en fallos recientes. Son sus afirmaciones, no verificadas de manera independiente.

Ahí está el nudo. Si la jurisprudencia obligaba, el ministro tenía poco margen. Si cambió, o nunca estuvo asentada, el ministro tenía margen y decidió usarlo en un sentido. Esa es la pregunta que Rabat tendrá que responder el miércoles.

Las cifras que cambian el debate

Un dato complica la ofensiva opositora. Según las cifras que circulan, desde 2022 se han concedido 332 beneficios de este tipo: 276 durante el gobierno de Gabriel Boric y 56 durante el actual. No son 332 de un solo gobierno, y las notas no aclaran el método de conteo ni si todos los casos involucraban a menores. Pero indican que la práctica no nació con Kast, y que parte de la oposición que hoy exige la renuncia de Rabat fue oficialismo durante el período en que se concedió la mayoría.

Eso no absuelve al ministro. Que otros hayan hecho algo similar no justifica lo que se firmó este año. Pero sí exige ver el caso como un problema de diseño legal y de práctica administrativa que cruza gobiernos, y no como una novedad de esta administración.

Lectura editorial

VDI Global sostiene tres cosas.

Primero, la responsabilidad política de Rabat es real. Firmó 56 decretos de rebaja a condenados por violación y abuso sexual de menores, en medio de un debate abierto sobre si la ley lo obligaba. Un ministro que invoca una doctrina asentada que la presidenta de la Suprema no reconoce debe explicar mejor su decisión. El respaldo del Presidente es político, no jurídico, y no sustituye esa explicación.

Segundo, la acusación constitucional es una herramienta desproporcionada para este caso. Está pensada para infracciones graves a la Constitución y a las leyes, y aquí hay una ley ambigua, una jurisprudencia dividida y un beneficio que se otorgó en cientos de casos durante el gobierno anterior. Que varios de los partidos que hoy piden la salida del ministro formaran parte del gobierno en el que se concedieron 276 beneficios, aunque las notas no aclaran si eran todos de la misma naturaleza, es un dato que pesa en el debate público. La oposición tiene derecho a pedir cuentas. Lo que no puede hacer es fingir que el problema empezó en marzo.

Tercero, lo urgente no es el ministro, sino la ley. Mientras el Congreso discute la acusación, hay que cerrar el vacío: que ningún condenado por delitos sexuales contra menores, de antes o de después de 2022, pueda acceder a rebajas por conducta. El Gobierno prometió discusión inmediata. Debe cumplirla, y el Congreso debe apoyarla. El mejor homenaje a las víctimas no es una renuncia ni una acusación fallida, sino una ley clara.

Qué vigilar

• La reunión del PDG el lunes 26 de octubre y si deja a sus diputados en libertad de acción.
• La sesión especial del miércoles 28 de octubre y la explicación de Rabat sobre el cambio de criterio.
• Si la oposición presenta formalmente la acusación y con qué cálculo de votos.
• Si el Gobierno retrotrae algún decreto y qué pasa con los ya ejecutoriados.
• El avance legislativo de los proyectos con discusión inmediata y de la reforma constitucional.
• Si la Contraloría o la Corte Suprema se pronuncian sobre el criterio aplicado.
• Si el ministerio publica el desglose de las rebajas por gobierno, delito y edad de las víctimas.

Conclusión

La Moneda cerró filas en torno a Rabat y apuesta a que la ley avance más rápido que la acusación. La oposición apuesta a lo contrario, y la balanza la inclinan 14 diputados que aún no deciden. En medio, hay 56 condenados con una pena rebajada, una Corte Suprema que no confirma la doctrina que el ministro invoca y una cifra de 276 beneficios del gobierno anterior que obliga a mirar el problema más allá de esta administración. El miércoles será una prueba política. La prueba de fondo es otra: que Chile apruebe una ley que no deje dudas.

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