Este artículo no identifica a condenados ni a víctimas. Las personas beneficiadas fueron condenadas por sentencia judicial; la discusión es sobre la reducción del tiempo efectivo de privación de libertad. Las notas disponibles sobre rebajas de gobiernos anteriores no distinguen si todos los casos involucraban a menores.

La exministra y militante del Partido Comunista Camila Vallejo acusó al Gobierno de Kast de generar «una señal de impunidad» al rebajar las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, y afirmó que su propio gobierno «rechazó todas las solicitudes» similares. Pero las cifras que circulan, obtenidas por un medio, indican que en los últimos cinco años se otorgaron 332 rebajas por delitos sexuales: 276 durante el gobierno de Gabriel Boric y 56 durante el actual. El Gobierno de Kast usa esa comparación para defenderse; un exministro de Justicia de Boric asegura que no hubo rebajas en casos de violación o abuso sexual de menores. Las dos versiones no calzan, y las notas disponibles no las concilian.

Qué dijo Vallejo

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Vallejo calificó de «gravísimo» que el Ministerio de Justicia haya decretado la rebaja de condenas de 56 sentenciados por abuso sexual y violación de menores. Sostuvo que se hizo «sin orden de la Corte Suprema» y que la ley de 2022 excluía explícitamente este beneficio para los delitos sexuales contra menores.

«Dicen que la ley los obliga, pero la ley no los obliga», afirmó. Planteó que la Corte Suprema analiza cada caso por separado y que el Gobierno «sigue defendiendo este cambio de criterios». Preguntó: «¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar?». Y agregó: «Lo peor es que mienten o no manejan bien la información». Dijo esperar que la decisión se revierta o se hagan valer las responsabilidades políticas.

Sobre su propio gobierno fue categórica: según ella, rechazó todas las solicitudes de rebaja de penas para estos condenados. El expresidente Gabriel Boric compartió el video en sus historias de Instagram.

Lo que dicen las cifras

Las cifras obtenidas por un medio, que citan otras notas, hablan de 332 rebajas de condena por delitos sexuales en los últimos cinco años. De ellas, 276 corresponden al gobierno de Boric, que gobernó cuatro años, y 56 al gobierno de Kast, firmadas entre marzo y septiembre de este año: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.

El primer dato que importa es aritmético. La cifra de 332 es el total, y las notas no explican el método de conteo ni el período exacto. La de Boric es 276. La de Kast es 56. No son 332 rebajas durante el gobierno anterior.

El segundo dato es más delicado. Para las 56 de Kast, las notas especifican que son por delitos sexuales contra menores. Para las 276 de Boric, las notas hablan de delitos sexuales en general y no confirman que todas involucren a menores. Eso importa porque la ley de 2022 excluyó de la rebaja solo a los condenados por delitos sexuales contra menores. Una rebaja a un condenado por un delito sexual contra un adulto no estaba prohibida. Por lo tanto, la comparación de 276 contra 56 no prueba por sí sola que el gobierno anterior haya hecho lo mismo.

La versión del Gobierno

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, afirmó que el gobierno anterior tuvo 276 casos con rebaja de condena. Es la respuesta política: si el actual Gobierno es criticado por 56, el anterior habría concedido casi cinco veces más.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostiene que el Ministerio solo aplicó la doctrina de la Corte Suprema, que había acogido recursos de amparo de los condenados. Dijo que «el gobierno no comenta los fallos judiciales». El vocero, el subsecretario Gonzalo Arenas, dijo que se trata de un procedimiento legal y no arbitrario, y calificó la información de «malintencionada».

La versión del gobierno anterior

El exministro de Justicia Jaime Gajardo sostuvo que su administración rechazaba estas solicitudes desde 2022 y que no hubo rebajas en casos de violación o abuso sexual de menores. Eso contradice la cifra que da Wulf si se interpreta que los 276 casos son de esa categoría. Las notas no concilian ambas afirmaciones.

Aquí está la pregunta central del caso, y no es retórica. Si los 276 eran en su mayoría delitos contra adultos, la comparación del Gobierno es engañosa y Vallejo tiene razón en lo suyo. Si incluían delitos contra menores, la afirmación de Vallejo de que su gobierno rechazó todas las solicitudes es falsa, y el exministro también estaría equivocado. Solo un desglose por tipo de delito y por edad de las víctimas puede responderla, y ni el Ministerio ni los voceros de ninguno de los dos gobiernos lo han entregado.

