El lunes 19 de octubre, la Fiscalía formalizó a Alberto Larraín y a María Constanza Gómez por apropiación indebida en la arista de los convenios con Anglo American. Según la acusación, la fundación no acreditó los trabajos comprometidos ni rindió todos los recursos recibidos, y los fondos se habrían destinado a fines distintos de los pactados. El perjuicio total que se les atribuye es de $471.554.412. Es la cuarta arista del caso ProCultura que llega a formalización.

Qué se les imputa

La formalización se realizó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El caso lo lleva el fiscal Cristián Aguilar, parte del equipo que dirige el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

El delito imputado es apropiación indebida. Según la Fiscalía, la fundación «no acreditó debidamente las labores supuestamente realizadas mediante los informes y productos comprometidos». Además, no rindió totalmente los recursos recibidos, y estos se habrían destinado a fines distintos de los pactados.

La nota no informa la postura de los imputados ni de sus defensas.

Los convenios

Entre 2021 y 2023, Anglo American firmó cinco convenios con la fundación. Los fondos debían financiar iniciativas culturales en Rinconada, Catemu, Llay Llay y Nogales, y un programa de bienestar y salud mental perinatal en Tiltil.

Los convenios exigían que los recursos se destinaran exclusivamente a los proyectos comprometidos.

Las medidas

El tribunal fijó para ambos firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre sí. El plazo de investigación es de 80 días. No se informó de otras diligencias.

Cuarta arista

La arista de Anglo American es la cuarta del caso ProCultura en llegar a formalización.

El caso nació como una investigación por fraude al fisco ligada a un programa de prevención del suicidio de 2022. La Fiscalía de Antofagasta la lleva desde mayo de 2025. Larraín, psiquiatra, fundó la Fundación ProCultura. Gómez figura como su representante legal.

En esa arista, el convenio con el Gobierno Regional Metropolitano fue por 1.683 millones de pesos. El gobierno regional lo terminó en noviembre de 2023 por incumplimientos graves y exigió la devolución de 1.015 millones de pesos, que según la información disponible no se ha reintegrado. La Fiscalía cuestionó, entre otros puntos, la selección de la fundación, que habría obedecido a vínculos personales, políticos y laborales, y la transferencia de todos los fondos en una sola cuota.

En agosto, Larraín y Gómez fueron formalizados también por la arista Biobío, por apropiación indebida, vinculada a un convenio de 2022 con el Gobierno Regional por 2.550 millones de pesos, de los cuales 600 millones permanecen desaparecidos según la nota. Para esa arista se fijó arraigo nacional y 90 días de investigación. Su abogado atribuyó el descuadre al «término anticipado de los convenios» y sostuvo que los convenios eran «siempre legítimos, lícitos».

Lectura editorial

Lo notable de esta arista es que no involucra dinero del Estado. Los convenios los firmó una empresa privada, Anglo American, y no un ministerio ni un gobierno regional. Eso desplaza la conversación: el caso ProCultura deja de ser solo un asunto de fondos públicos y pasa a ser un caso de cómo opera una fundación con cualquier tipo de financista.

Para el sistema de fundaciones, eso tiene una consecuencia práctica. Las ONG reciben recursos con la obligación de rendirlos, y quien financia, público o privado, debe exigir rendición. Si la acusación es cierta, falló la rendición. Si es falsa, falló la fiscalización de la Fiscalía. En cualquier caso, la rendición de cuentas está en el centro.

También importa la cifra. Un perjuicio de 471 millones de pesos es mucho menos que los 2.550 millones de Biobío o los 1.683 millones del Gobierno Regional Metropolitano. Pero el patrón que describe la Fiscalía es el mismo: convenios firmados, informes que no se acreditan y fondos destinados a otros fines.

Hay una pregunta que la nota no responde: cómo se descubrió este caso. Si fue una denuncia de la propia empresa, sería un dato relevante sobre los controles privados. Si fue a partir de las otras aristas, indicaría que la Fiscalía amplió su mirada.

Y hay una advertencia necesaria. Cuatro formalizaciones en un mismo caso crean la sensación de un esquema. Esa sensación no equivale a una condena. Larraín y Gómez deberán responder en cada una de las aristas, y la prueba de cada una es distinta.

Conclusión

La Fiscalía suma una cuarta formalización contra los mismos dos imputados, esta vez por convenios con una empresa minera. Tienen firma mensual, arraigo nacional y 80 días de investigación. La defensa aún no se conoce. Lo que decidirán los tribunales no es lo que parece el conjunto, sino cada arista por separado.