La exministra y exvocera Karla Rubilar, que reconoció haber respaldado con su voto a José Antonio Kast, dijo el sábado 24 de octubre que las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales fueron un «error gravísimo». Pidió que el Presidente salga a decir que «no sabía» y que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ofrezca disculpas públicas. La exigencia contradice la línea de La Moneda, que cerró filas con el ministro, y llega cuatro días antes de la sesión de la Cámara que puede definir una acusación constitucional.

Qué dijo Rubilar

La exsecretaria de Estado habló ante la prensa y calificó la decisión del Ministerio de Justicia como «una muy mala decisión» y un «error gravísimo». Sostuvo que el Gobierno todavía puede rectificar y le aconsejó a Kast: «Cuando uno comete un error, lo mejor es salir a reconocerlo tempranamente».

Después fue más lejos. Pidió que el Presidente explique a la ciudadanía «que él no sabía y que, si él hubiese sabido, jamás, jamás esto habría pasado». Sobre el ministro, dijo: «El ministro Rabat debe pedir disculpas públicas». Y agregó que «detrás de esta decisión hay familias a las cuales les costó muchísimo lograr esta condena». Sobre el procedimiento, afirmó que lo que corresponde es que sea el Poder Judicial el que determine caso a caso.

Las declaraciones se conocieron la noche del sábado. No consta, en la nota que las recoge, una respuesta del Gobierno, de Kast ni de Rabat.

Quién habla, y desde dónde

La nota identifica a Rubilar como exministra, exvocera de Gobierno y exsecretaria de Estado. No indica su partido ni un cargo actual. Sí señala que reconoció haber respaldado electoralmente a Kast, de modo que su crítica viene de alguien que dice haber estado de su lado. Esa condición le da peso mediático: un reproche desde el propio sector pesa más en la opinión pública que el de la oposición.

Tampoco es una voz nueva en la confrontación con el Gobierno. El 4 de octubre, Rubilar acusó a Kast en X de romper una promesa de campaña al eliminar un programa de computadores para escolares, escribió que «fue clara: no se recortarían beneficios sociales», pidió al Congreso revertir la decisión y declaró que «no nos vamos a quedar callados». Es decir, en tres semanas, dos frentes abiertos contra el mismo Gobierno que dice haber apoyado.

Una aclaración necesaria: las fuentes consultadas no la vinculan con ningún cargo en el Senado ni con otras figuras de la derecha. Lo que consta es lo anterior. Cualquier lectura sobre intenciones de fondo queda fuera de los hechos verificables.

La exigencia que choca con la línea de La Moneda

La línea oficial es otra. El viernes 23, Kast se reunió en La Moneda con los presidentes de los partidos de gobierno y, consultado por la prensa sobre si seguía respaldando a Rabat, levantó el pulgar dos veces. El vocero Gonzalo Arenas dijo que el ministro «cuenta con toda la confianza del Presidente» y que sugerir que el Gobierno busca favorecer a delincuentes es «una manipulación política de un tema humano muy grave». Recordó que el beneficio nació de la ley 19.856, de 2003, promulgada bajo un gobierno de la Concertación.

La defensa oficialista descansa en dos ideas: que el ministro estaba obligado por la ley y la jurisprudencia, y que la práctica no nació con esta administración. Los presidentes de los partidos oficialistas la respaldaron, con matices. Arturo Squella, del Partido Republicano, calificó de «absurdo» acusar a un ministro por cumplir la ley. Guillermo Ramírez, de la UDI, ubicó la primera responsabilidad en una ley «no lo suficientemente clara».

Lo que pide Rubilar desarma esa línea. Si el Presidente dice que «no sabía» y que «jamás» habría permitido algo así, queda aceptado que la decisión fue un error y que el ministro actuó sin su conocimiento. Eso contradice el blindaje: o Rabat obedeció la ley, y entonces no hay disculpas que pedir, o cometió un error gravísimo, y entonces el respaldo presidencial ya no se sostiene. No se puede pedir las dos cosas a la vez sin dejar al ministro solo.

Lo que su planteamiento omite

El pedido de que sea el Poder Judicial el que decida caso a caso suena razonable, pero la discusión es más compleja. Según el exministro de Justicia Hernán Larraín, que sirvió bajo Sebastián Piñera, en 2018 rechazó una solicitud de rebaja para un condenado por la violación de una menor de 14 años, y un tribunal le ordenó concederla. Esa es su versión, no verificada de manera independiente. Pero apunta a que la intervención judicial no siempre limitó el beneficio; en algunos casos lo forzó.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, no avaló que exista una doctrina asentada que obligara al ministro, y un fallo de febrero de 2026 validó que el ministerio negara el beneficio a un condenado de 2014. Hay, entonces, argumentos para sostener que Rabat tenía margen. Pero tampoco es una conclusión cerrada, y la solución que propone Rubilar presupone que los tribunales aplicarían un criterio más estricto, lo que la experiencia de Larraín no confirma.

