El Gobierno de José Antonio Kast ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que le quita al Instituto Nacional de Derechos Humanos la facultad de presentar querellas criminales, reduce su consejo de 11 a 5 integrantes y crea un director ejecutivo elegido por Alta Dirección Pública. El argumento central del Ejecutivo es una cifra: durante el estallido social el INDH presentó 3.263 querellas y «solamente han tenido algún destino 68», apenas un 2%. Para VDI, es la prueba de un organismo que se dedicó a litigar con recursos de todos los chilenos y que no merece más consideración. Una encuesta de octubre muestra que 54% apoya reformarlo y que 45% no cree que actúe con imparcialidad.

Qué propone el proyecto

El proyecto, ingresado el 19 de octubre, modifica la ley de 2009 que rige al instituto. Su primer cambio es el más visible: elimina la facultad del INDH de presentar querellas criminales y la reemplaza por una «facultad de denuncia institucional». Es decir, podrá poner en conocimiento de las autoridades un delito, pero no constituirse como parte en el proceso penal. Conserva los recursos de protección y de amparo, y se consagra expresamente su posibilidad de actuar como amicus curiae, entregando informes técnicos a los tribunales sin ser parte.

El consejo pasa de 11 a 5 miembros, con mandatos de cuatro años y una sola reelección. Dos serían designados por el Senado desde una nómina de organizaciones de la sociedad civil propuesta por el Presidente, dos serían elegidos por la Cámara de Diputados y uno por los decanos de Derecho de las universidades. Las notas disponibles describen de forma inconsistente quién designa exactamente cada cupo, y ese punto está entre los que la oposición quiere aclarar.

Se crea además un director ejecutivo, seleccionado por concurso de Alta Dirección Pública y designado por el consejo, con mandato de cinco años renovable una vez. Tendría la dirección administrativa y operativa y la representación legal del instituto. Se refuerza el rol consultivo: el INDH emitiría informes sobre proyectos de ley, reformas constitucionales y tratados de derechos humanos no ratificados, y su informe anual tendría un contenido mínimo que incluya el cumplimiento de sus recomendaciones y el detalle de su ejecución presupuestaria.

El texto debe pasar primero por la Comisión de Derechos Humanos y luego por la de Hacienda.

El argumento del Gobierno: 3.263 contra 68

El mensaje del Ejecutivo habla de «debilidades estructurales» que dificultan el cumplimiento del rol del instituto. Sostiene que la acción del INDH se ha concentrado en lo judicial, en desmedro de su función consultiva, y que la reforma haría más eficiente la toma de decisiones y evitaría una «concentración prolongada de poder».

El dato que ordena el debate es el de las querellas del estallido social: 3.263 presentadas, de las cuales, según el Gobierno, «solamente han tenido algún destino 68». Hay que leer la cifra con precisión. Las notas no precisan qué significa «algún destino»: si son condenas, formalizaciones, acusaciones o simples causas que avanzaron. Tampoco aclaran cuántas querellas siguen vigentes. Aun con esas salvedades, la proporción es evidente: 68 sobre 3.263 equivale a poco más de un 2%. El instituto no ha explicado públicamente, en lo que recogen las notas, por qué presentó tantas querellas con tan pocos resultados.

El ahorro y los recortes

Según la Dirección de Presupuestos, la reforma implicaría un menor gasto fiscal de unos 3.720 millones de pesos anuales en régimen. El informe financiero proyecta un recorte de 70% de los abogados de la unidad de protección y de 50% de la dotación regional en 18 meses. Una de las notas señala que no habría sedes fuera de Santiago, un dato que no aparece en las demás.

Son recursos que hoy sostienen una estructura pensada para litigar. Si el centro de gravedad del instituto pasa a ser informar, denunciar y asesorar, su estructura debe ajustarse a esa función y no a la de un querellante masivo.

Las reacciones

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Gloria Naveillán (PNL), apoya el proyecto y pide tramitarlo rápido: dice que el instituto necesita un nuevo enfoque y debe dejar de presentar querellas. Ximena Ossandón (RN) recuerda que su partido tiene su propio proyecto de reforma en comisión, orientado a recuperar la reputación del instituto. Enrique Bassaletti (Republicanos) lo ve como una oportunidad para hacerlo más representativo y transversal.

Desde la derecha dura vienen críticas por insuficiente. Sergio Bobadilla (UDI) sostiene que el instituto debería cerrarse y anunció que su bancada buscará recortar su financiamiento y suspender su operación a través de la Ley de Presupuestos 2027.