Lo que dice el oficialismo

La crítica al Gobierno no viene solo de la oposición. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, anunció un proyecto de ley, junto a senadores de RN, DC, PPD e independientes, para asegurar la exclusión del beneficio, y pidió al Gobierno urgencia legislativa. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se reunió con Arenas y pidió dejar sin efecto la excepción.

El senador republicano Ignacio Urrutia calificó la medida de «inaceptable» y cuestionó que el ministro se escude en la Corte Suprema, ya que puede tomar sus propias decisiones. El senador Rojo Edwards pidió que el Ministerio revierta la decisión, retire la firma del Presidente y se disculpe. La diputada Francesca Muñoz anunció que recurrirá a Contraloría. En paralelo, diputados de RN presentaron una reforma constitucional para frenar las rebajas retroactivas, que el diputado Johannes Kaiser calificó de inconstitucional.

Hay un dato adicional. Según una nota, en 2026 la Corte Suprema, en casi diez fallos, sostuvo que la reducción de condena no es parte de la pena, y que por lo tanto la prohibición de 2022 no vulnera la irretroactividad. Juristas señalan que el Ejecutivo no estaba obligado a cambiar su criterio y podía rechazar las solicitudes y dejar que los tribunales resolvieran.

Lo que las fuentes no dicen

No hay un desglose de las 276 rebajas del gobierno anterior por tipo de delito, edad de las víctimas ni período. No se informa la fuente oficial de las cifras ni su método de conteo. No hay una respuesta de Boric más allá de compartir el video. No se sabe qué decisiones tomó el gobierno anterior cuando recibió solicitudes de condenados por delitos contra menores, ni cuántas rechazó. Tampoco hay información sobre cuántos de los 56 beneficiados fueron liberados ni cuánto se rebajó cada pena.

Hay además un matiz sobre la expresión «no se oyó nada»: las notas no documentan que el gobierno anterior haya informado o no públicamente sus rebajas. Que no hayan trascendido hasta ahora es un dato, no una prueba de ocultamiento.

Lectura editorial

Creemos que esta polémica enseña dos cosas, y que el Gobierno de Kast y sus críticos de izquierda tienen cada uno algo que explicar.

Para el Gobierno, lo esencial no cambia: firmó 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, sin orden judicial, cuando podía rechazarlas y dejar que los jueces decidieran. Que otro gobierno haya otorgado rebajas, aunque fueran de otro tipo, no es una justificación. «Lo hicieron antes» no es una defensa cuando la decisión es tuya. Y el costo político ya está a la vista: sus propios aliados, de Republicanos a RN, le piden revertir.

Para Vallejo y el gobierno anterior, la pregunta es otra: si acusas a otros de «mentir o no manejar bien la información», tu propia afirmación tiene que resistir la verificación. Decir que «rechazamos todas» y que el Gobierno «genera impunidad» exige mostrar que las 276 rebajas de tu administración no incluían casos de abuso de menores. Si los incluían, la acusación de hipocresía no es una consigna, es un hecho. Si no los incluían, corresponde que el exministro Gajardo y el actual Ministerio publiquen los datos y lo demuestren.

VDI no acusa a nadie de hipocresía sin pruebas: se pregunta si quien levanta la voz con tanta fuerza tiene el desglose a mano. La pregunta es legítima y la respuesta, un archivo, es fácil de entregar.

Por último, una consideración institucional. Un Estado serio no debería administrar estas decisiones según el color del gobierno. Si la ley es ambigua, el Congreso debe aclararla, y hay un proyecto transversal para hacerlo. Si la ley es clara, el Ejecutivo debe aplicarla con la lectura más protectora de los niños, sea cual sea su signo político.

Qué vigilar

Hay cinco cosas. Si el Ministerio publica el desglose de las 332 rebajas por gobierno, delito y edad de las víctimas. Si Gajardo o Vallejo aportan datos que respalden que no hubo rebajas por delitos contra menores. Si el Gobierno revierte los decretos o los defiende. El avance del proyecto transversal de Squella y de la reforma constitucional de RN. Y lo que resuelva la Contraloría tras el requerimiento anunciado.

Conclusión

Camila Vallejo acusa de impunidad al Gobierno por 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores y asegura que su gobierno las rechazó todas. Las cifras muestran 276 rebajas por delitos sexuales bajo el gobierno anterior y 56 bajo el actual, pero no dicen cuántas de las 276 eran por abusos contra menores. Hasta que se sepa, hay una pregunta abierta sobre quién dice la verdad, y una certeza: el Gobierno firmó 56 rebajas que pudo no firmar.

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