Hay además un dato de contexto que Rubilar no menciona en lo que se conoce de su intervención. Según las cifras que circulan, desde 2022 se han concedido 332 beneficios de este tipo: 276 durante el gobierno de Gabriel Boric y 56 durante el actual. No son 332 de un solo gobierno, y las notas no aclaran el método de conteo ni si todos los casos involucraban a menores. Pero indican que la práctica no nació en marzo. Exigir una disculpa pública solo al ministro actual, sin reconocer ese antecedente, convierte un problema de diseño legal en un caso individual.

El calendario que importa

El miércoles 28 de octubre la Cámara celebra una sesión especial en la que Rabat deberá explicar el cambio de criterio. Las bancadas de PS, PC, PPD, FA, PL y DC exigen su salida y preparan una acusación constitucional. La centroizquierda suma 65 diputados y necesita los 14 del PDG para llegar a 79; el oficialismo, junto al Partido Nacional Libertario, suma 75 y se opone. Al menos seis diputados del PDG rechazan acusar al ministro. Las notas no indican el quórum exigido.

En ese contexto, cada voz del propio sector que califica la decisión de «error gravísimo» y exige disculpas es munición para la tesis opositora. No porque Rubilar lo busque necesariamente, sino porque su frase, citada textualmente, se convierte en el argumento que la oposición necesita para convencer a los diputados indecisos: que hasta quienes votaron por Kast lo consideran un error.

Lo que se sabe y lo que no

Se sabe qué dijo Rubilar, cuándo y ante quién; que respaldó electoralmente a Kast; que el Gobierno cerró filas con Rabat el viernes; que el miércoles 28 hay una sesión especial; y que las 56 rebajas siguen en el centro del debate.

No se sabe si el Gobierno responderá a sus exigencias, ni si Kast aceptará decir que «no sabía». No consta cuál es su rol político actual ni su partido. No consta que actúe en coordinación con otros sectores de la derecha. Y las notas mencionan tensiones internas en el sector que podrían debilitar al Gobierno, sin detallar quiénes las protagonizan.

Lectura editorial

VDI Global sostiene tres cosas.

Primero, la crítica es legítima y el tema es grave. Las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores exigen una explicación clara del ministro, y las familias de las víctimas merecen respeto. Rubilar tiene derecho a decir que fue un error.

Segundo, hay una diferencia entre criticar una decisión y dictarle al Presidente el libreto que debería pronunciar. Pedir que Kast diga que «no sabía» no es pedir una corrección; es pedir que abandone a su ministro y que lo haga en los términos que fijan otros, a cuatro días de una votación que puede costarle el cargo. Esa exigencia va más allá de la crítica razonable, y su efecto práctico es debilitar al Gobierno desde dentro.

Tercero, quien critica desde el oficialismo debe mirar el cuadro completo. La práctica atraviesa gobiernos, incluido uno en el que Rubilar fue ministra, y hay un vacío legal que el Congreso puede cerrar con la discusión inmediata que el Gobierno prometió. Exigir disculpas sin decir cómo se arregla la ley deja la herida abierta y no protege a nadie.

Qué vigilar

• Si Kast o Rabat responden a las exigencias de Rubilar.
• La reunión del PDG el lunes 26 de octubre y si deja libertad de acción a sus diputados.
• La sesión especial del miércoles 28 y la explicación de Rabat sobre el cambio de criterio.
• Si otras voces del oficialismo se suman al pedido de disculpas.
• El avance de los proyectos con discusión inmediata para excluir estos delitos del beneficio.
• Si el Gobierno retrotrae decretos o la Corte Suprema se pronuncia sobre el criterio.
• El cálculo de votos para la acusación constitucional y el quórum exigido.

Conclusión

Karla Rubilar dijo que el Gobierno cometió un error gravísimo y pidió que el Presidente diga que no sabía. Puede tener razón en lo primero. Lo segundo es otra cosa: es una manera de decidir, desde fuera, cómo debe defenderse el Gobierno, y lo hace en la semana en que la oposición intenta sacar al ministro. La crítica es un derecho. Hacerla de modo que funcione como el argumento de quienes buscan debilitar al Presidente es una decisión política, y conviene llamarla por su nombre.

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