La oposición reacciona con dureza. Lorena Fries (Frente Amplio) lo califica como la reforma más regresiva en derechos humanos desde 1990, advierte que dejaría al instituto como un organismo puramente consultivo, que podría poner en riesgo su acreditación internacional y objeta que el Presidente designe al primer consejo. Lorena Pizarro (PC) dice que debilita a las instituciones autónomas de derechos humanos. Carlos Cuadrado (PPD) pedirá aclaraciones sobre la composición, el nombramiento y aprobación de consejeros por el Congreso, los quórums de decisión y la facultad de querellarse. Una cátedra universitaria de derechos humanos la calificó de «una grave amenaza» para la autonomía del instituto.

Lo que dice la opinión pública

Una encuesta de Black & White de octubre, comentada por la analista Paola Assael, muestra un panorama más matizado que el de la discusión política. El 54% está de acuerdo con reformar el INDH, con mayor apoyo entre hombres, sectores C2 y C3 y personas mayores. El 50% apoya eliminar la facultad de querellarse manteniendo la de denunciar delitos. El 53% apoya reducir el consejo de 11 a 5 y el 55% apoya que el director sea elegido por Alta Dirección Pública.

La misma encuesta muestra la otra cara. El 47% cree que la reforma debilitará la capacidad del INDH de proteger los derechos humanos, 28% piensa que no habrá mayor efecto y 21% cree que lo fortalecerá. Sobre la imparcialidad del instituto, 50% está de acuerdo en que actúa con imparcialidad y 45% en desacuerdo. Assael lee los datos como una demanda de modificar su funcionamiento más que un rechazo a la institución, sin consenso sobre los efectos del cambio.

Las notas no entregan el tamaño de la muestra ni la metodología, así que conviene tomarlos como una indicación y no como un resultado definitivo. La misma encuesta muestra que el 35% aprueba la gestión del Presidente Kast y que el 37% aprueba su manejo de la delincuencia, ocho puntos más que en la medición anterior.

Lectura editorial

Creemos que el INDH ha sido sectario y que no merece más consideración de la que ha dado. Lo decimos como posición editorial de VDI, y la sostenemos con los datos que están sobre la mesa: 3.263 querellas por el estallido social y solo 68 con «algún destino»; un instituto financiado por todos los chilenos que, según el Gobierno, ha concentrado su acción en lo judicial en desmedro de su función de asesoría; y una encuesta en que 45% de los consultados no cree que actúe con imparcialidad, frente a 50% que sí.

La facultad de querellarse es una herramienta poderosa, que solo se justifica si se usa con criterio y con resultados. Un organismo que presenta miles de querellas y logra que avance un 2% no ha usado esa herramienta con criterio: la ha usado como bandera. Quitársela es lo mínimo que correspondía.

Tampoco compartimos la alarma de la oposición. Que se hable de «la reforma más regresiva desde 1990» es una frase de campaña. El instituto conserva la denuncia, el recurso de protección, el amparo y el amicus curiae. Lo que pierde es el poder de constituirse como parte en el proceso penal, que no es lo que define a un organismo de derechos humanos. La advertencia sobre la acreditación internacional, además, es una hipótesis de una parlamentaria y no un hecho.

En la encuesta, 54% quiere reformarlo, 50% quiere quitarle la querella y 55% quiere que su director se elija por concurso. Esa es la demanda de fondo, y el Gobierno la está atendiendo.

Hay incluso quienes piensan que no basta. La bancada de la UDI quiere cerrarlo y recortar su financiamiento en la Ley de Presupuestos 2027. No es una posición que compartamos sin más, pero la pregunta de fondo, si un organismo que se comportó así merece el presupuesto que recibe, es legítima y el INDH la tiene que responder con hechos y no con comunicados.

Al Gobierno le pedimos coherencia: que el concurso del director y el nombramiento de consejeros sean transparentes, para que la reforma no termine reemplazando un sesgo por otro. Pero sobre el fondo no hay duda: una parte importante de los consultados duda de la imparcialidad del INDH, y lo que viene es consecuencia de eso.

Qué vigilar

Hay cinco cosas. Qué significa exactamente «algún destino» en la cifra de 68 querellas y si el Gobierno entrega el desglose. Quién designa a cada consejero y si el Presidente propone el primer consejo. Si el recorte de abogados de protección y de dotación regional se mantiene en el informe financiero. La respuesta del propio INDH, que las notas no recogen, y si explica por qué solo 68 de sus querellas tuvieron «algún destino». Y el debate en la Comisión de Derechos Humanos y en Hacienda, incluida la ofensiva de la UDI para recortar fondos en la Ley de Presupuestos 2027.

Conclusión

El Gobierno quiere un INDH que denuncie, informe y asesore, pero que no se querelle, con menos consejeros, un director por concurso y menos personal. La cifra de 68 sobre 3.263 resume lo que VDI piensa de su desempeño: mucho ruido judicial y muy pocos resultados. La opinión pública pide cambios, y esta reforma los entrega. Lo que importa ahora es que se tramite sin dilaciones y que el nuevo instituto responda por lo que hace.

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